La Asamblea Nacional aprobó este martes el convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia, que según la bancada liberal permitiría la violación de las comunicaciones de los nicaragüenses.
Para el político opositor Eliseo Núñez, el problema no es el texto del convenio, sino que la aplicación de este está en manos de gente que tiene un sesgo político enorme, y evidentemente van a querer ocupar toda esta ley para controlar algunas cosas que se están diciendo en las redes sociales.
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“Ellos van a tratar de encontrar cualquier asidero, cuasi legal para inmiscuirse en la vida privada de la población. Ortega es el tipo de gobierno que invade la privacidad de la gente. No es extraño que ellos empleen estas herramientas en ese sentido. Ortega y su familia es de lo peor que le ha pasado a Nicaragua en toda su historia”, expresó.
La justificación en el dictamen de Ley establece que el convenio facilitaría la cooperación con los Estados en materia de investigación, aseguramiento y obtención de prueba relacionada con la ciberdelincuencia.
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En el artículo 7 del convenio, referido a las diligencias de investigación, se establece que se podrá solicitar la intervención de comunicaciones a través de las tecnologías de información y comunicación; la obtención de datos de tráfico; el acceso a sistemas de información, acceso a la información contenida en un dispositivo que permita el almacenamiento de datos y la entrega de datos y archivos informáticos.
Las Partes, es decir, los Estados deberán designar una Autoridad Central, a través de la que se canalizarán las solicitudes de cooperación. Dicha Autoridad deberá verificar la regularidad formal y legalidad de la solicitud y decidir si rechaza total o parcialmente, o bien admite la solicitud, entre otras posibilidades.
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El régimen orteguista no solo ha sido señalado por violaciones a derechos humanos, además ha utilizado la institucionalidad del país, incluida la Asamblea Nacional, donde tiene el dominio completo, para aprobar leyes de las que se ha beneficiado de diferentes formas y a la vez ha castigado a opositores, como sucedió cuando canceló la personería jurídica a nueve organizaciones que denunciaron la represión contra el pueblo de Nicaragua.
Por su parte, el PLC se opuso a la aprobación de la Ley y argumentó que la crisis sociopolítica de abril de 2018 se caracterizó por la “vulneración de derechos a la inviolabilidad de las comunicaciones de ciudadanos opositores al Gobierno (…)”.
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Recordaron que en las instituciones del Estado obligaron a trabajadores a entregar sus celulares para revisar contactos, correos electrónicos y conversaciones en redes sociales, criminalizando la libertad de pensamiento.
De tal forma que aprobar el convenio en la situación actual del país “pone en riesgo la libertad individual de los ciudadanos (…)”, expuso el PLC.
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Nicaragua suscribió dicho convenio el 28 de mayo de 2014 en la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib).
El objetivo y aplicación del convenio establece reforzar la cooperación mutua de las partes para la adopción de medidas de aseguramiento y obtención de pruebas para la lucha contra la ciberdelincuencia.
Enfoque de derechos humanos
En el artículo 4 del convenio se establece que en la solicitud o ejecución de actividades de cooperación, las partes serán absolutamente respetuosas con los derechos fundamentales de las personas, según los términos previstos en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.
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Sin embargo, este acápite no es garantía en un país como Nicaragua, donde el Ejecutivo, representado por Ortega, ha sido señalado de cometer crímenes de lesa humanidad en el contexto de la crisis sociopolítica, según la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Cabe mencionar que el artículo seis del convenio sobre las Medidas de Aseguramiento señala que se podrían solicitar medidas como la incautación y depósito de sistemas informáticos o soportes de almacenamiento de datos; la copia de datos o el requerimiento de preservación inmediata de datos que se hallan en poder de terceros.
El orteguismo realizó las consultas para la aprobación de este convenio solo con sus instituciones, como la Policía Orteguista, el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), así como el Ministerio Público, entre otras.