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Especialistas señalan urgencia de políticas de alivio financiero para la población por Covid-19

Urgen políticas de alivio financiero para nicaragüenses ahogados en deudas a causa del Covid-19

Especialistas recomiendan: la suspensión del pago de impuestos, congelación de pago de intereses, reducción de tarifa de energía eléctrica e incentivos fiscales

Marlon Fonseca tiene 50 años y vive de un taller de mecánica que ha sacado adelante por medio de préstamos bancarios. El negocio era rentable, daba para la comida, pago de cuatro trabajadores, pago de servicios básicos y el abono mensual de 450 dólares al  banco.

Después que las autoridades de Nicaragua oficializaron el primer caso positivo de coronavirus, el 18 de marzo pasado, la clientela se desplomó por el autoaislamiento social, y todo se vino abajo. Fonseca tuvo que prescindir de dos trabajadores y ahora dice recibir unas 15 llamadas al día del banco, cobrándole el abono.

“Estoy por volverme loco. Ese teléfono no para de sonar para cobrarme, pero de dónde voy a sacar sino hay clientes. Muchos perdieron trabajo, otros ni mueven sus carros por temor a salir de sus casas a contagiarse”, dijo Fonseca, quien ya cayó en insolvencia financiera. Es decir no les alcanza el dinero para pagar sus deudas.

La insolvencia financiera de personas con deudas ante bancos y financieras se ve reflejada a través de los cobros judiciales, cuya cartera pasó, según datos de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif) de un millón 271,017.8 córdobas en febrero de 2019, a un millón 714,573.6  al 29 de febrero de 2020.

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Este dato aun no refleja los efectos de la pandemia, tomando en cuenta que el primer caso oficial fue reportado el 18 de marzo de 2020 en Nicaragua.  Al igual que Fonseca hay muchos negociantes y empresarios que están por quebrar, mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se limita a brindar informes de enfermos “delicados, pero estables” de Covid-19, contrario a los demás países centroamericanos donde sus presidentes han tomado medidas monetarias, fiscales y sectoriales, para enfrentar junto al sector privado, la crisis que ha generado la pandemia.

Urgen políticas de alivio financiero

Para el abogado Manuel Ignacio Lacayo, director de la firma MIL & Asociados y catedrático de derecho bancario, no solo los negocios están siendo afectados, sino también la economía familiar de  todos los hogares nicaragüenses, y urge que el gobierno aplique medidas que alivien a todos los sectores.

“Nadie se escapa. El sector turismo, zonas francas, comercio  han cerrado por falta de clientela o de materia prima. Unos han despedido al personal y en otros casos se les ha reducido la jornada laboral y por ende sus ingresos han mermados considerablemente”, expresó Lacayo.

 

Manuel Ignacio Lacayo, director de la firma MIL & Asociados y catedrático de derecho bancario. LAPRENSA/ MARTHA VÁSQUEZ.

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Para Lacayo, al igual que el exdiputado José Pallais, miembro de la Alianza Cívica, estas circunstancias justifican la creación de políticas de alivio financiero por parte del Gobierno y los bancos, en coordinación con el Banco Central de Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), para evitar sucumbir en un colapso financiero.

“Partiendo de que el contribuyente es el que siempre mantiene y sostiene económicamente al Gobierno, en un contexto trágico como este, es donde se da la imperiosa necesidad de que por primera vez el Gobierno se pronuncie y se sensibilice en abstenerse de cobrar impuestos, en solidaridad con este sufrido pueblo e implemente un programa de medidas económicas en favor de que quienes durante toda la historia han mantenido a los gobernantes”, dijo Lacayo.

Entre estas medidas sugeridas por el especialistas están la suspensión y condonación de pagos de impuestos y aranceles municipales a negocios durante un plazo de 3 a 6 meses,  aprobar un subsidio del 40 por ciento en la factura energética y de agua potable, durante un plazo de 6 meses.

“Solo de esa manera los contribuyentes de pequeños y medianos negocios, podrán encontrar una relativa estabilidad financiera, que les permita recuperar su economía. Demostrando así el gobernante, con esas tres políticas económicas, que es un gobierno cristiano, socialista y solidario”, dijo el abogado.

El problema según Pallais es que estas medidas requieren de la voluntad política y la aprobación del gobierno, quien no se ha querido sentar con los diversos sectores sociales para buscar como enfrentar juntos esta pandemia.

“Es un gobierno que no se preocupa por los más desprotegidos. No tiene ninguna agenda ni plan para enfrentar la crisis económica que ya está encima”, recalcó el exdiputado.

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Prorrogas y períodos de gracia

El especialista en derecho bancario expreso que que urgen políticas económicas de alivio financiero a favor de los deudores bancarios, quienes por los hechos al inicio descritos, han cesado de realizar sus pagos ante las entidades financieras. Recordó que la Siboif,  producto de la crisis de abril 2018, emitió la Resolución No. CD-SIBOIF 1057-1-MAYO 29-2018 dictada por el Consejo Directivo de esa entidad. Dicha resolución contiene Normas para el establecimiento de condiciones especiales para la renegociación de adeudos.

“En esta coyuntura, se pueden crear normas a través del Consejo Directivo de la Siboif que vengan a aliviar la situación de los deudores, como establecer normas de reestructuración de créditos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, extra financiamientos, tarjeta de créditos, agricultura, ganadería e industria. Mediante períodos de gracia de 6 meses a un año para reiniciar los pagos”, detalló Lacayo.

También se puede incluir la suspensión de Pago de cuotas Bancarias mediante prorrogas de 6 meses sin pagar. Tomando como parámetro la calificación crediticia del cliente de A hasta C, sin afectar la calificación crediticia del deudor, sugirió el abogado.

Pallais coincide con Lacayo y añadió que considera que sería contraproducente para la economía tener a tanta gente enfrentando demandas por incumplimientos de pagos en los juzgados, porque evita la posibilidad de recuperación económica una vez que pase la crisis. “Debes flexibilizar las normas por fuerza mayor. Todo a fin de darle la oportunidad al deudor de recuperarse financieramente y poder reiniciar en un plazo considerable a retomar sus pagos”, agregó.

 

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