La nueva estrategia de la dictadura de Daniel Ortega es convertir a los opositores que captura, de presos políticos a delincuentes comunes. Eso fue lo que hizo con la banda de “aguadores”, que fueron secuestrados después de llevar botellas de agua a las madres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel, Masaya.
Ese guión se repitió este fin de semana en la misma ciudad, cuando la Policía Orteguista señaló a tres civiles que murieron en un supuesto enfrentamiento como delincuentes; sin embargo, su tesis contrasta con los testimonios de los familiares que aseguran que los presos son voces disidentes que se unieron a la lucha cívica.
Para la especialista en temas de seguridad y socióloga, Elvira Cuadra, son estrategias discursivas que se construyen desde el gobierno para deslegitimar la naturaleza política, tanto de las acciones de los ciudadanos como de la represión.
“Así sucedió por ejemplo, a mediados de los 90 con los grupos de rearmados, la policía y gobierno comenzaron a decir que eran grupos delictivos, bandas rurales, y se les dio ese tratamiento. En este caso, se les atribuyen hechos delictivos comunes para que no puedan ser considerados como prisioneros o víctimas políticas”, explica.
Este pasado fin de semana, en Masaya hubo supuestos enfrentamientos que dejaron tres civiles muertos y dos agentes policiales. La explicación de los hechos según la PO es que los civiles pertenecían a una “agrupación delincuencial”, conocida como “Chabelo”, cuyo líder era José Isaías Ugarte López, alias “Chabelo”.
Este murió junto a Julio César Sandino y otra persona, cuando supuestamente los policías reaccionaron ante el ataque armado que los primeros iniciaron al momento que la PO hizo señal de alto en un retén en el camino viejo hacia Niquinohomo.
La noche del 14 de noviembre la Policía capturó a 13 personas, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), llevaban agua, pero las acusan junto a otras tres de supuesto tráfico de armas. Para el especialista en temas de seguridad, Roberto Cajina, la Policía tergiversa los hechos, convierte en delincuentes comunes a gente que está luchando por la democracia, por la libertad, le pone armas en lugar de las botellas de agua.
Familiares de más de 150 presos políticos que el régimen orteguista ha acumulando después que liberó a más de 300 bajo una cuestionada Ley de Amnistía durante el 2019, aseguran que a sus hijos les han imputado delitos comunes, cuando en realidad, el motivo de su captura ha sido por participar en protestas cívicas o denunciar la represión en redes sociales. “Falsifican, crean, inventan delitos y para justificarlos hablan que tienen armas (…)”, destaca el experto.
La semana pasada, el comisionado Fidel Domínguez, irrumpió en la casa de la familia Reyes Alonso, reconocida opositora en León, causó destrozos, se llevó computadoras, celulares y los obligó con las manos atadas a que se comprometieran a no molestar a la Policía, pese a que la familia ha sido víctima de asedio de la fuerza policial y grupos parapoliciales. A las casas donde allanan siempre buscan armas, según ha denunciado la población.
Cajina advierte que esta “lógica” de convertir a los opositores en criminales responde a tres posibles explicaciones; primero, para victimizarse; segundo, para decir que están luchando contra la delincuencia común, lo cual es falso; y tercero, para continuar intimidando a la población que adversa al régimen orteguista.
El país de la falsa seguridad
Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica sigue diciendo el orteguismo; sin embargo, expertos en el tema aseguran que dicha aseveración no es consecuente con la realidad. “La crisis en la que se encuentra Nicaragua y particularmente la situación de inseguridad y violencia está alimentada por la sostenida represión estatal, la cual se traslada al ámbito de la delincuencia común en la medida que se ha alentado la actuación de los grupos paramilitares y se les permite actuar con impunidad”, destaca Cuadra.
Cajina asegura que los bajos niveles de criminalidad en el país no “son obra de la Policía”, sino que es producto de una tendencia histórica. En el Anuario de la PO 2018 se muestra el incremento de la tasa de homicidios, pasando de 7 a once por cada cien mil habitantes. La PO se justifica y asegura que el repunte está relacionado a lo que el régimen ha denominado intento de “golpe de Estado” para deslegitimar la lucha cívica.
Sin embargo, Cuadra que ha venido monitoreando la situación del país, identifica señales que alertan sobre los niveles de inseguridad y delincuencia. Una de ellas es precisamente la presencia y actuación impune de los grupos parapoliciales; el uso y mayor presencia de armas de fuego y especialmente armas de guerra, en la violencia en general, y particularmente las muertes violentas.
Advierte que en la medida que los asesinatos en las zonas rurales no se atienden debidamente y se sigan produciendo, puede alentar un incremento de la violencia delictiva en esas zonas. “De hecho, en ciertas zonas del país se han incrementado los niveles de inseguridad y el temor entre la población como efecto directo de esta situación”, asevera.
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Reconocimiento internacional de presos políticos
Aunque Daniel Ortega siempre ha tachado a los presos políticos como comunes. En marzo de este año, mediante una misiva enviada a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), reconoció a los presos “políticos”.
“El gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional se ha propuesto continuar y concluir con la excarcelación de Presos, incluyendo la liberación de todas las personas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado como presos políticos”, señala el documento.
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El discurso de Ortega de no tener presos políticos no ha sido validado por la comunidad internacional, que ha realizado reiterados llamados para que el régimen detenga la represión y deje de capturar a personas por pensar diferente. Para Cajina, lo que hace la Policía lo trata de esconder con la mentira, la manipulación, la falsificación de las estadísticas, comunicados que convierten a opositores en delincuentes comunes, a quienes les fabrican “delitos comunes”.