El régimen orteguista fue más allá de las agresiones físicas contra la oposición, además, «no respetó las prohibiciones contra la interferencia ilegal con la privacidad, la familia, el hogar y la correspondencia», expuso el Informe Anual de la Práctica sobre Derechos Humanos 2019, emitido este miércoles, por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El informe que aborda la situación de los derechos individuales, civiles, políticos y laborales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de los países que reciben asistencia de Estados Unidos y son parte de la Organización de Naciones Unidas, expone que las organizaciones no gubernamentales, los representantes de la Iglesia Católica, periodistas y miembros de la oposición alegaron que «el gobierno monitoreó sus correos electrónicos y conversaciones telefónicas».
Por su parte, representantes de la Iglesia también expusieron que sus sermones durante las misas fueron monitoreados. En este sentido, los Consejos del Poder Ciudadano jugaron un rol clave, puesto que colaboraron con parapoliciales y partidarios del orteguismo para atacar las casas de los manifestantes prodemocracia, señala el informe.
«Sin una orden judicial y sin autoridad legal, estos grupos allanaron ilegalmente casas y ocupantes detenidos. Estas acciones fueron generalizadas en las grandes ciudades, particularmente en Managua, Matagalpa, Estelí, Masaya, Rivas, León y Jinotega», detalló el documento.
Excarcelados y opositores han denunciado el acoso que padecen a manos de grupos orrteguistas, que pintan las paredes de sus casas con la palabra «plomo» o «golpista», en otros casos, les han lanzado aceite negro. De esta forma de intimidación tampoco se escapan los templos católicos. El viernes 28 de febrero, la Curia Arzobispal de Managua y la iglesia Santo Domingo, ubicada en Las Sierritas de Managua, amanecieron con marcas orteguistas.
Desde 2018 los templos católicos han sido víctimas de vandalismo por parte de militantes orteguistas, que hasta han golpeado a sacerdotes y religiosas.
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Intimidación en redes sociales
Las diferentes redes sociales fueron el vehículo para denunciar las múltiples violaciones de derechos humanos por parte del orteguismo y la fuerza policial contra la población que salió a las calles a protestar desde abril de 2018. Sin embargo, estas también fueron utilizadas por los fanáticos orteguistas para publicar información personal de los defensores de los derechos humanos y los miembros de la sociedad civil.
«Los partidarios del gobierno marcaron las casas de los miembros de la sociedad civil con insultos despectivos o amenazas y luego publicaron fotografías de las casas marcadas en las redes sociales. En varias ocasiones, las marcas fueron acompañadas o llevaron a la destrucción de la propiedad privada», expone el documento del Departamento de Estado.
Cabe mencionar que en la última semana de febrero, la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, ratificó el convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia, que fue cuestionado por la bancada liberal, ya que consideran que permitiría la violación de las comunicaciones de los nicaragüenses.
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Aunque el instrumento de cooperación expone que se basa en el respeto a los derechos humanos, políticos y periodistas independientes, han señalado que tomando en consideración el contexto actual, en el que agentes de la Policía Orteguista han ocupado celulares de opositores, de expresos políticos, para obtener más información sobre sus gestiones o las personas con las que mantienen algún tipo de relación, dicho Convenio implica un riesgo.
El Gobierno mantiene un control mediático compuesto por televisoras, radio y espacios digitales propagandísticos, pero no tienen control sobre las redes sociales.
Caribe no escapa de represión política
El Departamento de Estado de EE. UU. también indicó que los habitantes del norte, Nueva Segovia, Jinotega y Madriz, como el Caribe del país, sufrieron repetidos interrogatorios y búsquedas gubernamentales sin causa u orden judicial, relacionados con el supuesto apoyo a grupos armados, mientras los funcionarios del gobierno afirmaron que se enfrentaban a delincuentes comunes.
«Varios miembros de la oposición que fueron excontras afirmaron que fueron vigilados regularmente por la policía, detenidos por la policía y detenidos para ser interrogados durante varias horas, generalmente en relación con presuntos contactos con grupos rearmados o protestas antigubernamentales. Los individuos también dijeron que simpatizantes del gobierno los amenazaron verbalmente fuera de sus hogares y los vigilaron».
