Pese a que durante la pandemia de Covid-19 la política del régimen de Daniel Ortega ha sido de “fronteras abiertas” para cualquier ciudadano extranjero, en los últimos días ha impedido el retorno de sus propios ciudadanos. El 17 de abril canceló dos vuelos de repatriación de 160 nicaragüenses que se encuentran en Gran Caimán, alegando el “cierre indefinido” de las fronteras a partir de ese día, aunque a la fecha no ha habido un decreto oficial.
Este sábado 18 de abril se impidió la entrada de otro grupo de nicaragüenses, esta vez por vía terrestre. Desde hace unos 22 días un grupo de 91 nicas se encontraba varado en El Salvador y, de acuerdo con las autoridades de migración hondureñas, 48 de ellos obtuvieron un salvoconducto para atravesar el territorio catracho e ingresar a Nicaragua. Sin embargo, al llegar al puesto fronterizo de El Guasaule no les permitieron entrar a su propio país.
“Nos dijeron que ya Nicaragua había cerrado fronteras y que nosotros no podíamos pasar, pero que estaban gestionando, esperando respuestas para ver si nos dejaban pasar”, comentó uno de los ciudadanos varados en el puente de la frontera, un territorio que pertenece a ambos países.
Se encuentran ahí desde el mediodía de este sábado 18 de abril. Improvisaron champas con sábanas que llevaban en sus maletas y así, a la intemperie, han soportado calor y hambre. No hay dinero para comprar comida, porque entre todos hicieron una colecta para pagar un bus que los trasladara. Y tampoco hay acceso a servicios higiénicos, por lo que las cinco mujeres del grupo están siendo especialmente afectadas.
No pueden regresar a El Salvador y tampoco los dejan entrar a Nicaragua. Están en tierra de nadie. Y lo único que piden es que “les resuelvan”. “Somos personas sanas y estamos dispuestos a someternos a cualquier protocolo de salud, que nuestro país, Nicaragua, emita”, dijo, desesperado, un ciudadano que solicitó se omitiera su nombre.
Comportamiento insólito
La repentina medida del régimen es “inconstitucional, inhumana, atípica e incluso criminal”, opinó el analista político y exdiplomático José Pallais Arana.
Inconstitucional porque “es un derecho de todo nicaragüense poder entrar a su país cuando lo estime conveniente”. Inhumana porque “se les está dejando como apátridas en una situación bien difícil”. Atípica porque “todos los demás países han desarrollado programas para repatriar a sus ciudadanos que han quedado varados”. Criminal porque si pasa demasiado tiempo en esas condiciones, con hambre y bajo el calor extremo de la temporada, “esa gente puede morir lejos de su familia”.
Los países que se han visto en situaciones similares, han enviado vuelos para repatriar a sus ciudadanos y en seguida ponerlos en cuarentena, bajo la debida vigilancia médica. “El gobierno de Nicaragua no hace eso, sino que les impide entrar, cuando ha permitido el ingreso de todo mundo, el ingreso de cruceros, y nunca cerraron las fronteras, el aeropuerto lo mantuvieron abierto para que vinieran extranjeros”, subraya Pallais.
Es decir, agrega, “hemos tenido una política de apertura a los extranjeros y ahora están teniendo una política de restricción al ingreso de los nicaragüenses”.
A juicio de Pallais, no existe una explicación lógica para el procedimiento del régimen, que debió haber actuado como todos los otros gobiernos: apoyando a sus nacionales y atendiéndolos en territorio nacional, no “dejándolos en tierra de nadie, viviendo un infierno”.
Otros países
Todos los países de Centroamérica, salvo Nicaragua, cerraron oficialmente sus fronteras hace más de un mes, entre el 11 y el 19 de marzo. Pero todos ofrecen la posibilidad de que tanto nacionales como extranjeros residentes ingresen tras cumplir un periodo de cuarentena.
Costa Rica cerró fronteras el 19 de marzo y declaró que solo podrían ingresar al país los costarricenses y los extranjeros con residencia, pero que se les girará una orden sanitaria que les obliga a permanecer 14 días en aislamiento en sus casas.
En el caso de Panamá, cerró fronteras desde el 16 de marzo, exceptuando a las personas con residencia. El Ministerio de Salud informó que todos los nacionales o extranjeros con residencia que volvieron al país después de esa fecha tendrían que cumplir cuarentena de 14 días.
Por otro lado, El Salvador declaró cuarentena nacional por 21 días. El presidente Nayib Bukele lo dio a conocer en cadena nacional el miércoles 11 de marzo. La restricción implica que los salvadoreños y extranjeros residentes pueden ingresar al país siempre y cuando estén dispuestos a entrar en cuarentena de un mes.
Guatemala cerró sus fronteras a partir del 16 de marzo. Pero permitió el ingreso vía terrestre de guatemaltecos residentes y miembros del cuerpo diplomáticos, luego de ser sometidos a un periodo de cuarentena.
En Honduras el gobierno decretó que todas las fronteras (aéreas, terrestres y marítimas) estarían cerradas a partir del domingo 15 de marzo de 2020 hasta segunda orden, exceptuando a los ciudadanos hondureños.
Únicamente el gobierno de Nicaragua ha mantenido fronteras abiertas, sin ningún decreto oficial que indique lo contrario. Es hasta ahora que se impide el ingreso de personas y la medida, irónicamente, ha sido aplicada a los propios nicaragüenses.
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Temor a represalias
Este domingo organizaciones de nicaragüenses exiliados emitieron un comunicado dirigido a altas instancias de derechos humanos. En el documento aseguran que los nicas varados en El Guasaule son 56; sin embargo, Migración de Honduras afirmó a LA PRENSA que son 48.
“Con sentido de urgencia nos dirigimos a ustedes pidiendo sus buenos oficios y gestiones diplomáticas a fin de que 56 personas de nacionalidad nicaragüense y viniendo de El Salvador se les permita el ingreso a su patria Nicaragua”, reza el comunicado, firmado por Nicaragüenses en el exilio, Nicaragüenses en el mundo, Unidos por Nicaragua, Nicas exiliados en El Salvador y el Instituto de Liderazgo de Las Segovias.
De acuerdo con el documento, “el grupo está integrado por mujeres y hombres que trabajaban en los departamentos de La Unión, San Miguel y Usulután en El Salvador pero que ante a la emergencia suscitada por la pandemia del Covid-19 se quedaron sin empleo y entonces decidieron buscar cómo regresar a su país”.
Las organizaciones firmantes aseguran que los ciudadanos varados en la frontera con Honduras “temen represalias del gobierno de Ortega por haber dado la voz de alerta y que los acusen de ser opositores para impedirles la entrada de manera definitiva”.