A ocho días de que Estados Unidos sancionara al titular del Ministerio de Hacienda, Iván Acosta, el régimen de Daniel Ortega continúa empecinado en mantener en su cargo al funcionario, pese a que esa decisión junto con el fallecimiento del director país por Nicaragua ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), empeoran la posición financiera futura del Gobierno en medio de la pandemia.
El 22 de mayo, es decir el pasado viernes, Estados Unidos sancionó a Acosta y el 24 de mayo, dos días después, falleció Armando Navarrete Mena, director país ante el BCIE. Esa misma semana también se conoció el deceso de Francisco Abea, lo que ha significado para el régimen la pérdida paralela de tres miembros claves dentro de su equipo económico.
Todo esto en momentos en que las necesidades financieras en Nicaragua van a aumentar por el impacto de la crisis sanitaria, el desplome de las donaciones externas y las proyecciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), que alertan de que Ortega perderá unos 231.5 millones de dólares en recaudación de impuestos por el impacto de la pandemia en la economía.
Los organismos internacionales han proyectado una contracción del PIB de hasta seis por ciento.
En medio de ese panorama, Ortega ha perdido tres fichas claves. Acosta es el representante legal de Nicaragua y era el que gestionaba los préstamos ante los organismos financieros internacionales; Navarrete, un experimentado economista, con amplia trayectoria en la formulación de solicitudes de préstamos a nivel internacional y manejo de cuentas nacionales; mientras que a Abea se le atribuye ser el “cerebro” que daba forma a las reformas tributarias del régimen, según han explicado distintos economistas.
De hecho Abea ocupaba en Hacienda el cargo de director general de Políticas y Estadísticas Fiscales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en algunas ocasiones apareció introduciendo polémicas leyes en la Asamblea Nacional, como la ley creadora de la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex). Además la última reforma tributaria, que él dirigió como director técnico de Hacienda, le garantizó a Ortega el ingreso adicional de 8,735 millones de córdobas en impuestos.
Y pese al impacto que eso significa para el aparato financiero del Gobierno, este aún no ha anunciado nuevos nombramientos en las vacantes y tampoco ha removido de su cargo a Acosta, que según declaraciones de Rosario Murillo este se mantiene al frente de la cartera. Eso fue lo que dejó entrever el 27 de mayo cuando anunció que ya estaban listos todos los procedimientos administrativos para proceder a pagar en la primera semana de junio a los trabajadores del Estado.
“Nos informa el ministro compañero, Iván Acosta, nuestro ministro de Hacienda, que se han concluido los procesos administrativos y financieros que garantizan el efectivo pago de salarios a servidoras y servidores públicos”, dijo Murillo en su habitual comparecencia.
Pese a que las sanciones de Estados Unidos condenaron a Acosta a “morir financieramente” y por ende ya no podría ejercer sus funciones como representante legal de Nicaragua, algunos especialistas creen que el ministro no correrá la misma suerte que la Sonia Castro, que también fue incorporada a la lista negra de EE.UU., y seguidamente en Nicaragua relegada de su cargo como ministra de Salud o Francisco “Chico” López, quien tuvo que dejar varias carteras estatales por las sanciones.
“Lo que valoran ellos es la fidelidad y el sometimiento y él ya pasó esos filtros, a él lo pueden mantener en el mismo puesto con una persona que comparezca, pero no que firme y que represente al Gobierno de Nicaragua ante los organismos financieros internacional”, explica el economista Róger Arteaga, exgerente del BCIE, quien está convencido que Acosta correrá la misma suerte de otros sancionados como Gustavo Porras, Óscar Mojica o el mismo Francisco Díaz, consuegro de Ortega y jefe de la Policía.
La salvedad en este caso es que Acosta prácticamente quedará neutralizado en sus funciones internacionales, principalmente ante los organismos internacionales donde funge en varios de ellos como gobernador y que probablemente —dice Arteaga— esa responsabilidad será transferida a Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua.
No obstante, Arteaga reconoce que ante esa decisión el régimen queda en una posición debilitada a nivel internacional ante la salida del juego de Acosta frente a los organismos internacionales donde solía gestionar los préstamos.
“Él no puede representar ya a Nicaragua, no va ser aceptado por los organismos financieros internacionales, que sopesan a que también ellos incurran en sanciones”, explica.
Esa misma posición comparte el exdiplomático y analista político, José Pallais Arana, quien señala que Acosta podrá seguir trabajando a lo interno del país, “pero al nivel externo no va a poder hacer nada y en Nicaragua puede trabajar, pero no podrá seguir firmando”.
“La capacidad de Acosta para representar, contratar préstamos y gestionar recursos en nombre del gobierno de los Ortega Murillo quedó seriamente limitada, está definitivamente afectada por la sanción, ya que ningún organismo va a querer tener relaciones o hacer transacciones con una persona incluida en la lista OFAC”, dijo Pallais.
