En diciembre de 2017 el iraní Arash Baradaran Nakhjavani, de 41 años, entró a Nicaragua junto a su esposa Sarvnaz Sadigh, de 31, y el hermano de esta, Aming Sedigh, de 28. El matrimonio hizo una inversión de casi 70 mil dólares para abrir un restaurante y hostal en Granada.
La familia se sentía a gusto viviendo en el país, por lo que pagaron a un abogado para que solicitara la residencia de la familia iraní. Cuando en abril de 2018 estallaron las manifestaciones, el abogado abandonó el país, por lo que tuvieron que comenzar de nuevo los trámites.
El 8 de enero de 2019, los tres fueron a solicitar un récord policial a Plaza El Sol, Managua, y fue cuando fueron detenidos por los agentes y trasladados al albergue de la Dirección de Migración y Extranjería, en la Colonia Tenderí, por quedarse ilegalmente en el país.
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Cuando fueron detenidos, Sarvnaz tenía tres meses de embarazo. Su familia nunca esperaría que la mujer daría a luz y todavía siguiera retenida en el albergue, que es un container de un furgón al que le hicieron puertas y colocaron verjas, como una unidad preventiva de las que usa la Policía. Una cárcel en miniatura, con paredes gastadas y donde hace un calor infernal.
Es en esas condiciones que se ha mantenido el bebé que nació el 13 de julio de 2019, hace casi siete meses, y quien todavía no tiene nombre, porque no han permitido a sus padres que lo inscriban en el Registro Civil de las Personas de Managua, a pesar que es ciudadano nicaragüense porque nació en el Hospital Carlos Roberto Huembes, propiedad de la Policía Orteguista (PO).
Husa Kesh, tío de Arash, vino a Nicaragua desde Tenerife (Islas Canarias, España), para denunciar el caso de sus familiares.
Sin partida de nacimiento
“Nació un niño que no tiene todavía ficha de nacimiento, no existe”, dice Kesh en un difícil español, sobre la situación del bebé que nació estando en custodia de las autoridades nicaragüenses.
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Kesh quiere que las autoridades nicas le permitan a su familia la partida de nacimiento del menor para así poder salir del país.
“Fui a Corte (Suprema de Justicia), denuncié. Presenté documento, para que me digan motivo (de la retención por más de un año)”, manifesta el tío de Arash.
Para él no es conveniente hacer trámite con embajada de Irán, porque “la situación está muy mal en Irán, no vale la pena hablar con embajada, porque no hay soluciones. Como (Arash) cambió de religión, no hay buen resultado con ellos”, explicó.
Según Kesh, Arash al casarse con Sarvnaz dejó de ser musulmán y se convirtió al catolicismo. La pareja se casó en España. “Esa noticia no sé como llegó a Irán, la ley iraní dice que ningún musulmán puede cambiar su religión, tiene ordenes de ahorcar”, asegura Kesh.
La única información que ha recibido de las autoridades nicaragüenses es que la familia sería deportada a su país de origen, en este caso Irán, por lo que teme por la vida de sus familiares.
En Irán se sigue usando la pena de muerte. Según Amnistía Internacional, en 2018 se ejecutaron a 253 personas. El mismo organismo explica que “entre las personas ejecutadas en Irán hay también miembros de minorías étnicas y religiosas condenados por ‘enemistad con Dios’ y ‘corrupción en la tierra'».
Sin respuesta de embajada
LA PRENSA visitó en dos ocasiones la embajada de Irán en Managua para conocer más información sobre el caso y por qué han permitido que sus connacionales estén retenidos por más de 12 meses, pero no se nos atendió. Un funcionario nos atendió afuera de la sede solo para entregar una cuenta de correo electrónico donde se le escribiera al embajador Majid Salehi.
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El correo fue enviado el pasado 22 de enero. Han pasado dos semanas y no se ha recibido información sobre las consultas de este diario.
La embajada tiene conocimiento del caso, ya que a través del sistema judicial se verificó que los iraníes han interpuesto tres recursos de exhibición personal por detención ilegal, y en uno de ellos funcionarios de la embajada manifestaron que los retenidos tienen orden de captura a través de Interpol.
La familia de Arash ha contratado 11 abogados nicaragüenses en el periodo que han estado detenidos, y varios de ellos no han logrado encontrar la orden de captura. En la página web de la Policía Internacional (Interpol) ninguno de los retenidos sale entre las personas buscadas.
“No hay ningún documento que diga que Interpol lo está buscando”, manifiesta Kesh.
¿Dónde están los derechos humanos en Nicaragua?
“Me gustaría saber en el país que estoy, donde está el derecho humano. El motivo el porqué no tiene derecho a tener abogado. No somos animales, somos humanos”, agrega Kesh, quien se siente decepcionado al no tener respuesta ni de Migración, ni del sistema judicial nicaragüense.
“¿Como es posible que el niño que nació en Managua, Nicaragua, está detenido? ¿Por qué razones está en una reja?”, se pregunta Kesh.
Husa Kesh envía dinero todos los meses para la manutención de sus familiares, ya que Migración ha dicho que no tiene los recursos para alimentarlos. “Yo mando dinero cada mes, el gasto de prisión lo he estado pagando yo. Para el niño, para comprar leche, camisas, biberones, ropa”, explica.
El gasto mensual es de unos 1500 a 2000 euros, los cuales son enviados al consulado iraní y luego ellos se encargan de comprar todo lo necesario para Arash, Sarvnaz y Aming Sedigh.
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Aparte está el pago de honorarios para los abogados, quienes han cobrado desde 2000 hasta 10,000 euros.
A los iraníes no se les ha permitido que ninguno de los 11 abogados que han llevado su caso los vea en el albergue. Husa Kesh espera reunirse pronto con sus familiares en España y que el bebé de casi 7 meses de nacido tenga un nombre y sea reconocido como el nicaragüense que es.
