Mientras los abogados defensores de los 16 autoconvocados procesados por supuesto tráfico de armas en el caso conocido como Los Aguadores están esperando que el juez Noveno Edgar Altamirano se pronuncie respecto a la excarcelación de los jóvenes, el 30 de diciembre pasado; presentaron hoy escritos de intercambio de pruebas, puesto que el proceso judicial sigue abierto.
“Debemos esperar que el judicial de pronuncie, ya que en el Chipote firmaron una carta de compromisos con medidas alterna qué solo el juez puede aplicar, no está en las facultades de la policía”, dijo la abogada Aura Alarcón.
Los escritos se presentaron ante el Ministerio Público y ante el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, aunque este ni siquiera ha radicado el expediente, explicó el abogado Arnulfo López.
La Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) Nacional de la Policía hizo firmar a los excarcelados políticos una acta de compromiso para detenidos en convivencia familiar extraordinaria, aprobada por el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, director de este departamento, la cual contiene las siguientes medidas:
- Mantener el respaldo del familiar que tutela el régimen de convivencia familiar, no concurrir a lugares de expendio o venta de bebidas alcoholicas, juegos de azar, evitar concurrir a lugares prohibidos en la sentencia.
- Además, les prohiben provocar hechos que alteren el orden público ni generen violencia intrafamiliar, no salir del país ni del departamento de residencia, si debe movilizarse por motivos de trabajo debe informarlo al penitenciario con el fin de que le otorguen el permiso y no asistir al lugar donde se cometió el delito.
“Esas medidas impuestas son facultad legal establecida en el código procesal penal y es el judicial quien debe valorarlas para imponerlas durante el cambio de medida, ya que la figura impuesta de convivencia familiar extraordinaria solo aplica para las mujeres en estado de embarazo según la ley de régimen penitenciario, aunque ahora el Estado a través de sus órganos policiales varían los procedimientos judiciales a su gusto y antojo”, agregó la abogada Alarcón.
Los abogados recordaron que el poder judicial ha perdido toda su independencia por lo tanto cualquier autoridad administrativa policial ejecuta actos violentando las potestades legales judiciales.
El juicio contra estos 16 opositores, entre estos 13 de la Unidad Nacional Azul y Blanco, está programado para el 30 de enero, aunque esta fecha puede variar según la agenda del Juzgado Noveno.
Policía les regresó bienes
La Policía Orteguista ha regresado todos los bienes ocupados según actas, entre estos carros y celulares a los procesados, agregó López.
Tal es el caso de Hansell Quintero y Atahualpa Quintero, a quienes les regresaron el carro en que se trasladaban ese 14 de noviembre, día en que los apresaron en Masaya, mientras les iban a dejar agua a un grupo de madres que estaban en huelga de hambre en demanda de libertad de presos políticos, dijo el abogado.
Los abogados explican que el proceso contra los aguadores no ha terminado y por eso deben cumplir con todas las etapas y términos procesales del juicio, entre estos, presentar el intercambio de pruebas de las defensas y asistir al juicio junto a sus representados el 30 de enero, y a cualquier audiencia citada.
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