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Daniel Ortega, Nicaragua, coronavirus

LA PRENSA/Tomado de el 19 Digital

Así es cómo la pandemia ha demostrado que Ortega no es el “Gobierno de los pobres”

Desde que se desató la emergencia mundial por la propagación del virus, Ortega no ha mostrado ni un interés en proteger la economía de los hogares empobrecidos. El gran ausente es el Mific el llamado a liderar la protección de los consumidores. Hay más razones que botan el discurso oficial

Además de negarse a adoptar medidas contundentes para proteger la salud de  los nicaragüenses de una de las pandemias más temidas en las últimas décadas, que ha matado casi a 20 mil personas en el mundo, el régimen de Daniel Ortega tampoco ha hecho  esfuerzos por recurrir a los instrumentos legales para frenar la especulación en el mercado nacional,  garantizar el abastecimiento  y abrir los fronteras a insumos básicos necesarios en la emergencia.

La forma en cómo Ortega está gestionando la pandemia dista mucho del discurso que por años ha mantenido: “el Gobierno de los pobres”, mientras sus homólogos en la región han empleado una batería de medidas económicas enfocadas precisamente a proteger a los más vulnerables.

En El Salvador, por ejemplo, el presidente Nayid Bukele anunció, además de una moratorio de tres meses en el pago de los servicios básicos, que entregará un salario mínimo (300 dólares, el más alto de todas las actividades económicas) a cada hogar, con empleos en la informalidad y que consuman igual o menos de 200 kilovatios mensual a cambio de que se queden 30 días en sus casas para cumplir la cuarentena y protegerlos del coronavirus.

En cambio, en Nicaragua el “Presidente de los pobres”, además de estar ausente, tampoco ha obligado a entidades como el Ministerio de Fomenta, Industria y Comercio a impulsar medidas para frenar la especulación, lo que ocasionado que los consumidores afronten aumentos desmedidos en insumos tan básicos como el alcohol y las mascarillas.

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Róger Arteaga, economista y exdirector tributario, explica que si este Gobierno realmente estuviese preocupado por proteger a los más vulnerables hace tiempo hubiese procedido a exonerar “productos que estén destinados para la salud y prevención del coronavirus”.

Arteaga plantea  que si el Gobierno está tocando puertas de organismos internacionales en busca de donaciones o préstamos, debería redirigir esos recursos  a las empresas locales que importan materias primas para producir medicamentos que se usen para combatir el virus.

“Ya debieron haber autorizado la Dirección General de Ingresos del pago del IR, del pago IVA y de todo impuesto para que los productos lleguen a la gente que lo está necesitando”, explica Arteaga.

En este esfuerzo también el papel del Mific es fundamental para asegurar que los productos que reciban ese alivio público llegue a los hogares a los precios más accesibles posibles, sin permitir la especulación y el acaparamiento. “El Mific no está protegiendo al consumidor, ni está logrando el control de los precios en el mercado”, dice.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ya le donó al Gobierno de Ortega un millón de dólares para que lo destine a programas enfocados en mitigar el impacto del virus, que actualmente se encuentra en su fase 1, relacionado con la aparición de primeros casos. Hay dos casos confirmados.

“La clase media alta tiene su forma cómo suplirse, pero la gente pobre necesita que por lo menos la canasta básica tenga acceso y facilidades y protegerla de la especulación”, enfatiza Arteaga.

Después de semanas, Gobierno cedió a medias

Hasta ahora el sector privado, luego de frecuentes llamados al Gobierno, pudo conseguir que se les autorizara ingresas mascarillas sin necesidad de completar el proceso de registro aduanero que tarda seis meses en Nicaragua.

Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN) señaló que se han hecho pedidos internacionales de mascarillas, pero que en este momento el país está en lista de espera.

“Ya se autorizó importar mascarillas sin registro, pero hay un desabastecimiento internacional entonces hay pedido que están hechos pero están esperando que se los despache, porque a nivel internacional hay necesidad, estamos en lista de espera”, dijo Hilleprandt.

En cuanto a la alteración de los precios, Hilleprandt indicó que en este momento se debe demostrar la solidaridad y no sacar ventaja con nada. “Hacemos un llamado a la solidaridad, porque si vos agarrás todo, estás dejando a un montón de gente desabastecida o comprando caro por la reventa”, admitió.

Dean García, director ejecutivo de Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec) manifestó que las fábricas de este régimen podrían elaborar mascarillas, pero para ello se necesita autorización del Gobierno.

“Ahorita hay una empresa de zona franca que está haciendo pruebas, pero tenemos que ver de alguna manera con el gobierno cómo se permite que se puedan vender esas mascarillas en el mercado local, porque las empresas de zona franca tienen que hacer todo un procedimiento para poderlo vender”, expresó.

