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CONTENIDO EXCLUSIVO.Para algunos la casa se ha convertido en su escuela, mientras que otros ya están resignados a repetir el año escolar porque el Ministerio de Educación decidió no suspender las clases para los colegios públicos, es por ello que muchos alumnos tuvieron que dejar de asistir para evitar contagiarse de COVID-19.
Es apenas un niño de cinco años de edad y empezaba a acostumbrarse a levantarse temprano, hacer tareas, tener una maestra y compañeros de clases, pero ahora pregunta ¿por qué no va a la escuela? Tania Muñoz, excarcelada política de Masaya y opositora del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, relató a LA PRENSA que desde hace más de un mes uno de su nietos, “el más chiquito”, tuvo que dejar la escuela para garantizar su salud.
Muñoz explicó que, luego que se anuncia el primer caso de COVID-19 en Nicaragua, en marzo de 2020, empezó a conversar con sus hijas y con sus hijos que todavía iban a clases para que dejaran de asistir o dejaran de enviar a sus nietos.
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Uno de los pequeños nietos de Muñoz dejó de asistir a clases en el colegio público Benito Juárez, donde cursaba su tercer nivel de preescolar, pues sus parientes afirman que ahí “no nos daban opciones para que continuara las clases desde la casa”.
La excarcelada política afirmó que cuando conversó con su hija le dijo que no quería “llorar amargamente una muerte de uno de sus nietos solo porque no pierda un año escolar. Le dije que si el niño iba a perder el año que lo pierda, pero no lo vamos a exponer a contagiarse” de COVID-19.
Ahora, desde la tarde y algunas veces hasta la noche, la casa de Muñoz se convierte en “la escuela”, pues sus nietos e hijos se ponen a estudiar las guías que reciben de los colegios privados donde asistían, mientras que el menor que fue retirado de la escuela pública es puesto a colorear y conocer números y letras, mientras puede volver de forma segura al colegio.
Sin opciones
La situación del nieto de Muñoz no es la única en Nicaragua. En el país hay un total, según las estadísticas ofrecidas por la vicepresidenta del régimen orteguista, Rosario Murillo, durante el arranque del año escolar, 1,800,000 estudiantes en los diferentes centros educativos del país.
En educación preescolar, según Murillo, se registró una matrícula de 280, 558 niños. En primaria 890,932 alumnos, incluyendo primaria a distancia en el campo, mientras que en secundaria hubo una matrícula de 390, 569 estudiantes, incluyendo secundaria a distancia en el campo.
El asesor presidencial en temas de educación, Salvador Vanegas, en una entrevista en Canal 10, a finales de abril de 2020, tras más de tres semanas de anunciado el primer caso de COVID-19 en el país, reconoció que el 50 por ciento de los alumnos de centros de estudios públicos “más urbanos” dejaron de asistir a clases.
“La baja en la asistencia varía de un municipio a otro. En municipios más urbanos como Managua la inasistencia es superior. Entre más distantes están (los colegios) de los cascos urbanos, están funcionando prácticamente con una asistencia normal entre 88 y 92 por ciento. En los colegios más urbanos ha bajado al 50 por ciento aproximadamente”, detalló Vanegas.
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Juana Palacios, quien tenía a uno de sus hijos estudiando en colegio público de la capital, reconoció que seguramente parte de ese porcentaje de inasistencias fue alimentado por las inasistencias de su hijo, pues cuenta que desde que se dio el primer reporte de COVID-19 en el país empezó a enviar de forma escalonada y protegido con mascarilla.
El hijo de Palacios tiene 14 años y cursaba el tercer año de secundaria en un colegio capitalino. Su madre afirma que lo envió de forma escalonada al menos por semana y media con la esperanza de que el Ministerio de Educación “hiciera algo”. La madre esperaba, por lo menos, que le permitieran que su hijo recibiera guías de sus maestros una vez por semana, pero que no lo hicieran exponerse. Sin embargo, no ocurrió y decidió dejar de mandarlo.
El estudiante de tercer año además informó a su madre que, durante esos días que tuvo que ir de forma escalonada, notó que solo llegaban entre 8 y 10 de sus compañeros, cuando en la sección hay más de 20.
Palacios rescató que en la entrada del colegio público, aunque no suspendían las clases, decidieron poner lavamanos en la entrada principal, pero consideró que esto “no era suficiente”.
La madre intentó conversar con los maestros y llegar a un acuerdo para que su hijo no dejará de ejercer su derecho a la educación, pero no pudo ser posible ya que la orden era clara, tenían que seguir asistiendo.
“Hablé con el profesor, le dije que lo iba a dejar de mandar por la situación y me dijo que hiciera lo que estimara conveniente”, comentó la madre del estudiante de secundaria.
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Ahora, el adolescente pasa encerrado en casa y de vez en cuando -al enterarse de los temas que se están impartiendo en su escuela- se pone a repasar con la ayuda de su hermana mayor, pero esto no es siempre, pues los maestros no están dándoles guías a los niños que fueron retirados por temor al contagio del COVID-19.
“No lo puedo exponer. Si tiene que perder el año que lo pierda, porque aquí solo estamos en las manos de Dios”, dijo la madre del estudiante.
La familia de Palacios sobrevive con el un salario mínimo y el aporte que ahora da la hija mayor, quien ya labora, sin embargo, esto no ajusta para poner al adolescente en un colegio privado, por lo que tienen la esperanza de que -una vez que pase la pandemia o puedan controlarla- el estudiante pueda retomar las clases en una escuela pública y con todas las garantías de seguridad para su salud.
Hasta la fecha en Nicaragua se reporta, según el gobierno, un total de 279 casos positivos de COVID-19, 17 han fallecido, 199 se han recuperado y el resto están activos.
Violan derecho a la educación
El alto número de inasistencias en los colegios públicos, según expertos en temas de educación, pudo haberse evitado si el Ministerio de Educación hubiera cumplido su tarea de dar opciones a la comunidad estudiantil para continuar de forma segura ejerciendo su derecho a la educación.
Ernesto Medina, presidente del Foro Eduquemos, afirmó que lo primero que tuvieron que haber tenido las autoridades del país fue “voluntad política de ayudar a los más pobres a encontrar una solución y desgraciadamente eso no lo vemos hasta ahora, pues no se han suspendido las clases y no se da alternativa a quienes informan que dejaran de llevar a sus hijos para protegerlos del COVID-19”.
El experto aseguró que es urgente que desde las autoridades se busque “una solución humana, porque la solución no puede ser exponer a unos niños al peligro o amenazarlos con perder el año por defender el derecho a la vida”.
Por su parte, Jorge Mendoza, director del Foro de Educación y Desarrollo Humano, recordó que en tiempos de emergencia “es justificable la creación de programas alternativos, inclusive que deberían de estar listos”, por lo que afirmó que todos esos niños que no han llegado a clases porque sus padres buscan resguardar su derecho a la vida es urgente que el MINED les garantice tener un acceso seguro, con opciones que tranquilicen a sus padres y no permitan que el menor deje el año escolar.
Además, recomendó al Ministerio de educación “suspender las clases de manera inmediata” y adoptar medidas que se adecuen a la realidad económica de los alumnos y las capacidades de los docentes.
Los expertos concuerdan en que el MINED, en caso que decida suspender las clases presenciales, debería considerar el uso de medios como la televisión, la radio o la misma telefonía celular para impartir los “contenidos esenciales” y así los estudiantes puedan seguir aprendiendo desde casa y exponiéndose a un menor riesgo de contraer el COVID-19.