Los diputados del Parlamento Europeo (PE) aprobaron este jueves la resolución que pide sanciones individuales para los funcionarios del régimen de Daniel Ortega que son responsables de la represión que vive el país desde el 18 de abril del año pasado.
Ahora la aplicación de estas sanciones está en manos de los miembros del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, compuesto por los cancilleres de los 28 Estados miembros.
Aunque las sanciones no se han concretado, la diputada socialista de origen portugués, Ana Gomes, hizo ayer sus recomendaciones sobre a quien aplicar los castigos, presentando una lista de 17 funcionarios nicaragüenses, encabezada por la pareja presidencial Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, así como sus hijos Rafael y Laureano. También los titulares del poder judicial, legislativo, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, la fiscal general, cinco alcaldes, entre otros.
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La eurodiputada manifestó que los funcionarios de la lista deben ser sancionados “más allá de la implementación de las sanciones específicas precompetidas por el PE en la resolución” aprobada este jueves. Gomes acusó a dichos funcionarios de ser partícipes “en la corrupción y la mala gobernación” de Nicaragua.
Esta legisladora formó parte de la delegación de parlamentarios europeos que visitó Nicaragua en enero, para verificar “in situ” la situación que atraviesa el país desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles, que ha dejado entre 325 y 535 muertos, según reportes de organismos de defensa de derechos humanos.
Votación fue mayoritaria
La resolución que pide sanciones para los funcionarios orteguistas, fue aprobada con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, de un total de 386 presentes.
Los parlamentarios solicitaron que el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros implementen, sin perjudicar a la población nacional, un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como la prohibición de visados y la inmovilización de activos contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los derechos humanos. También instan la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la UE y América Central, lo que suspendería a Nicaragua de ese acuerdo.
Además, los eurodiputados reclaman al régimen “la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, el cese inmediato de todas las formas de represión (…) y el retorno de las organizaciones internacionales al país”.
También piden “con carácter de urgencia” “un diálogo interno significativo para hallar una solución sostenible y pacífica que permita a todos los actores de la sociedad disponer de un espacio de actuación y expresión libre, y restablezca sus derechos civiles”.
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Los legisladores solicitan que la vicepresidente y alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, apoye las sanciones y supervise de cerca las negociaciones que se están llevando a cabo en el país entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
CIDH se pronuncia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue una de las organizaciones expulsadas por Ortega en diciembre pasado, por documentar las violaciones de derechos humanos.
La CIDH reconoció este jueves la resolución del PE como una confirmación de los hallazgos que hicieron durante los meses más cruentos de la represión, entre mayo y junio del 2018, los cuales describió un grupo de expertos como crímenes de lesa humanidad.