Además recalcó que dicha empresa de zona franca está haciendo pruebas pero por “un pedido de una empresa en el extranjero, es un pedido de exportación, pero se podría aprovechar para ver si la empresa puede fabricar para el mercado local”.

Pese a que por ley le corresponde al Mific intervenir el mercado para castigar la especulación, lo cierto es que este ministerio, al igual que otras entidades, este ministerio prácticamente se ha convertido en un “elefante blanco”, que no aplica la ley y se hace la vista gorda ante los aumentos, inclusive en otras crisis de índole económica o fiscal.

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Solo gobierno puede evitar desabastecimiento

Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), manifestó que en este momento para asegurar que los insumos lleguen accesibles a las familias es conveniente aprobar incentivos fiscales a productos específicos, tal como lo está haciendo la región.

“Lo que están haciendo muchos países primero es asegurar el abastecimiento con las importaciones que no pongan trabas en la aduana, ni con el tema de los registros, para que de alguna manera no haya escasez y se mantenga el abastecimiento, luego tenés el caso de los productos que hay que mantener el precio para que no venga la especulación y el acaparamiento, y también venderlos con medida, entiendo que ya lo están haciendo, en los países vecinos lo que han hecho es que les están dando incentivos fiscales porque es un producto de primera necesidad por la emergencia”, dijo.

Ante la ausencia de medidas de este tipo, que garantizan el abastecimiento del mercado, Maltez indica que eso ha ocasionado que en Nicaragua se estén produciendo de manera artesanal alcohol en gel con insumos químicos que pueden ser dañinos para la salud.

“Están haciendo alcohol de manera artesanal y no hay un control, están usando metanol para producir alcohol en gel y eso puede causar problemas en la salud”, dijo Maltez.

Costa Rica ya anunció una moratoria de tres meses en el pago del IVA y el IR, así como aranceles de aduanas, lo que tendrá un impacto positivo en los consumidores.

Juan Carlos López, especialista en defensa de los consumidores, recordó que es una obligación por ley de que el Gobierno debe garantizar el abastecimiento del mercado y no solo eso, sino también frenar la especulación y para ello el Mific es su brazo ejecutor de medidas  en pro de los consumidores.

“El Mific por ley está en la obligación de garantizar el abastecimiento, el libre mercado y asegurar la calidad de los productos que se está consumiendo, principalmente los artesanales”, agrega.

Desde que comenzó la emergencia se desconoce dónde está el titular del Mific, Orlando Solórzano, que no ha dado la cara sobre las fuertes alzas de precios en el mercado interno. López teme que el Mific esté esperando un mayor caos en el mercado.

Más razones contra Ortega

Pero Ortega tampoco ha mostrado interés por aliviar la pesada carga de los deudores con el sistema financiero. En El Salvador  y Costa Rica se trabaja con el sistema financiero para que se adopten moratorios para los que salgan afectados por el coronavirus y demuestren que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Al respecto, Arteaga explica que por lo menos Ortega debería promover una moratoria para las empresas que estén vinculadas a la producción o importación de insumos preventivos del coronavirus.

Si en Costa Rica y El Salvador se adoptaron medidas en el mercado financiero, fue porque el Gobierno a través de las Superintendencias las promovió. Es decir que del Gobierno de Ortega tendría que surgir el planteamiento ante la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), algo que no ha ocurrido y es posible. Ya en el 2018 la Siboif adoptó una normativa para abordar la crisis política.

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Garantizar el abastecimiento de los pobres

Pero no solo basta con exonerar las importaciones de materias primas para producir productos sanitarios, sino también dar beneficios fiscales para productos necesarios para afrontar una cuarentena estricta como las que han implementando países para contener la propagación del Covid-19. Por ejemplo se puede aliviar la carga a los enlatados y varios granos básicos.

“Lo que pasa es que este Gobierno no tiene ningún interés en ver cómo entrarle a este problema, pareciera que están tratando de destruir y eliminar a gente incluso de su mismo partido para evitar cargas presupuestarias. Es criminal esto”, enfatiza.

Lo más cuestionable, además de la carencia de medidas económicas, según Arteaga, es la ausencia pública de Ortega mientras a nivel internacional a diario los presidentes comparecen antes sus naciones rindiendo cuenta.

“Aquí ponen a una señora que yo no sé si estará bien de la cabeza. Las decisiones que está tomando son absurdas son contrarias a lo que están haciendo los demás países en el mundo”, expresó Arteaga.

Para el exdirector de la DIG la paralización de los ministerios, como el Mific en parte se debe a que en Nicaragua ninguna entidad actúa si a “la señora (en referencia a Rosario Murillo)  no se le ocurre”.

Lo anterior es consecuencia de la demolición de la  institucionalidad, cuyo aparato estatal no puede actuar con autonomía. “Ellos no son ministros, son operadores de las decisiones que toma la señora. Ni siquiera Ortega actúa, es inodoro, incoloro e insípido ante esta crisis”, ataja Arteaga.

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