El Consejo de la Unión Europea (UE) sancionó este lunes 4 de mayo a seis funcionarios del régimen de Daniel Ortega acusados de “graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua”. La UE aclaró que las sanciones “están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense”.
Los sancionados son: el subdirector de la Policía, Ramón Avellán; la exministra de Salud y asesora presidencial, Sonia Castro; el director de la Policía, Francisco Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau; y los comisionados generales Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. Los seis funcionarios ya han sido sancionados previamente por Estados Unidos.
El Consejo europeo aseguró que las sanciones, que consisten en la prohibición de viajar a la UE y la congelación de activos, se dan “en el marco de medidas restrictivas específicas adoptadas por el Consejo el 14 de octubre de 2019”.
“En los últimos meses, no se han realizado avances tangibles en democracia y derechos humanos en Nicaragua. La represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales de opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica ha continuado”, afirmó el Consejo en el comunicado de las sanciones.
A dos años de iniciada la crisis sociopolítica tras la represión brutal a las protestas civiles en contra del gobierno de Daniel Ortega y su vicepresidenta, Rosario Murillo, Josep Borrell, el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, aseguró el pasado 23 de abril que en el país no hay “avances tangibles sobre la democracia y los derechos humanos”.
Pide cumplimiento de los acuerdos bajo tres puntos principales
Por ello, el Consejo pidió al gobirno que cumpla “en su totalidad con los compromisos adquiridos en los acuerdos de marzo de 2019 con la oposición (la Alianza Cívica)”; y señaló tres puntos principales que son necesarios para un progreso tangible: la aplicación plena de los Acuerdos del 29 de marzo de 2019 para reforzar los derechos y las garantías civiles y políticas (el restablecimiento de las libertades políticas y el estatuto jurídico de las organizaciones de la sociedad civil prohibidas, el regreso voluntario y en seguridad de los exiliados y la puesta en libertad de los presos políticos restantes).
Como segundo punto el Consejo menciona el regreso a Nicaragua de los organismos internacionales para los derechos humanos y la cooperación plena con ellos, incluidas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El tercer punto es un “acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el gobierno y los grupos de oposición, incluida la Coalición Nacional, destinado a garantizar elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”.
Los sancionados
Ramón Avellán, subdirector general de la Policía Nacional, es señalado, por el el Consejo de la Unión Europea, de ser el “responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática en Nicaragua, en especial coordinando la represión de manifestantes en Masaya en 2018”.
A Avellán se le vio dirigiendo los operativos de las llamadas “operación limpieza” que ejecutó el régimen de Daniel Ortega para eliminar los tranques que los ciudadanos colocaron en las calles como forma de protección ante los ataques policiales y parapoliciales.
Sonia Castro, Ministra asesora del presidente sobre temas de salud y antigua ministra de Salud. Señalada de ser la dificultar “el acceso a la asistencia médica de urgencia a los civiles heridos que participaban en manifestaciones y ordenando al personal hospitalario que informara sobre los manifestantes que habían sido conducidos por la policía al hospital”.
Castro fue la titular del Ministerio de Salud desde 2010 hasta julio de 2019, cuando Ortega la removió de su cargo y la nombró ministra asesora. Personal médico ha denunciado que durante las jornadas de protestas, Castro ordenó no atender a los manifestantes heridos, lo que causó varias muertes, una de las más conocidas es la de Álvaro Conrado, de 15 años de edad. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió investigar “qué tipo de órdenes emanaron de la ministra de Salud, Sonia Castro, y de la dirección de cada hospital, qué rol tuvo Fetsalud en los hechos, y qué medidas se tomaron —o no— para garantizar la salud pública en casos de suma gravedad”.
Francisco Díaz Madriz, director general de la Policía Nacional. El Consejo de la UE lo señala de “reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática en Nicaragua, en especial por estar al mando de fuerzas policiales que han ejercido la violencia contra civiles mediante el uso excesivo de la fuerza, detenciones y torturas, entre otros”.
Como jefe de la Policía, Díaz justificó a los parapolicías que, armados con fusiles de guerra, mataron a decenas de ciudadanos que protestaban en contra del régimen. En una entrevista al medio de comunicación noruego Dagbladet, aseguró que oficiales de la institución operaron en conjunto con policías voluntarios durante las protestas.
Nestor Moncada Lau, asesor personal sobre asuntos de seguridad nacional. El Consejo de la UE lo señala de que “ha estado directamente implicado en la toma de decisiones en materia de seguridad nacional y en el establecimiento de las políticas restrictivas llevadas a cabo por el Estado de Nicaragua contra manifestantes, representantes de la oposición y periodistas en Nicaragua a partir de abril de 2018, y es responsable de ello”.
