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CONTENIDO EXCLUSIVO.El paquete de reformas tributarias que impulsa la dictadura en la Asamblea Nacional y que asesta un duro golpe fiscal a los supermercados es visto por economistas como una “revancha política” de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra ese sector, por haber participado en los tres paros nacionales de 24 horas convocados el año pasado por la empresa privada, en rechazo de la represión contra los nicaragüenses y la urgencia de cambios institucionales.
En la propuesta de reforma de la Ley de Concertación Tributaria la dictadura busca obligar a los supermercados a pagar el anticipo mensual del Impuesto sobre la Renta (IR) sobre sus ventas totales y no sobre sus márgenes de comercialización, pese a que este esquema de negocio es similar a los que se busca proteger en la reforma, como son las distribuidoras de combustibles.
Tanto los supermercados como las distribuidoras de combustibles —donde Ortega tiene intereses— dependen de altos volúmenes de ventas para ser rentables.
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Pero además busca ahogar financieramente a los supermercados porque ahora a estos les tocaría pagar no el uno por ciento mensual del anticipo del IR sino el dos y hasta el tres por ciento, luego que hiciera ajuste en la alícuota del pago de este anticipo para todas las medianas y grandes empresas.
El cambio en la tributación de las cadenas de supermercados pone en riesgo la permanencia en el país de los grupos de inversionistas, pero también causará que las familias que compran en esos negocios reduzcan la demanda de bienes dado al aumento de precios, lo que impactará la rentabilidad de este negocio, advirtió un economista que pidió no ser identificado.
Para Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, el anticipo del IR sobre las ventas totales, en lugar de hacerlo sobre los márgenes de comercialización, es una medida que persigue dos objetivos: el principal es recaudar dinero por razones de déficit presupuestario, pero también existe revanchismo político contra las empresas que se sumaron a los paros nacionales.
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En la reforma a la Ley Tributaria ahora se especifican los tipos de negocios que pueden acogerse al artículo 63, para pagar el anticipo mensual del IR sobre los márgenes de comercialización, y no sobre sus ventas totales. Estos son las actividades de corretaje de seguros, corretaje de bienes y raíces, agencias de viajes, casas y mesas de cambio de monedas extranjeras y las distribuidoras minoristas de combustibles.
Sin embargo quedaron excluidos los supermercados, de acuerdo con el texto oficial, por lo que deberán pagar al Fisco el anticipo mensual sobre sus ventas totales.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Fundación Nicaragüense por el Desarrollo Económico y Social (Funides) rechazan el paquetazo fiscal calificándolo de confiscatorio porque dejará sin liquidez a las empresas, les conducirá a la quiebra y por ende a su cierre, despidos de trabajadores y hará que el setenta por ciento de los productos de la canasta básica aumenten un cincuenta por ciento.
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El régimen busca oxigenar las débiles finanzas públicas y para ello pretende obtener unos 317 millones de dólares este año a través de sus reformas recaudatorias.
El economista consultado explicó que cada vez que el régimen de Ortega hizo reformas fiscales, los supermercados “tenían una protección política” porque se les dejaba acogerse al artículo 63 de la Ley para pagar el anticipo del IR con base en los márgenes de comercialización de sus ventas.
“Pero ahora como revancha política los están castigando para que paguen el tres por ciento sobre sus ventas totales y eso los va a descapitalizar”, afirmó el economista.
Aunque los funcionarios del régimen han vendido que la reforma protege a los consumidores, el economista dijo que “esas son falsedades” porque en el caso de los supermercados al pagar más impuestos eso se lo trasladarán al precio de los productos que ofrecen.
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El especialista explicó que eso “significa que si la tienda pagó cien córdobas por adquirir un producto que vende a 110 córdobas al consumidor, ahora tributará por los 110 córdobas y no por los 10 córdobas que es su margen de comercialización”.
Caso gasolineras
En el caso de las distribuidoras de combustibles que tienen un esquema de negocios similar al de los supermercados, en la reforma se les protege porque seguirán pagando el anticipo mensual del IR sobre el margen de comercialización.
El régimen Ortega-Murillo controla la importación y comercialización de petróleo en el país a través de la empresa Albanisa y DNP Petronic.
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Además son un fuerte competidor en la comercialización de combustibles con la DNP Petronic, un negocio controlado por allegados a la familia Ortega.
No obstante un economista que prefirió no ser citado refirió que las distribuidoras de combustibles también sufrirán un efecto indirecto porque en la reforma fiscal a las petroleras, es decir a las importadoras, pasan a pagar del uno al tres por ciento del anticipo mensual del IR.
“Se puede esperar un efecto indirecto porque en el caso de las petroleras van a aumentar el precio de los combustibles a sus distribuidoras porque a ellas (las petroleras) sí les van a clavar el tres por ciento del anticipo mensual, y con eso sí salen afectadas las distribuidoras”, dijo.