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El presidente del INSS, Roberto López, ( LA PRENSA/ U. MOLINA

Régimen orteguista está desesperado por dinero

El empréstito es de cien millones de dólares, en concepto de apoyo presupuestario, los que Wálmaro Gutiérrez dijo serán un “colchón de respaldo” ante la eventual suspensión de recursos comprometidos por los organismos multilaterales.

En su desesperación por obtener recursos, el orteguismo aprobó este martes un millonario préstamo de Taiwán y este miércoles concretarán la reforma fiscal.

El diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, reconoció que necesitan recursos extras para sostener el Presupuesto del 2019, por lo que el préstamo millonario otorgado por Taiwán oxigena al régimen.

El empréstito es de cien millones de dólares, en concepto de apoyo presupuestario, los que Gutiérrez dijo serán un “colchón de respaldo” ante la eventual suspensión de recursos comprometidos por los organismos multilaterales.

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Estados Unidos aprobó la Nica Act, que supone una serie de sanciones, entre ellas el bloqueo al gobierno de Ortega para que acceda a financiamiento de los organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial (BM).

La reforma fiscal

En el caso de la reforma fiscal, calificada como recaudatoria, resultará insuficiente para cubrir el déficit presupuestario provocado por la crisis sociopolítica y económica, consecuencia de la represión contra los nicaragüenses.

La exministra de Comercio y actual diputada liberal, Azucena Castillo, les insistió ayer a los orteguistas en la Asamblea Nacional que deben detener la aprobación de la reforma tributaria.

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El razonamiento de Castillo es que, al haber recesión en el país, no se generarán los 317 millones de dólares que se ambiciona recaudar, pero sí empeorarán la crisis económica al conducir al cierre de más empresas y también a más trabajadores en el desempleo.

Debido a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Ortega contra la población, desde el inicio de las protestas en abril de 2018, las cuales fueron reprimidas a fuego y sangre, la comunidad internacional impulsa sanciones políticas y económicas contra el régimen.

Castillo advirtió que el paquetazo fiscal, junto a las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ya impuestas, “son un combo peligroso de inestabilidad” porque al elevarse la carga de impuestos a las empresas generará mayor “desempleo en las ciudades e informalidad”.

Sin embargo, ayer los diputados orteguistas empezaron el trámite de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria (LCT) con la lectura del dictamen de mayoría a favor.

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Fue leído durante unos cuarenta minutos por el legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez. Posteriormente la diputada Castillo presentó el voto razonado en contra del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Luego, el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, suspendió la sesión y convocó a los diputados a continuar la discusión este miércoles, cuando se concretará la aprobación en lo general y particular para que la reforma fiscal sea ley.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y otras cámaras empresariales rechazan el paquetazo fiscal por confiscatorio.

Entre las medidas se aumenta en 2 y 3 por ciento la alícuota del Impuesto sobre la Renta (IR) del pago mínimo definitivo mensual a las medianas y grandes empresas, se condiciona el crédito tributario del 1.5 por ciento a la exportación y se elimina varias exoneraciones.

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Además se grava con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a materia prima para la producción nacional, y con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a bienes y alimentos de la canasta básica.

“La cuerda con la que se va ahorcar más”

Castillo consideró “extemporáneas” las medidas fiscales debido a que se impone cuando el país sufre recesión, pues el año pasado la economía cayó 4 por ciento y se prevé que en 2019 sea del 1.01 por ciento.

A criterio de Castillo, las medidas eran viables cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomendaron la eliminación de las exenciones y exoneraciones para mejorar la equidad y la asignación de recursos del Presupuesto público.

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“Se desaprovechó el período de 11 años (del modelo de consenso entre el régimen y el sector privado) para hacer esas reformas, cuando la economía tenía un crecimiento sostenido de casi el 5 por ciento”, afirmó Castillo.

Al exponer el voto razonado, la legisladora dijo que las reformas fiscales “vienen a producir más angustias y desasosiego, por el encarecimiento de la vida, el desempleo y la inseguridad alimentaria” debido al aumento de precios que causará a la canasta básica, la producción y las exportaciones.

También las calificó de “inapropiadas”, al recordar que se imponen “en medio de un panorama de luto, encarcelamientos políticos, represión e incertidumbre”, la que sufren los nicaragüenses por parte de la dictadura orteguista.

Incluso la legisladora liberal advirtió que esta reforma fiscal más la del INSS “es la cuerda con la que se va ahorcar más el Gobierno”, porque “viene a exacerbar más el descontento social porque se caerá en cascada la calidad de vida de todos los nicaragüenses, especialmente la de los más pobres”.

Gutiérrez ahora es enemigo del capital

El conservador Alfredo César, uno de los diputados colaboracionistas del régimen, se abstuvo de votar a favor del préstamo de los cien millones de dólares de Taiwán, pero propuso que como los fondos permitían cubrir el déficit presupuestario, se evitará aumentar la carga fiscal a los empresarios. El orteguista Wálmaro Gutiérrez le contestó que “si alguien quiere arrodillarse al gran capital, tiene su derecho”, como si el Gobierno no hubiese mantenido una alianza en los últimos 11 años.

Metas

El presupuesto de ingresos de 2019 aprobado es por 69,751.04 millones de córdobas. En tanto, el presupuesto de egresos o gasto es de 80,014.52 millones de córdobas.

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El déficit presupuestario asciende a 10,263.4 millones de córdobas, que están supuesto a cubrirse con financiamiento externo, el que está en duda debido a las sanciones por la masacre al pueblo.

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