A pesar del rechazo de los familiares de las víctimas de la masacre en las protestas ciudadanas por fuerzas gubernamentales, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo aceleran la aprobación de su polémica ley del “perdón” para esta misma semana, un mecanismo que daría amnistía a los paramilitares y a la Policía Orteguista (PO), responsables de crímenes contra la población.
El canciller orteguista Denis Moncada Colindres informó que desde ayer el proyecto de ley está en la Asamblea Nacional para su aprobación.
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“Ese proyecto de ley se comenzará a trabajar a partir hoy (ayer 27 de mayo) ya en la Asamblea Nacional, para darle el trámite que corresponde una vez que sea presentado por la instancia correspondiente”, dijo Moncada a medios oficialistas.
La “Ley del Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista de Abril, Mayo, Junio y Julio del 2018, basado en el principio de perdón, no olvido y no repetición” es el nombre del proyecto, según comunicó el régimen.
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Hasta anoche, en el sitio web de la Asamblea Nacional no estaba disponible el proyecto y tampoco se había entregado a los miembros de la junta directiva, afirmó el jefe de la bancada del PLC, Jimmy Blandón.
Fuentes legislativas explicaron que al proyecto de la “ley del perdón” o de amnistía se le daría un trámite rápido debido a que Ortega lo quiere aprobado a más tardar el 30 de mayo, Día de la Madre en Nicaragua, “porque esa ley la usarán para justificar la excarcelación de los presos políticos que les faltan, pero que dejaría protegidos a los grupos de choque y a la Policía ante cualquier investigación”.
Dictadura tiñó de sangre el día de la madre
El 30 de mayo del 2018 el régimen Ortega-Murillo lo tiñó de sangre al ser asesinados 18 ciudadanos, la mayoría durante el ataque de paramilitares y la Policía Orteguista (PO) a la gran marcha que fue convocada por las madres de quienes ya habían sido asesinados en las protestas desde abril de ese año, por huestes orteguistas.
Desde hace 13 meses el país está sumido en una crisis social, política y económica como consecuencia de la represión de la dictadura Ortega-Murillo contra los sectores que exigen su salida del poder, así como un proceso independiente que investigue los crímenes cometidos contra la ciudadanía.
Huestes orteguistas asesinaron a cientos
Los asesinados durante la represión se estiman entre 325 y 536, además de miles de heridos, torturados, decenas de desaparecidos, miles de exiliados y unos 730 presos políticos.
En su informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo que en Nicaragua se cometieron delitos de lesa humanidad como fueron el asesinato, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física y la persecución, violación, tortura y desaparición forzada.
Investigar al dictador, a jefe policial y a paramilitares
El GIEI señaló a paramilitares y a la PO como los ejecutores de los crímenes contra la población, como respuesta a una política del Estado. Por ello, se recomendó investigar la responsabilidad del dictador Ortega, del jefe de la PO —Francisco Díaz— y los demás mandos policiales.
Todas las recomendaciones han sido obviadas por la dictadura Ortega-Murillo, que ahora impondrá su propia ley del “perdón”, pese al rechazo de la Asociación de Madres de Abril (AMA) que agrupa a los familiares de las víctimas de la masacre, así como de los diferentes sectores sociales y de la opositora Alianza Cívica (AC).
Sus “cientos” de víctimas
Los detalles de cómo se compensará por parte del Estado a los que el régimen seleccione como “víctimas” no han sido revelados, sin embargo, en el comunicado de ayer se afirmó que ya son “centenares de familias que son recibidas en calidad de víctimas sufrientes del terrorismo golpista”.
El canciller Moncada refirió que el objetivo de la ley del “perdón” es “resarcir y reparar los daños humanos y materiales”, mencionando a 22 policías muertos y heridos durante la jornada de represión a las protestas como las víctimas, pero no habló nada de los estudiantes, campesinos y demás ciudadanos asesinados por la PO y los paramilitares orteguistas.
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, la ley del “perdón” se inscribe en la estrategia de Ortega de tomar decisiones unilaterales para desconocer la demanda de la ciudadanía a través de la AC, de que haya una investigación independiente para que los responsables de la masacre enfrenten la justicia.
“Hay un absoluto rechazo porque con esa ley Ortega obtendrá su autoamnistía, porque sabe que son responsables de todos los crímenes cometidos durante estos meses por su gobierno”, dijo Núñez.
La presidenta del Cenidh refirió que con esa ley del “perdón” el Estado “revictimizará en su dolor” a las madres y demás familiares de quienes “les asesinaron a sus seres queridos, porque se les niega la justicia y declarar ahora que son intocables los asesinos, es seguir agrediéndolas”.
Régimen acepta tener más presos políticos
Las negociaciones entre la Alianza Cívica (AC) y el régimen orteguista están suspendidas desde hace dos semanas, luego del asesinato del preso político Eddy Montes Praslin por custodios del Sistema Penitenciario Nacional, durante un ataque a más de cien reos políticos en la galería 16-1.
Hasta el 21 de mayo de 2019, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos contabilizó 730 presos políticos, de los cuales 401 han sido excarcelados con procesos abiertos o condenas. Hay 102 denuncias que aún no se han podido confirmar
Sin embargo, el canciller orteguista Denis Moncada afirmó que “faltan exactamente 142 por excarcelar”. Aunque es menor la cifra a lo que demanda el Comité, el régimen reconoce tener a más protestantes en las cárceles, ya que hasta el viernes pasado aseguraba que eran 132 las personas pendientes de excarcelar.
Existe una acuerdo firmado con la AC en la que el régimen se comprometió a que deben ser puestos en libertad y eximidos de toda causa judicial todos los presos políticos en un plazo máximo de noventa días, que se vence el próximo 18 de junio.