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CONTENIDO EXCLUSIVO.Después del turismo y el comercio, la construcción se perfila como uno de los sectores económicos más golpeados por la actual crisis sociopolítica. El impacto ha sido de tal magnitud que este año el sector no contempla en su cartera ningún proyecto de gran envergadura, lo que pone en jaque cualquier posibilidad de recuperar el crecimiento económico, tomando en cuenta que este por años fue uno de los principales motores de expansión económica.
Las perspectivas son desalentadoras porque las reformas a la Seguridad Social —que ya está siendo implementada— y el paquetazo fiscal —que aún está en veremos en la Asamblea Nacional—, van a profundizar la crisis del sector, advierte Leslie Martínez, presidenta de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC).
El sector construcción privada inició el 2019 sin ningún proyecto significativo en cartera, cuando para esta fecha el año pasado tenían planificado la construcción de villas, residenciales, bodegas, plazas, entre otras obras.
Ambos ajustes fiscales empujarían al sector en estado agonizante a cerrar o migrar a países vecinos para sobrevivir, señala.
Martínez es la primera mujer que asume este cargo desde la fundación de la Cámara en 1961. Martínez, dueña de una empresa privada, asumió la presidencia en agosto del año pasado, en plena crisis.
¿Qué significó 2018 para el sector construcción?
En los primeros dos meses del 2018 la industria privada empezó a decrecer y con la crisis fue peor. Nosotros hicimos una pequeña encuesta entre nuestros afiliados, la cual arrojó que solo el 52.63 por ciento de los proyectos finalizaron, se suspendió un 39.8 por ciento (de los planificados) y quedaron de arrastre un 7.49 por ciento; eso acarreó que en el 2018 decreciera la cantidad de afiliados al INSS, de 35,801 en el 2017 pasamos a 22,290. ¿Qué significa eso? Que hubo un decrecimiento de afiliados de 37.7 por ciento. También hubo un decrecimiento de la inversión privada hasta un 13.8 por ciento, lo que contribuyó en esta caída fue la vivienda residencial, pero el sector público ayudó a que no disminuyera más, porque continuó con sus programas, que bajó pero no mucho, eso hizo el balance.
¿Cuál fue el comportamiento de la inversión pública?
Tenía programado 25,255 millones de córdobas, después de abril se redujo a 22,600 millones y finalmente se terminó ejecutando en 22,228 millones. Esa disminución fue de un 14.4 por ciento, una cosa que agravó mucho fue el decrecimiento que hubo en la vivienda de interés social, que llegó a un 36.6 por ciento, bajó drásticamente porque no había acceso al crédito bancario, entonces al no haber crédito, la vivienda social colapsó drásticamente y lo que es inversión privada estamos en cero no existe inversión privada, actualmente no tenemos inversión privada, colapsó totalmente.
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¿Es decir que para este año no se contempla ejecutar nuevos proyectos?
Para ponerle en perspectiva, nosotros nos dimos a la tarea de buscar información en el Sistema de Inversión Pública, en el Siscae y encontramos una información muy valiosa, encontramos que en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) tienen programado para este año 787 millones de dólares, solo para infraestructura, esa es una buena noticia, pero en el sector privado no conocemos de inversión, no existe. Por lo menos sé de varios inversionistas que el año pasado habían planificado adquisición de bienes inmuebles donde iban a iniciar sus obras en turismo, como en zonas residenciales, para atraer la inversión extranjera, había planes de gentes de hacer villas en las costas para atraer al retirado, pero eso ya no existe.
El precio de la tierra se vino abajo con la crisis política ¿qué significó para el sector esa situación y las tomas de tierras?
