Entregar una canasta alimenticia a 1.8 millones de familias en situación vulnerable, suspender el cobro de los servicios básicos por tres meses, reducir las tasas de cotización de los trabajadores y de las empresas al Seguro Social, reducir los presupuestos a instituciones «no escenciales» y solicitar fondos de ayuda a los organismos internacionales, pero usarlos «sin clientemismo político», son parte de las medidas del plan de emergencia económica propuesto por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
La propuesta de medidas para mitigar el impacto en la economía de Nicaragua de la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19), fue expuesto en conferencia virtual por el consejo político de la opositora UNAB este 9 de marzo.
Se reiteró el llamado urgente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a reaccionar de una vez a la profundización de la crisis económica debido a la pandemia, advirtiendo que de no hacerlo serán los responsables de que grandes, medianos, pequeños y micro empresarios cierren sus negocios, se pierdan más empleos y como consecuencia haya una agudización de los niveles de pobreza.
La UNAB consideró que se deben «trabajar cuatro frentes» para «mitigar lo que puede ser la peor catástrofe humanitaria en nuestra historia».
Los ejes propuestos son «aliviar la carga de gastos y proteger los ingresos de la población durante la emergencia» por el coronavirus. Eso se lograría reduciendo, por tres meses, la tasa de intermediación financiera para las remesas familiares, por parte de los bancos y empresas. De esa forma las familias en el país que reciben remesas tendrían mayor capacidad de compra con el dinero que les mandan los nicaragüenses residentes en el extranjero, principalmente desde Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y España.
Enrique Sáenz, asesor económico de la UNAB, explicó que el costo de la transacción de las remesas debe reducirse puesto que al estar países como España, Costa Rica, gran parte de Estados Unidos paralizadas sus economías, debido a la crisis sanitaria del Covid-19 se están perdiendo miles de empleos, donde los migrantes son de los más vulnerables a ser afectados por los recortes de puestos de trabajo y por tanto de sus ingresos.
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Sáenz refirió que el primer impacto de la crisis «será recibir menos remesas» en países como Nicaragua, lo que dañará a las familias que dependen de ese dinero para cubrir sus gastos. «La gran mayoría son familias pobres o de sectores medio bajo. (….) Aquí tenemos un primer impacto porque se reducirá el consumo, el gasto en comida, educación, vivienda, etcétera», dijo.
Que los productos de la canasta básica dejen de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es otra medida urgente, según la UNAB, para que la población logre cubrir los costos de los productos escenciales.
Otra medida de alivio fiscal sería «restablecer la tasa de cotización del 6.25 por ciento del salario» a los trabajaores. La dictadura Ortega y Murillo impuso en 2019 una reforma al sistema de seguridad social incrementando la cuota de cotización de los trabajadores al 7 por ciento y a las empresas al 22.5 por ciento. La UNAB consideró que también se debe restablecer a las empresas la cuota del 19 por ciento, como era antes de la reforma.
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Un segundo eje del plan de emergencia propuesto por la oposición es «redireccionar el gasto público» a través de una reforma al Presupuesto General de la República 2020, que sea para reducir el gasto corriente «en instituciones cuyo funcionamiento no es indispensable para la emergencia» sanitaria.
Partidas presupuestarias de instituciones con funcionamiento partidarizado
De acuerdo a la UNAB se podrían reasignar 4,840 millones de córdobas de las partidas asignadas al Consejo Nacional del Deporte, la Corte Suprema de Justicia, la Autoridad del Gran Canal, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Aduanas, Asamblea Nacional, Instituto de Información para el Desarrollo, la Cinemateca Nacional y el Instituto Procompetencia.
Los fondos deberían dirigirse a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud público para que el personal médico cuente con los equipos necesarios para enfrentar la pandemia del coronavirus. También parte de los recursos debería utilizarse para entregar una canasta de alimentos a las familias pobres.
El tercer eje de acción propuesto por la UNAB es que Nicaragua acceda al fondo de emergencia dispuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que en conjunto son más de 15,000 millones de dólares para ayudar a los países a responder a la crisis económica por la pandemia.
Programa alimentario a los más pobres
Sáenz y Violeta Granera, del consejo político de la UNAB, expusieron que los recursos que se obtengan de los organismos internacionales como los dispuestos en el Presupuesto público deben ir crear un fondo para la adquisición de equipamiento hospitalario, así como establecer un programa de apoyo económico al sector informal «y a todas las personas que dejarán de recibir ingresos mínimos suficientes» para subsistir.
Consideraron urgente que la dictadura entregue una canasta alimentaria a las familias más vulnerables. Sáenz explicó que el mecanismo sugerido es que se use la experiencia de la merienda escolar, de tal forma que se amplíe la cantidad de productos asi como el número del núcleo familiar que los recibirán. En 2020 son más de 1.8 millones de niños proyectados a recibir la merienda escolar, según lo programado en el Presupuesto estatal al Ministerio de Educación (Mined).
«Ya existe un mecanismo dirigido a los más vulnerables como es la merienda escolar. Ya están establecidos los beneficiarios, que son los escolares, por lo tanto no es necesario ser economista, ni sociólogo para saber que estos escolares son de centros públicos, ahí van trabajadores de la economía informal. El planteamiento es ampliar la canasta al núcleo familiar y además la cobertura de productos», explicó Sáenz.
Se planteó «flexibilizar» el pago de los créditos con bancos, microfinancieras y casas comerciales tanto para los préstamos comerciales, hipotecarios, para empresas y las tarjetas de crédito.
Otra medida sería que se reduzca las tarifas eléctricas, de comunicación, los precios de los combustible. Así como una moratoria por tres meses, en el pago de las facturas de energía eléctrica, agua potable para los desempleados o aquellos que tengan ingresos menor al valor de la canasta básica. La moratoria de tres meses también debería beneficar a micro y pequeños empresarios.
Ayudar a las empresas para frenar desempleo
La protección del empleo es parte de los ejes de la propuesta de la UNAB para reducir el impacto de la crisis económica. Eso requiere ayudar a las empresas de comercio, productores, exportadores, turísticas y de todas las actividades con alivios fiscales también.
Sáenz dijo que se necesita ayudar en los costos fiscales «no es una concesión graciosa sino que es para favorecer la sobrevivencia de la empresa» porque con ello se beneficia a los trabajadores a conservar sus empleos «que ya es un privilegio en Nicaragua.
La UNAB insistió en que lo propuesto «es viable a corto plazo y no populista»
Granera, del consejo político, señaló que la UNAB seguirá exigiendo transparencia en el uso de estos fondos de emergencia que obtenga la dictadura de los organismos internacionales.
«Hemos sugerido un mecanismo mixto entre los funcionarios del régimen y de instituciones internacionales para darle seguimiento al uso de los ecursos. Nos preocupa, no vamos a dejar de lado, porque cuando hay crisis la corrupción florece. Estaríamos denucniando si se usan con fines clientelistas y se excluya a una parte de la población», afirmó Granera.