El Estado de Nicaragua deberá rendir cuentas sobre el cumplimiento de las medidas provisionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) otorgó a ocho comunidades miskitas en el Caribe Norte, mediante la audiencia de revisión de medidas de protección otorgadas al pueblo indígena miskito nicaragüense, que se desarrollará este viernes, en San José, Costa Rica.
Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), explicó que además de las medidas provisionales otras cuatro comunidades cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las primeras se solicitaron al ver que el Estado no cumplió con las cautelares y la violencia escaló a niveles en que los comunitarios no pueden salir a sembrar ni a pescar con libertad por el riesgo de ser atacados por los invasores.
Las medidas de protección de la Corte implican que el Estado no solo proteja la vida y la integridad física de los comunitarios, sino el territorio de las comunidades y su identidad cultural, que es muy importante, señaló Cunningham.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) sostiene que la grave situación a los derechos humanos que enfrentan los miskitos ha tenido como consecuencias el desplazamiento forzado y una crisis alimentaria sin precedentes. Las medidas fueron otorgadas desde septiembre de 2016, tras el asesinato de siete comunitarios en 2015.
Dichas medidas se han venido ampliando a más comunidades con el pasar del tiempo y la inacción del Estado, que debería haber creado una instancia que incluyera la participación de los representantes legales de las comunidades miskitas y los peticionarios de las medidas de protección, Cejudhcan y Cejil, junto a los indígenas, y a partir de ahí que surgieran las acciones para cumplir lo estipulado por la Corte, pasando por el proceso de saneamiento, explicó Cunningham.
Cejil expone que el riesgo de las comunidades “se ha venido agravando con hechos como el secuestro de algunos de sus pobladores y las amenazas por estos recibidos a manos de ‘colonos’ armados, quienes construyen carriles en sus parcelas y les impiden el acceso a zonas donde antes realizaban las actividades tradicionales que les permitían procurar los medios para su subsistencia”, indica en un comunicado publicado en su sitio web.
Asimismo, el Estado tampoco ha entregado un diagnóstico sobre el origen del conflicto de la violencia que padecen los pueblos miskitos y que fue solicitado por la Corte. La CorteIDH adoptó medidas provisionales a favor de 5 comunidades en septiembre de 2016: Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi.
Posteriomente, las amplió para las comunidades Esperanza Río Coco y Esperanza Río Wawa, y en el 2018, a los defensores de los pueblos indígenas Lottie Cunningham Wrem y José Medrana Coleman. A mitad de febrero también incluyó a Santa Clara, por el agravamiento de los hechos de violencia y amenazas.
La ampliación de medidas sucedió unos días antes que la adolescente de 15 años, Diajaira Lacayo Wislow, originaria de Santa Clara, fuera impactada por una bala en medio de la mandíbula, debido a disparos propinados por «colonos», según denunciaron los mismos comutarios. Antes, el 29 de enero, un grupo armado de colonos quemó 12 viviendas y desplazó a toda la comunidad mayangna de Alal, matando a 4 personas e hiriendo a otros ciudadanos.
No obstante, pese a que el régimen orteguista se pronunció sobre el caso de Alal, poco se conoce sobre las acciones que ha desarrollado para garantizar seguridad a los indígenas. Se espera que este viernes el Estado asista a la audiencia.
