El partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) mantiene como diputado suplente ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) a Francisco Javier Sarria García, a pesar de las graves acusaciones de ser el líder de una supuesta estructura del narcotráfico que operaba en Nicaragua y el resto de Centroamérica.
Fuentes de la Asamblea Nacional y del Parlacen confirmaron que oficialmente Sarria García sigue como diputado suplente del FSLN, debido a que ni ese partido ni el Consejo Supremo Electoral (CSE) le han retirado la acreditación.
Según la acusación del Ministerio Público presentada este lunes, Sarria, identificado bajo el alias “El Doc” dirigía una estructura criminal que traficaba cocaína y marihuana desde Costa Rica hasta Honduras. La Fiscalía asegura que el diputado era el jefe de la banda y quien dirigía las acciones.
Sarria García, quien es abogado y pastor evangélico, renunció a su inmunidad como diputado para enfrentar la acusación ventilada en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, donde es titular el juez orteguista Henry Morales. La acusación además es por concurso ideal con asesinato agravado en perjuicio de Máximo Ríos Orozco y el Estado de Nicaragua.
En la Asamblea de Nicaragua a los orteguistas les bastó que el pastor Sarria renunciara a la inmunidad para frenar cualquier acción contra este, quien es suplente del reverendo Guillermo Osorno en el Parlacen.
Osorno es otro que guarda silencio en el caso de quien ha sido su protegido durante años, una relación que involucra las gestiones legales para crear iglesias evangélicas que han sido beneficiadas con el Presupuesto General de la República.
Evidencia doble rasero del régimen
El tratamiento especial que el orteguismo da a Sarria García a pesar de las graves acusaciones en su contra evidencia “el doble rasero del régimen”, critica el jurista y exdiputado opositor, Eliseo Núñez.
Por tratarse de un miembro del FSLN el caso de Sarria se ha manejado con mucho sigilo de parte de las autoridades del régimen orteguista, ya que ha puesto solo a los funcionarios y empleados fieles al partido a manejar el expediente.
Núñez explicó que en conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo cuando Sarria García renunció a su inmunidad como parlacénico, no implicó que pierda inmediatamente la condición de diputado.
“El marco regulatorio del Parlacen dice que solo ese órgano puede desaforar a sus diputados. Sin embargo, como él renunció a su inmunidad, se allanó el proceso y por tanto ya no importa si lo desaforarán en la Asamblea de Nicaragua o en el Parlacen”, explicó Núñez.
Lo criticable para ese jurista es que la dictadura de Daniel Ortega pretenda ahora ajustarse a las normas para no destituir a Sarria García como legislador, como sí ha actuado represivamente contra los opositores.
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“El estatus como diputado Sarria García lo perderá no por la desaforación o renuncia a la inmunidad, sino cuando haya una condena firme en su contra, si es que llega a ser sentenciado”, afirmó Núñez.
En julio del 2016 el CSE despojó a 28 miembros del Partido Liberal Independiente (PLI)-entonces dirigido por el opositor Eduardo Montealegre- bajo el argumento del “transfuguismo político” señalándoles de desacato a las órdenes de Pedro Reyes, a quien la Corte Suprema de Justicia le otorgó la presidencia del PLI.
Núñez fue uno de los 28 legisladores opositores destituidos por órdenes del régimen quien controla al CSE, la Corte, la Asamblea y demás poderes estatales. Recordó Núñez que la dictadura evidencia que cuando se trata de los adversarios políticos no duda en pasar por encima de las leyes, pero cuando “es uno de los suyos o de sus aliados” el tratamiento es de “guantes de seda”.
“La pregunta aquí es sobre el doble rasero que ocupa el régimen que actúa conforme el dicho popular: ‘si es para los amigos, la ayuda, y para los adversarios, la ley’. Ese es el caso de Sarria a quien le están dando la oportunidad de defenderse en un caso grave como es ser acusado de narcotráfico y un crimen atroz, y le conservan el cargo. Hubiera querido ver que se respetara el derecho a la defensa a los presos políticos”, señaló el jurista Núñez.