Juristas y diputados opositores analizan que si bien en lo general con la nueva Ley contra el lavado de dinero el Gobierno responde a las exigencias internacionales, señalan que hay excesos en las facultades otorgadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El jurista José Pallais cuestiona que tanto en la Ley contra el lavado de activos y en la nueva Ley de la UAF, propuestas por el ejecutivo, no existan límites a la forma de operar de las autoridades porque, por ejemplo, no valdrá el sigilo sobre el estado financiero de las empresas y se podrá intervenir un negocio aun cuando no hayan pruebas sólidas de que hay un ilícito o no se tenga orden judicial para actuar.
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“Se establece demasiada discrecionalidad, se le amplían las facultades sin haber un límite de las operaciones objetos de observación y seguimiento de la UAF”, afirma Pallais.
El presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, remitió a la Asamblea Nacional la propuesta de la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas masivas. También promueve una nueva la Ley de la UAF.
Pallais y el diputado liberal Jimmy Blandón explicaron —por separado— que con las nuevas leyes el Gobierno está fortaleciendo su sistema legal en la lucha contra el narcotráfico, lavado de activos y el terrorismo a los niveles demandados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y de gobiernos como el Estados Unidos.
Roces constitucionales
Sin embargo, Blandón y Pallais insisten en que las propuestas de ley deben ser modificadas para eliminar la alta discrecionalidad con la que se le estarían permitiendo actuar a la UAF y a otras entidades como la Dirección General de Aduanas (DGA), que para los especialistas rozan con derechos constitucionales de los nicaragüenses.
Pallais afirma que la nueva Ley de la UAF “está diseñada para permitir abusos con funciones ilegítimas” y a crear un “Estado de espionaje”.
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“Lo más grave para mí es que hay un serio choque con la Constitución de la República en cuanto a las garantías de los derechos individuales, porque en la (nueva) Ley de la UAF se suprime lo que establece su actual ley, de que la UAF actuaba bajo los límites constitucionales”, dijo Pallais.
Refirió el jurista que el artículo 26 de la Constitución establece “el derecho a la inviolabilidad de su domicilio” del ciudadano, y si bien hay excepciones para que las autoridades examinen documentos de una organización o empresas sujetas a la Ley del antilavado, “esa excepción deben aprobarla los Tribunales de Justicia”.
“La intervención presencial de los funcionarios (de la UAF) cuando ellos quieran a los bancos, a las oficinas de las empresas, de los abogados, de todo sujeto obligado bajo la ley, sin autorización judicial, es una clara violación constitucional”, insistió Pallais.
Ese poder se le otorgaría en el artículo 15 de la nueva Ley de la UAF, el cual dice que “puede llevar a cabo supervisiones in situ o presenciales, y extras in situ o a distancia sobre los sujetos obligados, y podrá entrar a los locales” “y requerir y examinar los documentos, registros, programas informáticos u otros materiales” las veces que la UAF lo considere. No se establece en la iniciativa que deban tener una orden judicial para proceder.
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“La privacidad financiera queda seriamente limitada en el país, pues hay otra situación grave con esta ley y es que en el artículo 6 se deja que la UAF podrá compartir información de cualquiera de los sujetos regulados con la Policía y el Ministerio Público sin aún tener indicios serios de que hay presunción del delito, eso no puede permitirse”, afirmó Pallais.
El diputado Blandón, del PLC, señaló como un “exceso” que en la propuesta de Ley antilavado se faculta al personal de la DGA a retener a todo ciudadano que ingrese o saque del país cualquier cantidad de dinero, a pesar de que por ley se mantendrá que son diez mil dólares el mínimo de valor en mercancía o en efectivo los obligados a declarar.
“Aquí hay una contradicción entre el artículo 26 y el 27 de la propuesta de Ley antilavado, no se le pueden dar esa discreción para actuar a la DGA, debe quedar claro cuál es la cantidad de dinero a ser declarado”, dijo Blandón.