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No existen garantías para que los hombres y las mujeres de prensa puedan ejercer su labor sin ningún obstáculo, alerta la FVBCH. LAPRENSA/O. Navarrete

Expondrán situación de la libertad de prensa en Nicaragua ante funcionarios de las Naciones Unidas

Entre las recomendaciones para el régimen de Ortega está que cese toda acción de agresión contra periodistas y que adopte medidas "de manera inmediata" para garantizar su integridad física

La red IFEX-ALC para la defensa de la libertad de expresión y la prensa libre en conjunto con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sostendrán un encuentro con funcionarios de los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exponer una serie de recomendaciones que permitirán garantizar el clima de la libertad de expresión en Nicaragua.

Asimismo la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) presentará un informe sobre los retrocesos y violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. El informe de la FVBCH que se presentará en el examen del Consejo, pedirá a Ortega “asegurar las garantías constitucionales para un retorno seguro de los periodistas”, “abstenerse de censurar y  asegurar que la libertad de expresión”, “promover y respetar el derecho de los medios de comunicación”.

Marianela Balbi, presidenta del Comité Coordinador de IFEX-ALC, organismo que defiende la libertad de expresión y de prensa en 15 países de América Latina y el Caribe, aseguró que dichas recomendaciones, basadas en testimonios de periodistas nicaragüenses y activistas, “apuntan a fortalecer la libertad de expresión en ese país. Apoyar estas recomendaciones enviaría una señal clara al gobierno del presidente Ortega sobre su incapacidad para proteger los derechos esenciales”.

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La reunión se realizará en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) a llevarse a cabo el próximo el 15 de mayo. Este se realiza cada cinco años y su objetivo es analizar el registro de los derechos humanos de cada Estado miembro de la ONU.

Por su parte, Mónica Valdes, vice presidenta AMARC-ALC, aseguró que el mensaje que buscar darle a los funcionarios de los Estados miembros de las Naciones Unidas es que “sin libertad de prensa no hay libertad”.

Guillermo Medrano, de la FVBCH, subrayó que la fundación se muestra “profundamente preocupada” por el incremento de ofensas, agresiones y campañas de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación. “Coloca a la libertad de prensa en el foco del acoso por parte de las autoridades del Gobierno de Nicaragua, lo que ha provocado que el ejercicio de la labor periodística se convierta en una profesión peligrosa”, señaló.

El deterioro de la libertad de prensa y expresión también tiene que ver con la casi nula acceso a la información pública hacia los nicaragüenses, indicó la fundación: “Las pocas Oficinas de Acceso a la Información Pública son disfuncionales, o en su defecto han perdido la naturaleza de su creación convirtiéndose únicamente en Oficinas de Relaciones Públicas”.

Las recomendaciones

Una de las recomendaciones conjuntas de IFEX-ALC, AMARC-ALC y la SIP es que el régimen de Daniel Ortega cese toda acción de “agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el gobierno”, que adopte medidas “de manera inmediata” para garantizar la integridad física de todos los profesionales de los medios de comunicación “a través de la implementación de protocolos de protección”.

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Además instaron al régimen orteguista a que respete y cumpla las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las víctimas, activistas, periodistas y sus familiares que fueron atacados y amenazados durante el contexto de la represión estatal en Nicaragua.

Otras de las recomendaciones es que el régimen desista de criminalizar la protesta y a los manifestantes, a quienes les imputa delitos irreales a través de procesos fraudulentos, que la respuesta de la Policía Orteguista (PO) a estas manifestacones “no sea de represión sino de protección de quienes participan en la protesta” y así mismo “garantizar la protección de los periodistas que cubren la protesta”.

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