Cabe recordar que Estados Unidos tiene peso principalmente en organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, pero en el caso del BCIE, este último tiene intereses en los mercados financieros estadounidenses y ya en marzo pasado cortó la obligación de desembolsar un préstamo a la Policía Orteguista, que también fue sancionada por EE.UU.
La capacidad de influenciar y de cabildeo político entre los miembros de cada directorio de las entidades es fundamental para gestionar créditos en estos organismos y conseguir la mayor cantidad posible de recursos para desarrollar proyectos.
Es capricho y soberbia
A criterio de Arteaga, el régimen vuelve a mostrar un elevado grado de soberbia al decidir mantener a Acosta en un cargo clave para el funcionamiento de las finanzas públicas, cuyo costo al final lo pagarán los nicaragüenses, porque esto sigue dañando la imagen de Nicaragua ante la comunidad financiera.
El economista Eliseo Núñez manifestó que efectivamente basta con una orden de Ortega para quitarse el problema que significa Acosta como sancionado para la gestión de sus finanzas.
“Con solo cambiar al ministro, Ortega puede deshacerse de los problemas que podrá tener si lo mantiene en el cargo, sobre todo porque la obtención de recursos externos cada vez es más limitada, entonces esto viene a complicar más la economía del país, no es la sanción, sino el capricho de Ortega de mantener al ministro”, dijo Núñez.
Nicaragua requiere un ministro funcional, pero la decisión de Ortega —dice Arteaga— “es soberbia y prepotencia, lo van a mantener ahí como una muestra para sus bases políticas, para que no se les rebelen, no se les dispersen, no salgan huyendo. Quieren dar la imagen de que todavía está todo bajo control, pero el control ya lo perdieron”.
Nicaragua “huérfana” en el BCIE
La situación la empeora que días antes de que Estados Unidos sancionara a Acosta, este introdujo una petición de préstamo por 50 millones de dólares para hacer frente a la pandemia. Tomando en cuenta que Acosta perdió la facultad para gestionar esos recursos, esas funciones recaerían en el director país, en este caso Navarrete, pero al fallecer las gestiones estarían en el limbo.
“Nicaragua está acéfala, está huérfana en el BCIE, porque no tiene en este momento a nadie quien le represente ante el BCIE, porque el gobernador está sancionado, no va a ser aceptado y el director se murió, entonces no hay quién represente a Nicaragua en el BCIE”, enfatiza Arteaga.
Actualmente el suplente de Acosta, que ocupa la silla de gobernador, es Ovidio Reyes, quien se desconoce si asumirá las gestiones de dichos recursos y la gobernatura en pleno ante la pérdida de facultad legal del titular de Hacienda.
Además el BCIE se encuentra en una fase importante, porque está en proceso de elección del vicepresidente ejecutivo del banco, una vacante que puede ser clave para que el régimen de Ortega pueda tener un importante peso político a nivel interno, por lo que el cabildeo es fundamental. El régimen ya mostró en el 2018 su interés por la Presidencia Ejecutiva del Banco, pero no logró conseguir los votos requeridos.
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Conociendo las excentricidades del régimen de Ortega, Arteaga cree que este Gobierno es capaz de llamar al presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, y notificarle que la Presidencia directamente estará dando las instrucciones y decisiones de la delegación de Nicaragua en el directorio del banco, pero no tendría capacidad de influencia directa.
Otra opción sería que envíe a reuniones de directorio al embajador de Nicaragua en Honduras, sede del banco, para que a través de él “pelee y vele” por los intereses del país, algo que ya ha ocurrido, explica el exgerente del banco.
En este contexto de urgencia, cuando Nicaragua requiere financiamiento para atender la pandemia y la única ventanilla disponible es el BCIE, Arteaga dice: “No hay quién gestione, que vele, que mueva los intereses de Nicaragua en el BCIE”.
La situación es más grave ya que Ortega ha perdido respaldo en el directorio, tomando en cuenta la posición que ya han expresado varios gobiernos centroamericanos, entre ellos El Salvador y Costa Rica, sobre su mala gestión de la pandemia, por lo que tener en este momento a un delegado por Nicaragua con peso para influenciar a los votantes es clave para obtener esos cincuenta millones de dólares.
La opción que tiene el régimen es influenciar a los extrarregionales como Corea del Sur o Taiwán para lograr esa aprobación.
En los últimos años el BCIE ha sido fundamental en la obtención de recursos externos, tras el peso de la Nica Act, una legislación de Estados Unidos que castiga a Ortega en los organismos financieros donde tiene influencia por las violaciones de derechos humanos.