La Policía y la Fiscalía orteguista lejos de fundamentar el supuesto delito de tráfico de armas contra los 16 opositores, entre ellos 13 de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) conocidos como Los Aguadores, lo único que detalló fue toda la prueba que ellos consideran subersiva, según escrito de intercambio de pruebas de la Fiscalía, presentado durante la audiencia inicial, celebrada el pasado 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Entre los objetos ocupados a los jóvenes están banderas de Nicaragua, camisetas con leyendas de protesta, broches y rosarios azul y blanco, lo que los hace merecedores, según el régimen orteguista, de procesos judiciales políticos, afirman abogados defensores.
Las defensas de los jóvenes fueron unánimes en solicitar al juez suplente Cruz Adalberto Zeledón que rechazará el escrito de intercambio de pruebas de la Fiscalía por ser insuficiente y no corresponderse con la acusación, puesto que no aporta ninguna característica referido al delito de tráfico de armas que les imputó a Los Aguadores la Policía Orteguista.
“El Ministerio Público no individualizó las acciones realizadas supuestamente por cada procesado, no presentó seguimiento de la supuesta estructura dedicada a traficar armas y determinar qué función realizaba cada uno. No ofreció el punto A de procedencia y el punto B hacia dónde se dirigían esas armas, no ofreció el móvil de este delito que es obtener un beneficio o ganancias económicas, entre otras características del tipo penal”, explicó el abogado Arnulfo López, defensa de los procesados Roberto Buschitch y Hansell Quintero.
Al igual que López, la abogada Aura Alarcón y el abogado Elton Ortega alegaron la falta de requisitos del tipo penal y señalaron al juez que estaban ante un simple hallazgo de armas, si es que fuese cierto la portación de estas en los vehículos en que se trasladaban los manifestantes, cuyo objetivo era dejar agua a las madres de presos políticos que se encontraban en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, el pasado 14 de noviembre.
López agregó que incluso tubos lanza morteros no se pueden considerar para el tráfico de armas ni armas en mal estado. Mientras Alarcón alegó que en los recibos de ocupación aparecen armas que no fueron mencionadas en la acusación y eso acarreaba nulidad, por lo que pedían sobreseimiento a favor de los jóvenes.
Objetos «azul y blanco»
Entre las testificales ofrecidas, están las de cuatro detectives de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional de la Policía Orteguista que estaban atrincherando a la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, en el bloqueo de la dictadura para que no les llevaran suero y agua a las madres en huelga de hambre.
El testimonio de estos es que detuvieron a los cuatro vehículos en que se trasladaban los jóvenes a eso de las 11:45 de la noche y que detectaron supuestos artefactos explosivos, pero no dicen detalles de en que parte de los vehículos iban guardadas. Cuando la Policía Orteguista los presentó, aseguró que las supuestas armas iban debajo de los asientos y en la valijera de los vehículos.
Los detectives informaron de las supuestas armas a sus superiores, quienes les orientaron que los trasladaran al Chipote, en Managua. Luego ofrecen actas de registro vehícular y ocupación de objetos incautados, donde detallan banderas de Nicaragua, camisetas con leyendas “Prohibido Olvidar”, cuatro rosarios azul y blanco, broches de la Asociación Madres de Abril (AMA), calcomanías con la leyenda “AMA y no olvida”, un adorno con la imagen del joven asesinado por la dictadura en Estelí, Franco Valdivia.
El abogado Julio Montenegro argumentó en la audiencia inicial que estaban ante prueba cultivada y que los objetos considerados subversivos como banderas de Nicaragua, camisetas, rosarios, broches es lo que realmente hacia el juicio político contra los acusados.
La Fiscalía también ofreció pruebas periciales como inspección ocular y pruebas químicas para detectar presencia de nitrado en vehículos, brazos de los procesados y huellas se disparó en las supuestas armas encontradas, lo cual es considerado insuficiente por abogados. El judicial rechazó todos los alegatos de las defensas y remitió la causa a juicio con una cadena de ilegalidades alegadas por los abogados, incluyendo la detención ilegal, la sustracción de juez competente, entre otras circunstancias.
El juicio contra Los Aguadores está programado para el próximo 30 de enero de 2020, en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, ante el juez orteguista Edgar Altamirano.