Así es. Bueno, el empresariado de la construcción casi siempre sus utilidades las va invirtiendo en maquinaria y en adquirir bienes inmuebles porque así crece en capacidad de fianza, esa es la fortaleza de un empresario de la construcción, entonces hacemos esas escrituraciones en línea de fianzas por tres o cinco años y de acuerdo con nuestra inversión vamos adquiriendo equipos, terrenos, infraestructura y vamos creciendo en capacidad de fianza; pero qué es lo que pasa, el problema es que al inicio hubo mucha toma de tierra, entonces los bancos se pusieron un poco temerosos, entonces podías tener un buen récord, pero el banco te decía “¿qué hago yo si de pronto invaden, yo como quedo?” y en esa lógica perdimos valor, porque en Nicaragua la plusvalía ha bajado, el mercado está deprimido, y cuando se deprime el mercado todo se viene abajo, eso a raíz de la inestabilidad, de la inseguridad, de la falta de credibilidad, eso también afecta a la empresa extranjera que tiene su línea de fianza constituida fuera de Nicaragua, porque el país ya es considerado de alto riesgo.
El constructor nicaragüense trabaja con los bancos nicaragüenses y el constructor extranjero puede ser que trabaje con bancos nacionales y con bancos extranjeros, entonces él tiene la capacidad de tener su línea de fianza en el extranjero, pero qué pasa, cuando va a una licitación entrega una fianza de oferta, cuando ya gana esa licitación, si el banco extranjero mira que Nicaragua es de alto riesgo ya no lo reconoce, o te sube las primas de esas fianzas, entonces le disminuye la capacidad de trabajo a la empresa constructora.
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¿Cuáles son las perspectivas que tienen para este año, tomando en cuenta que hay una reforma al Seguro Social y se avecina un duro ajuste fiscal?
En la industria de la construcción afecta bastante primero a los trabajadores porque pasaron de 6.25 a siete por ciento, aunque se ve un diferencial pequeño, pero para un trabajador no es pequeño, porque él tiene que planificar que ese egreso le está disminuyendo su salario, por ende su capacidad de adquisición. A la construcción le afecta porque al empleador pasa del 19.5 al 22.5 por ciento y si tenía una obra contratada que dura 180 días calendarios, ese diferencial de costo no lo puede recuperar mediante la cláusula escalera (que permite ajustes) que debería de haber en los contratos, porque los contratos públicos no tienen cláusulas escaleras para proyectos con duración de ese período, solamente escalan los proyectos que pasan los 180 días calendarios. Si tenía un contrato en el mes de febrero y con este mismo plazo no contempló ese incremento, entonces lo perdió, eso para los que están en ejecución, pero los que están a licitarse obviamente el costo va a subir, entonces encarece la construcción, eso es solo por aplicación de la reforma al INSS.
¿Ese encarecimiento se traducirá en más desempleo?
La mayoría de las empresas nos han hecho saber que han buscado cómo perjudicar lo menos posible a los empleados, han hecho reducción de horario, nuevos arreglos de salarios con el personal, pero obviamente también tiene que reducir de alguna manera otros elementos, otros gastos que están dentro de su presupuesto para salvar al personal de mandarlo al desempleo.
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¿Qué les preocupa de la reforma fiscal?
Eso es más grave todavía porque de acuerdo a la primera propuesta que es la que yo conozco, eso de entregar el tres por ciento como anticipo de nuestras ventas mensuales y no a cuenta de nuestras utilidades, es muy severo para nosotros, tan drástico que eso llevaría a cuatro situaciones: una que más empresas se vayan a la informalidad; dos que reduzcás tu capacidad o tamaño; tres que tengás que cerrar; cuatro otras empresas se verían obligadas a migrar, a buscar nuevos horizontes fuera (del país), por ejemplo, en el área centroamericana, pero no todos tienen la misma posibilidad porque para ir a competir fuera de nuestro entorno en Nicaragua hay que tener mucha capacidad, mucha experiencia, podrán irse los medianos para arriba, pero los pequeños que son la mayoría no se podrán ir, es muy difícil, tendría que cerrar o irse a la informalidad. Si ya este sector tenía bastante cantidad de empresas informales eso va a incrementar, nosotros estamos esperando que esto no suceda, que no se apruebe esa ley, que escuchen las quejas del sector porque estas son medidas recaudatorias.