Luis Pérez Olivas, Comisionado general y jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como “El Chipote”. A él le adjudican ser el “responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura, el uso extensivo de la fuerza, el maltrato de los detenidos y otras formas de trato degradante”.
Justo Pastor Urbina, Jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP). “Ha participado directamente en la aplicación de políticas represivas contra los manifestantes y la oposición en Nicaragua, en particular en Managua”, dice el comunicado del Consejo europeo.
UNAB y Alianza celebran que hayan respuestas a lucha del pueblo
Los opositores en la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) celebraron que finalmente la Unión Europea adopte medidas contra funcionarios del régimen involucrados en la masacre a los nicaragüenses, las que se reciben como resultado al esfuerzo de los ciudadanos en seguir denunciando los abusos a pesar de la represión.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza, valoró como “un triunfo para la democracia”, para el movimiento Azul y Blanco y “una reinvindicación a las víctimas de la represión y sus familiares”, que sean sancionado funcionarios del régimen que han cometido violaciones de derechos humanos.
A pesar de que se han tardado en aprobar sanciones al régimen orteguista, Chamorro dijo que se trata de un espaldarazo de los europeos con la lucha de los nicaragüenses por recobrar su libertad y el respeto a sus derechos fundamentales.
Europa anuncia sanciones para Ramón Avellán, Sonia Castro, Francisco Díaz, Nestor Moncada Lau, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. La condena mundial a violadores de derechos humanos continúa. https://t.co/iI0FLbpm8l
— Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) May 4, 2020
Que el representante de la diplomacia de la UE insistiera en la urgencia de que la dictadura Ortega y Murillo impulse reformas electorales acorde a los parámetros de credibilidad internacional, para Chamorro significa un apoyo importante para conseguir cambiar las leyes para “asegurar un sistema electoral que sea creíble, que se cuenten los votos y no se vuelvan a robar las elecciones, que incluya además limpieza del padrón electoral y cambios de todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral”.
Violeta Granera, del consejo político de la UNAB, señaló que el hecho que la UE anunciara las sanciones a los seis funcionarios orteguistas, unas horas después de que el dictador Ortega pidiera que Estados Unidos le suspendiera las medidas que también tiene contra sus allegados y familiares, significa un mensaje claro de los gobiernos democráticos de que no cesarán hasta hacer rendir cuentas al régimen por los crímenes cometidos al pueblo.
“Su estrategia falló”, valoró Granera sobre que Ortega pretendiera usar a su favor la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 como justificación para que EE.UU., le suspenda las sanciones a los 17 altos funcionarios del círculo de poder, incluido la vicepresidente Rosario Murillo y dos hijos de la pareja presidencia, Laureano y Rafael Ortega y Murillo.
“Lo único que demuestra a Ortega y a sus compinches les interesa mantenerse en el poder, y han querido aprovecharse deleznable el contexto de la pandemia, cuando todos todos sabemos que no han hecho nada para proteger a los ciudadanos, sino que han hecho todo por diseminar el contagio del virus”, afirmó Granera.
La opositora de la UNAB entiende que al elevarse la presión de los gobiernos democráticos contra la dictadura, aún cuando enfrentan la crisis sanitaria en sus propios países, “significa que cada vez se le desmorona a Ortega que esta es lucha idelogógica, pues los paises democráticos rechazan a este régimen, esta es una puerta que se abrió y continuará y Ortega está cada vez más condenado por el concierto de las naciones del mundo.
José Pallais, miembro de la Alianza Cívica, dijo que las sanciones implican que ninguno de los seis afectados pueden viajar a ninguno de los países de la UE y todos sus bienes en cuentas bancarias o en propiedades se les congelan, siendo un fuerte golpe para ellos.
Que cuatro altos mandos de la PO, incluido el director Francisco Díaz quien es consuego de los dictadores Ortega y Murillo, “es muy significativo” según Pallais porque se refuerza ante el mundo las pruebas de los crímenes cometidos que documentaron la CIDH y Naciones Unidas.
Aunque no se ha tocado, hasta ahora directivamente al dictador, Pallais dijo que al estar sancionado Néstor Moncada Lau uno de los asesores y hombres de confianza de Ortega, tanto por EE.UU., Canadá y ahora la UE, “eso vincula a Ortega en los actos de violación a los derechos humanos porque se le considera el responsable de las medidas represivas”. “Hay una sanción general a la forma de conducción del régimen”, dijo Pallais.