“Golpe de estado”: El principal alegato del régimen Ortega-Murillo para justificar la aterradora cifra de más de 325 asesinatos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atribuye mayoritariamente a las fuerzas policiales y paramilitares organizadas por el Estado, no constituye elemento jurídico para eludir responsabilidades penales ante un tribunal internacional ante los señalamientos de la comisión de delitos de lesa humanidad que le achacan a la administración Ortega-Murillo, dijo el abogado experto en derechos humanos, Uriel Pineda.
El experto señala que los primeros señalamientos de abusos en abril de 2018 fueron sobre el uso desproporcionado de la fuerza policial.
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“En vista que las protestas desbordaron la capacidad del accionar policial, el gobierno pudo justificar su accionar desde el restablecimiento del orden, pero el desproporcionado uso de la fuerza necesitaba una explicación mayor, de ahí la necesidad de inventar un intento de golpe de Estado”, dijo Pineda.
“Pero la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos evidenciaron algo mucho más grave que el afán del Gobierno por desalentar, suprimir y reprimir cualquier protesta social como una forma de infundir miedo y poder perpetrarse en el poder”, señala Pineda.
LA PRENSA/JADER FLORES
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¿Un golpe de estado, a la luz del derecho universal, justifica el excesivo uso de la fuerza?
Un golpe de estado no justifica el uso de la fuerza. El excesivo uso de la fuerza configura una política de Estado, que sumado a los asesinatos, desapariciones, torturas y demás, son un crimen de lesa humanidad.
¿Cuándo cabe la figura de un golpe de estado?
Un golpe de estado lo hacen fuerzas armadas disidentes o grupos armados. En todo caso le es legítimo a un gobierno sofocar una rebelión contra militares disidentes o guerrillas, pero es absolutamente prohibido atacar población civil. De ahí que las acciones del Gobierno son crímenes de lesa humanidad. Convertir en blanco de ataques a población civil por ejercer su derecho a la protesta es injustificable jurídicamente hablando.
El gobierno insiste en un golpe de estado ¿Qué busca con esa hipótesis?
El gobierno insiste en que hubo un intento de golpe de estado porque de lo contrario debe admitir más que el uso desproporcionado de la fuerza: admitiría que cometió un crimen de lesa humanidad. El concepto de golpe de estado es un concepto político más que jurídico y se trata de que el ejercicio del gobierno se haga acorde a las reglas de sucesión establecidas en la Constitución y que ningún poder fáctico se arrogue la representación. Sin embargo, la propia declaración universal de derechos humanos reconoce en su preámbulo el derecho a la rebelión de los pueblos por tener como gobiernos a tiranías. De ahí que se fundamentan las guerras civiles y el derecho humanitario internacional que las rigen. En términos generales la ruptura de orden constitucional derivado de una guerra civil como la que ocurrió con Somoza se fundamenta en el derecho internacional humanitario que regula las reglas de la guerra. No solo para las fuerzas armadas, sino también guerrillas, pero deben reunir esa condición de tener mando organizado, control territorial armas y objetivo político.