La reforma a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sería aprobada esta semana en la Asamblea Nacional, a pesar de las advertencias de los legisladores liberales de que se estaría debilitando la relación jurídica entre los abogados y notarios públicos por cuanto el sigilo profesional con sus clientes quedará reducido a cuando se les asista o represente legalmente en un juicio, no obstante ya no tendrá obligación de mantener protegida la información de sus clientes en cualquier otra situación.
El dictamen de la reforma a la Ley de la UAF (Ley 976) fue pasado por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto a la Junta Directiva parlamentaria quien la incorporó en la agenda de temas a ser aprobados esta semana, según refleja el sistema electrónico de la Asamblea.
La bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), a través de la diputada Azucena Castillo, presentó un voto razonado en donde se opone a reformar la Ley de la UAF porque como la propone el régimen orteguista se aumenta la discrecionalidad de las autoridades para seguir usando la norma como instrumento político contra los sectores opositores.
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Los abogados y notarios públicos quedaron como sujetos obligados con la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, que fue reformada a principios de agosto pasado. Aunque los diputados orteguistas defendieron al régimen de las críticas diciendo que los notarios y abogados no estarían sujetos ante la UAF directamente, ahora formalizarán esa obligación con la reforma a la Ley 976.
En el dictamen aprobado por la mayoría de los diputados orteguistas se indica claramente la ruptura del sigilo profesional al sostener que «el secreto profesional está limitado», porque en la Constitución en su artículo 24 establece que «los derechos de las personas están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común».
«Al establecerse el deber de los profesionales del Derecho como sujetos obligados a reportar las operaciones inusuales al Poder Judicial al momento de tener conocimiento de las mismas, manteniendo únicamente el secreto profesional en el desempeño de su tarea de defender a sus clientes en o con respeto a diferentes procesos, sean estos judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación», precisa el dictamen de los orteguistas.
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La reforma a la Ley de la UAF fue dictaminada el jueves pasado por la Comisión Económica, donde su presidente, el orteguista Wálmaro Gutiérrez, dijo que la confidencialidad “no puede ser un burladero que impida de que el abogado y notario público cuando esté evidentemente frente a una operación inusual no tenga la responsabilidad de trasladar la información que tenga en su mano hacia la autoridad competente que en este caso no es la UAF, sino que es esa unidad especializada dentro del Poder Judicial”.
Los reportes de «operaciones inusuales» que detecten los abogados y notarios en los negocios o gestiones que realicen de personas naturales o empresas las presentarán a una «unidad especializada» de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde «evaluarán» la información suministrada para decidir si la remiten a la UAF donde se decidirá si inicia un proceso investigativo y acciones penales contra los señalados, según los documentos oficiales.
La CSJ aún no informa de la conformación de esa «unidad especializada» y tampoco de los procedimientos para presentar las «operaciones inusuales» sobre actividades ilícitas de lavado y terrorismo que los profesionales del Derecho consideren que deben reportar.
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La diputada Castillo expuso en su voto razonado en contra de esta reforma alegando que se ignora la posición de la mayoría del gremio quien a través de diferentes asociaciones como el Colegio de Abogados y Notarios en formación, «han expresado su preocupación en que se les pretende convertir en espías de sus clientes», así como el que el hecho que se les traslada funciones de la Policía Orteguista (PO).
Castillo, exministra de Comercio, explicó a LA PRENSA que se oponen porque la modificación a la Ley de la UAF, al igual que como se hizo a la Ley contra el lavado de dinero, porque ambas leyes desde su aprobación «no eran pertinente ni oportunas», debido a que fue en el contexto de las protestas ciudadanas, iniciadas en abril del 2018 contra la dictadura de Daniel Ortega quien las ha utilizado para acusar y procesar a los protestantes.
«Estas leyes llevan un alto contenido de discrecionalidad con la que actúan los que las aplican, incluso esto lo ha mencionado la CIDH en sus informes sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua en que las autoridades las usan para condenar por terrorismo a los manifestantes y a las nueve ONG que les quitaron su personería los señalaron de financiamiento del terrorismo», dijo la diputada Castillo.
Expolicía y exjueces orteguistas fueron los consultados
Los orteguistas a quienes invitaron a la consulta de la reforma a la Ley de la UAF fueron a las autoridades de esa entidad y a la Asociación Nicaragüense de Abogados y Notarios Públicos (Anayn). Los directivos de esa asociación fueron Julio Morales Aragón, quien en 2005 fue suspendido por la CSJ como juez suplente por su involucramiento en la sustracción de un dinero incautado a narcotraficantes colombianos. También el comisionado general en retiro y exinspector de la PO, Juan Ramón Gradiz y el abogado Marvin Rafael Cuadra quien defendió al exdirector de la DGI, Walter Porras, en el caso por corrupción.
La legisladora Castillo insistió en que las asociaciones de abogados que no fueron invitadas a exponer sus opiniones en la Comisión Económica, «me han dicho que están inquietos, porque hay una línea frágil en lo del sigilo profesional, pero además hay gente asustados de quedar políticamente expuestos», afirmó.
Las reformas impulsadas a la Ley contra el lavado de dinero y de la UAF el régimen orteguista las justifica en que se ajustan a las obligaciones del Estado con las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Intrernacional (GAFI), sobre las normas internacionales de prevención.
Castillo refirió que como bancada del PLC notificarán al GAFI de su posición de oposición a los cambios en las leyes de la UAF y contra el lavado y el terrorismo, «para que entiendan que no es en contra de la lucha contra esos delitos, sino que «en Nicaragua no haya transparencia ni Estado de derecho, sino que el Gobierno usa estos instrumentos legales para criminalizar a la población, para violentar los derechos humanos».
