En estas últimas semanas las redes sociales han vuelto a “matar” a Daniel Ortega. Vivo o muerto, la verdad es que si el comandante todavía está medio en sus cabales, su irresponsabilidad amenaza con provocar un segundo genocidio-2020, otra vez en abril. Como dijo el papa Francisco: cometen “genocidio virósico los que no defienden a su gente y los llevan a la muerte por defender la economía”.
A diferencia del genocidio en el 2018, en el que Ortega y Murillo en respuesta al estallido social dijeron “vamos con todo” y elegían a quién matar, ahora van contra todos los nicaragüenses. Lo hacen de forma indiscriminada apuntando principalmente a los trabajadores del Estado, sus partidarios y familiares a quienes movilizan como borregos al sacrificio del contagio en inauguraciones de obras públicas, fiestas religiosas improvisadas, planes de playa y actividades de concentración masiva.
A la propuesta de varios sectores al gobierno de trabajar unidos y de forma coordinada para que el impacto del Covid-19 sea lo menor posible, Murillo respondió negociar la salud y la vida de los nicaragüenses a cambio del levantamiento de las sanciones a sus allegados. Su respuesta sugiere que con su activismo contaminante lo que pretende es acelerar una curva que le permitiría poner al país de rodillas pidiendo la necesaria cooperación del Estado, a cambio de que le quiten la condena internacional.
Lo que no está en sus cálculos políticos es que la realidad se comienza a imponer. Resulta significativo que en la semana pasada haya renunciado la intensivista del Hospital Alemán, así como escuchar el aumento de quejas médicas en hospitales públicos que en voz baja reportan neumonías atípicas, mandados a tratar el caso como Covid-19 sin protección y sin poder decir como se llama porque no tienen posibilidades de hacer pruebas.
El espejo futuro de Nicaragua podría ser el de México donde las primeras grietas del sistema están llegando del personal médico por falta de materiales, equipo y protección básica para afrontar la epidemia. En ese país en que el Gobierno también comenzó a disfrazar diagnósticos, cada día aumentan los casos de gente con síntomas respiratorios, así como las demandas del sector salud tirado a la suerte de la arrogancia presidencial.
Son los trabajadores de la salud las primeras víctimas del genocidio virósico, quienes en defensa de la vida de sus médicos, enfermeras, camilleros, afanadoras, sus familias, comunidades y otros, han comenzado a poner contra la pared la estafa del poder autoritario mexicano. Igual en Brasil, donde el Ministro de Salud y los gobernadores se vieron forzados a construir un frente común para apoyar a la población y detener la política genocida del presidente Bolsonaro, obstinado en desconocer la realidad.
La virulenta posición del gobierno negándose a coordinar esfuerzos nacionales e impedir a monseñor Álvarez crear Centros de Prevención para las comunidades, es una posición de venganza contra el pueblo nicaragüense que otra vez se ha rebelado y en unidad nacional más que nunca, ha tomado en sus manos su autoprotección paralizando el país en defensa propia. En respuesta a la responsabilidad ciudadana, los Ortega Murillo siguen creando una falsa sensación de seguridad. Mientras tanto, el Covid-19 silenciosamente, al igual que explotó la insurrección de abril 2018, prepara el jaque mate. Esta vez no tendrán a nadie a quien criminalizar o acusar de golpe de Estado.
Según pronósticos de expertos, los esfuerzos de la pareja por ganar tiempo y hacer cálculos políticos ajenos al curso de la pandemia, no van a detener que los muertos salgan a la calle como en Guayaquil. Tampoco podrá esconder cifras de contagios en un sistema de salud rebasado. Semanas perdidas por ceguera política revanchista no podrán evitar el segundo genocidio de los Ortega-Murillo contra todos incluyendo su militancia y el Carmen. Nada volverá a ser igual, y el Covid-19 será recordado por ellos como la otra “maldición de abril” en que todo cambió y para siempre.
La autora es periodista.
