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Países de Centroamérica dan prórroga hasta de cuatro meses para el pago de los servicios básicos.¿Podría Nicaragua acoger esta medida?

El economista Javier Mejía, del Centro Humboldt señala que estas medidas vienen acompañadas de un plan de contingencia, que el régimen de Daniel Ortega no tiene.

El escenario económico de los nicaragüenses es crítico, muchos han perdido su empleo, otros han sido suspendidos sin goce de salario y los que buscan la vida por cuenta propia también han sido afectados, sin embargo los cobros no dejan de llegar cada mes, cuando en otros países se ha implementado moratorias  hasta de cuatro meses para pagar los servicios básicos, en medio del azote del coronavirus.

En Centroamérica, el primero en implementar la medida fue El Salvador, una moratoria por tres meses en el pago de los servicios básicos, de igual forma en Panamá hay una moratoria por cuatro meses, mientras que en Guatemala se aprobó en la Asamblea que durante el Estado de Calamidad no se suspendan los servicios.

En el caso de Costa Rica se autorizó pagar el 50 por ciento de las facturas de energía y en Honduras se va valorar los casos donde los usuarios no puedan pagar.

De hecho hasta Cuba, el país homólogo de Nicaragua, ha decidido aplicar “una pausa temporal” en el cobro de las facturas de electricidad, gas y agua, como parte de las medidas para enfrentar el Covid-19, mediante la práctica del aislamiento social dentro del territorio nacional.

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¿Por qué Nicaragua ha sido el único país de la región centroamericana donde no se ha establecido una moratoria en el pago de los servicios básicos u otro plan?, ¿será que el país no tiene capacidad?, ¿será que al gobierno no le importa el bienestar de los nicaragüenses?

El economista Javier Mejía, del Centro Humboldt señala que estas medidas vienen acompañadas de un plan de contingencia, que el régimen de Daniel Ortega no tiene.

“La diferencia es que estos países donde se está aplicando esta moratoria se está haciendo con un paquete de ajuste económico, se está dejando una partida específica para atender la pandemia, se está modificando los presupuestos, se están tomando medidas como el aislamiento social obligatorio, esto implica que el gobierno debe hacer un ajuste de medidas económica, para apoyar a la población, como a los diferentes sectores”, dijo Mejía.

Hay capacidad para dar una prórroga en el pago de los servicios básicos

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En Nicaragua el pago de los servicios básicos, es una carga pesada para la población, sobre todo por el costo de la energía eléctrica, que es una de las más caras de Centroamérica.

Mejía advierte que la falta de información y la forma de actuar de la empresa distribuidora de energía en años anteriores, deja claro que las finanzas de ésta no están bien y en el caso de Enacal también ha presentado fuertes déficit en el pasado.

“El problema como siempre es la falta de información, meses atrás la empresa distribuidora de energía hizo una solicitud para hacer un ajuste a la ley, donde ellos aducían una falta de liquidez, sí eso le sumás la crisis del 2018 y la de ahora con el tema de la pandemia, la situación es complicada, yo creo que está empresa no tiene la capacidad, pero en todo caso le toca al gobierno responder”, dijo Mejía.

El sociólogo y economista Óscar René Vargas señala que medidas así incrementarían el déficit del Presupuesto General de la República.

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“Y ese incremento en el déficit del presupuesto implicaría dos cosas, o imprimen dinero para cubrirlo o reducen el gasto corriente, despidiendo a la gente en el Estado, porque el mayor gasto que hay, es el gasto de los salarios en el gobierno”, dijo Vargas.

Propuesta de los consumidores

No obstante la prórroga de los pagos de servicios básicos, como el de agua potable y energía eléctrica, han sido algunas de las medidas que  plantea la iniciativa de “Ley de emergencia temporal para atender la pandemia en Nicaragua”, propuesta por la Defensoría del Consumidor.

Juan Carlos López, director ejecutivo de la organización, explicó que, a partir de abril, se pueden establecer una moratoria de hasta 90 días, es decir tres meses de plazo para que la población pueda ponerse al día con sus pagos. “No estamos planteando que el Gobierno lo subsidie o que haya una dispensa”, aclaró.

López sostuvo que esto permitiría flexibilizar los mecanismos de arreglos de pago, para que las personas al menos no tengan la suspensión de los servicios básicos por falta de recursos económicos en el marco de esta crisis sanitaria y económica que vive el país.

Aumentan las denuncias en el servicio de energía

Por su parte Marvin Pomares, presidente del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor (Indec) manifestó que en lo que va del año se registran al menos 4,500 denuncias por alteración el servicio de energía, un 15 por ciento más que el año pasado.

“En el caso de la energía siguen los reclamos por la alta facturación, en lo que va de este mes llevamos 1,325 casos, y en lo que llevamos del año son al menos 4,500 denuncias, sólo por el servicio de energía”, admitió.

Pomares espera que conforme avance el tiempo y se vea la evolución de la pandemia, el gobierno tome acciones, como el establecer una moratoria en los servicios básicos.

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