La agresión perpetrada por la Policía Orteguista (PO) contra la familia opositora Reyes Alonso,en la ciudad de León, es considerado por juristas y expertos en derechos humanos como evidencia de la práctica de un política represora que incurre en delitos de lesa humanidad, por la cual la policía debe ser considerada como un grupo terrorista internacional.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, así como los juristas Uriel Pineda y José Pallais, son de la opinión de que la gravedad del ataque que sufrió la familia Reyes Alonso por parte la policía orteguista, dirigida por el comisionado mayor, Fidel Domínguez, implica que Nicaragua como estado ha violado la Convención contra la tortura y por tanto debe haber una reacción de los organismo internacionales.
Dejar de considerarse a la PO como un cuerpo armado de protección civil y agregarlo entre la lista de grupo terrorista que debe combatir la comunidad internacional, es lo que debe ser demandando por la población nicaragüenses y los organismos como Naciones Unidas, aseguraron los especialistas.
Pineda, jurista experto en derechos humanos, explicó que «es una violación al derecho a la integridad personal» el que sufrió la familia Reyes Alonso, al ser obligados por los policías y el propio comisionado Domínguez, a comprometerse en una aberrante grabación de vídeo a «respetar» a la PO y a los fanáticos orteguistas.
El pasado lunes por la tarde la PO irrumpió sin una orden de allanamiento y de forma violenta en la vivienda de la familia Reyes Alonso, los golpearon y les robaron computadoras y celulares, los amarraron de las manos y luego los obligaron a repetir consignas y compromisos de la dictadura, dictados verbalmente por el esbirro Domínguez.
Objetivo es aterrorizar
Pineda señaló que al someter de esa forma a la familia Reyes Alonso y la posterior difusión del video se busca «atemorizar o desalentar» a la población de protestar contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ante el descontento social que, desde abril del 2018 no ha podido aplacar a pesar de la represión.
«Es una especie de sanción ejemplarizante a efecto que la gente deje de protestar, y es un castigo inhumano degradante que al cometerlo la Policía se vuelve una política de Estado y estamos de nueva cuenta ante crímenes de lesa humanidad», afirmó Pineda.
Al régimen de Ortega y Murillo se le responsabiliza por al menos 328 asesinatos, miles de heridos, secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, detenciones ilegales y procesos judiciales anómalos contra los manifestantes que desde abril del 2018 demandan la salida de poder de los dictadores y el adelanto de las elecciones, antes del 2021 cuando se le vence el tercer período consecutivo a Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Naciones Unidas y otros organismos internacionales han calificado de crímenes de lesa humanidad lo sufrido por el pueblo nicaragüenses y se ha exigido investigaciones independientes para determinar la responsabilidad directa de Ortega como jefe supremo de la PO, que actúa como brazo represor de los intereses del régimen.
Califica como delito de lesa humanidad
Pineda explicó que la agresión a la familia Reyes Alonso por parte de la policía «califica como delito de lesa humanidad, por cuanto responde a una política de Estado que busca por la fuerza amedrentar a grupos de personas a que dejen de protestar, haciendo uso de «formas inhumanas y degradantes a las personas».
La actuación de la PO durante los 12 años del régimen de Ortega y Murillo ha sido criticada por su subordinación a los intereses de los dictadores, pero durante la crisis sociopolítica se ha desnaturalizado por completo de sus obligaciones en base a su Ley creadora y de la Constitución al dejar de actuar como una entidad que garantiza la seguridad ciudadana y pasando a comportarse como un grupo armado con prácticas terroristas, según los críticos.
El jurista Pineda afirmó que la Ley define que la naturaleza jurídica de la Policía en Nicaragua es un órgano a cargo de la seguridad pública, «siendo su llamado natural a proteger a la ciudadanía pero eso lo ha desnaturalizado para proteger los intereses del régimen». «Al desviarse de su naturaleza original y perpetrar tan abiertamente violaciones a los derechos humanos vale la pena promover ante instancias internacionales, de que la situación en Nicaragua es de tal gravedad de que debe dejarse de considerar a la Policía como de seguridad pública sino una organización terrorista», dijo Pineda.