¿Qué mensaje le enviaría al Gobierno al respecto?
Yo le hago un llamado al Estado de Nicaragua para que flexibilice, de ser posible no aprobar la propuesta de reforma tributaria para que el empresariado nicaragüense constructor y las empresas suplidoras o proveedores y consultores no se vayan a la informalidad, ni cierren las empresas, porque al fin y al cabo, a quien más se daña es al empleador y si nos volvemos informales los empleados no reciben la paga que las empresas constructoras debidamente constituidas pagamos.
¿Cuántas empresas del sector están como grandes contribuyentes y que estarían obligadas al tres por ciento de anticipo?
Generalmente los grandes contribuyentes podrían ser, según un estimado un 15 o veinte por ciento del sector.
¿Cómo se ha visto afectado el sector con la caída de la cartera de crédito de la banca?
Los bancos no están dando créditos, volvemos a lo mismo, hay empresas que tendrán que irse a la informalidad, migrar o cerrar, cada quien va a tomar su decisión de acuerdo a sus necesidades y capacidades. Esto es como cuando alguien está enfermo, yo hago una comparación como cuando alguien está enfermo que no puede donar sangre, nadie dona sangre estando enfermo y si te piden que donés no vas a donar, si te lo imponen, no lo vas a poder hacer. Yo comparo esto con la crisis que estamos viviendo, porque además que estamos sin financiamiento con esta nueva reforma tributaria viene a sacarnos la sangre como a un enfermo, así me lo imagino yo, viene a sangrarnos.
¿Creen que el Estado no está jugando su papel como facilitador para dinamizar la construcción?
Tenemos el concepto de que el Estado es como el gran proveedor, pero el Estado debe ser el gran facilitador para que el empresario nicaragüense y extranjero le vaya bien. Usted vio que ahorita con la fuga de depósitos se derrumbó la economía de este país, no hay que saber mucho de economía para saber que el motor que mueve el país es la inversión privada y que el Estado es solo un facilitador, está demostrado, ahorita que es lo que está sosteniendo este país, otros sectores como la agroindustria, las zonas francas, y las remesas familiares.
¿Qué impacto podría tener si el financiamiento se congela con las sanciones impuestas al país?
Si ya el país empezó a decrecer y se augura una caída del diez por ciento y hay economistas que han pronosticado hasta un veinte por ciento (de caída), con esto muchas empresas del sector cerrarían, ya tenemos antecedentes en los años ochenta, porque si se aplica la Nica Act no habrá nuevas inversiones, entonces corremos mucho mayor riesgo, estaríamos al borde de una mayor crisis, pero al día de hoy es como esperanzador que haya habido ese preámbulo del diálogo.
A propósito de eso ¿cómo valora la posibilidad de que se reanude el diálogo nacional?
No soy política, simplemente empresaria, pero estamos viendo de manera positiva que inicie el diálogo lo más ante posible, habrá condiciones que pongan las dos partes, en un diálogo lo que se lleva a cabo es una negociación y lo que esperamos es que haya voluntad de ambas partes para que no hundamos este país, yo confío, tengo esperanza de que el Gobierno tenga la voluntad de sentarse, y esperemos que sea inclusivo, verdadero, honesto y transparente para que finalice esta crisis en la que estamos.
¿Cuánto le tomaría al sector recuperarse?
Yo creo que me ha hecho una pregunta sumamente interesante e importante, todo va a depender de la imagen país, después de esta abrupta situación sociopolítica que hubo en Nicaragua, los inversionistas van a estar a la expectativa que aquí volvamos al respeto de la institucionalidad y democracia, nadie llega a un país que está con revueltas e inestable, nadie. Entonces tiene que haber una estabilidad, una imagen país positiva y puede ser que se alcance a un corto o mediano plazo, pero va a depender mucho de cómo nos vean los inversionistas fuera de Nicaragua y que el inversionista nacional que retiró sus ahorros de los bancos tenga la seguridad que sus fondos no correrán riesgos.