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Explicó el especialista que las consecuencias para la PO sería que los demás países activarían los mecanismos de cooperación internacional para desarticularla por el grave perjuicio que causa a los derechos humanos, en este caso a los nicaragüenses.
«Actúan como verdugos», afirma presidenta del Cenidh
Dentro de la vivienda, los policía mantuvieron secuestrados a Diego Reyes, María Eugenia Alonso, Diego Reyes Alonso Jr. y una señora de 94 años. El grupo era comandado por el comisionado Fidel Domínguez, jefe de la PO en León, a quien se observa en uno de los videos que le hicieron a los Reyes Alonso.
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, señaló que entre los delitos cometidos por la PO contra la familia Reyes Alonso es la tortura, por lo que se ha vuelto a comprobar que el régimen orteguista practica esta forma violatoria de los derechos humanos contra los opositores.
Nicaragua es parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que prohíbe expresamente acciones contra las ejecuciones en contra de la familia Reyes Alonso.
Policía pasa a ser verdugo del pueblo
«La Policía pasó a ser el verdugo que andan desafiando a la gente en general, lo que ha causado una indignación por el descaro con que se actúo. Hay antecedentes de tratos crueles y degradantes cometidos en el campo, en las cárceles y al momento de los interrogatorios contra presos políticos pero ahora los policía se exponen, incluso un superior, de que procede a actos de tortura», dijo Núñez.
La presidenta del Cenidh consideró que debe denunciarse el caso de la familia Reyes Alonso ante organismos internacionales «para que sean analizados con las figuras de delitos de lesa humanidad», «pero es evidente que las torturas califican dentro de estos graves delitos», afirmó Núñez.
«El hecho en sí tiene tanta fuerza para demostrar la barbarie de este Gobierno, por eso demandamos como Cenidh que se atienda la solicitud de la CIDH quien el pasado 20 de noviembre pidió se le permita ingresar a Nicaragua para documentar la situación de los derechos humanos», dijo Núñez.
Policía actúa como el Estado Islámico
El dictador Ortega expulsó del país en diciembre pasado a la CIDH y al equipo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en represalia por sus informes en donde se documentaron los crímenes contra las protestas.
Núñez, del Cendih, comparó la agresión de los policías con la familia Reyes Alonso en León, con el actuar del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés), «quienes antes de decapitar a los secuestrados los somete a la tortura».
«La Policía en Nicaragua simula los procedimientos de terrorismo», dijo Núñez.
«Delito de lesa humanidad»
El constitucionalista José Pallais también sostiene que la agresión contra la familia Reyes Alonso pueden tipificarse como tortura «que es propio de delito de lesa humanidad», por lo que «detona la naturaleza criminar de la Policía Orteguista».
«El colmo es que son los agresores quienes difunden sus crímenes lo cual implica que hay una política que premia y deja en la impunidad ese tipo de conducta, que le califica a la Policía como agrupación criminal que ofenden a la humanidad entera», afirmó Pallais.
Aunque el control del Ministerio Público y del sistema judicial por parte de Ortega y Murillo impida en estos momentos que los responsables de los crímenes contra la población respondan ante la justicia.
«Que les caigan sanciones»
Sin embargo, Pallais refirió que es importante documentar las pruebas para construir las bases suficientes para que ante instancias internacionales la PO sea «declarado como grupo criminal y terrorista organizado, fuera internacional del actuar de fuerzas de seguridad, por lo que a nivel mundial se estaría obligado a perseguirlo».
«La Policía está construyendo su propio expediente con sus actuaciones por lo que se esperaría que se avancen en sanciones, ya sea por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos de forma individual a los policías involucrados en las violaciones a los derechos humanos como sanciones a la institución», dijo Pallais.
