Elvira Cuadra es experta en temas de seguridad. Sus estudios en sociología, su paso por la Policía, su trabajo en investigaciones y en la dirección del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) le dan la autoridad para analizar la crisis que vive Nicaragua desde la perspectiva de dos de sus principales protagonistas: la Policía y el Ejército.
Cuadra considera que el Ejército vivió dos momentos opuestos en esta crisis. El primero cuando no participó en la represión directa a la protesta social, y con ello mejoró su imagen, y la otra cuando aparecieron civiles armados que al margen de la ley atacaron la protesta sin que el Ejército cumpliera su misión y mandato de “preservar la seguridad y estabilidad de la nación”.
Con esta actitud más la evidencias de participación en el espionaje político, la confianza de la sociedad en los militares cayó a sus niveles más bajos de la historia reciente, y a criterio de la investigadora, el Ejército debe hacerse urgentemente la pregunta: ¿Se va a sacrificar con Ortega o va a servir de elemento estabilizador de la democracia?
¿Cuál es su opinión sobre el papel que ha desempeñado el Ejército en esta crisis?
Cuando inició la crisis de abril, el peor escenario era uno donde Daniel Ortega decidiera sacar a las tropas del Ejército a la calle para reprimir la movilización social. Eso no sucedió. Vimos que la posición de Ejército se apegó a lo que históricamente ellos habían hecho desde 1990, que fue dejar ese tipo de situaciones o de conflictos en manos de la Policía.
El problema de la posición de Ejército comienza darse cuando aparecen los grupos paraestatales, como les llama la CIDH…
¿Por qué la aparición de ellos sería un problema del Ejército?
En primer lugar, porque la Constitución es muy clara en eso. Dice que no puede haber más fuerzas armadas que las que están legítima y legalmente constituidas, en este caso el Ejército y las fuerzas policiales. Otra agrupación armada no puede existir en el país. El problema se acentúa cuando estos grupos comienzan a actuar, primero en los centros urbanos, cuando comienzan a usar armas de guerra, cuando hay víctimas de sus ataques, y se desplazan libremente y con toda impunidad por diferentes lugares del país. Eso le da una connotación bien distinta a la situación, pero también plantea un gran reto para la institución militar, para el Ejército, porque se constituyen no solo en una amenaza al orden interior, sino a la seguridad y la estabilidad de toda la nación.
Tanto Daniel Ortega como el jefe de la Policía, Francisco Díaz, han dicho que eran policías voluntarios o policías encubiertos que actuaban bajo el control de la Policía. ¿Siguen siendo paramilitares?
Siguen siendo grupos paraestatales. Primero, porque la actuación de los policías voluntarios y la de los policías encubiertos está regulada por la ley. Toda la actuación que hemos visto de esos civiles armados está totalmente fuera de lo que está establecido dentro de las leyes. Pero, además, tal como lo han señalado los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, hay un uso desproporcionado de la fuerza, no solo en la cantidad de hombres, el tipo de acciones que han desarrollado, y sobre todo el tipo de armamento que han utilizado. La ley que regula el uso de las armas de fuego en Nicaragua es bien clara y dice que nadie puede usar armas de guerra, ni la Policía, mucho menos en actos que sean multitudinarios, para sofocar tumultos. Aunque sean policías voluntarios y aunque sean policías encubiertos, están actuando fuera de la ley. Es grave el reconocimiento de ese estatus de identidad que en su momento, tanto Daniel Ortega como más recientemente el director de la Policía Francisco Díaz, dieron a estos civiles armados.
¿Y ese reconocimiento no justificaría la NO actuación del Ejército?
No, no la justifica porque ahí lo que se plantea es un conflicto muy fuerte entre las facultades del mismo presidente y de la Policía para ese tipo de acciones. Este tema se debatió en el periodo del noventa, tanto en el Ejército y la Policía. Tiene que ver con qué tipo de institución se iba a construir y a quién iba a responder esa institución. La misma pregunta se la plantearon las dos instituciones. En ese momento, la posición que prevaleció en el debate era que ambas instituciones respondían a la nación y no al gobierno.
¿Puede actuar el Ejército contra las órdenes del presidente de la República?
Hay disposiciones, tanto en la Constitución como en las leyes específicas del Ejército y la Policía, que dicen que el jefe supremo de ambas instituciones es el presidente de la República. Con las reformas del 2014 se eliminaron las intermediaciones y la supervisión y el control de otras instituciones, de otras autoridades civiles, que precisamente existían para que no hubiera órdenes discrecionales y directas desde la Presidencia. Esa es una premisa de los regímenes democráticos. Eso se eliminó en el 2014. Pero la Constitución dice que a quien se debe el Ejército y la Policía es a la nación y que tienen que actuar conforme a la ley, respetando principios que están ahí señalados, principios democráticos y de respeto a los derechos humanos. Eso quiere decir que esa subordinación al jefe supremo está condicionada, primero por la subordinación a los intereses de la nación, en este caso de toda la sociedad nicaragüense, y, segundo, por esos dos elementos críticos que son los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos. Si el jefe supremo está faltando a eso, la institución no está obligada a responder a esa línea de mando.
Llamó la atención el tipo de armamento que usaron estos grupos de civiles armados.
El armamento que se utilizó fue variado. Había tanto armas antiguas, de la década de los ochenta, que muy probablemente salieron de unos buzones, como también había armamento nuevo. Algunas de las fotos de civiles armados eran con armamento nuevo, nuevo, recién adquirido. Armamento que ahorita está circulando en el mercado internacional. Habría que ver cuál es la procedencia. El Dragunov o la versión venezolana del Dragunov, que no son de los años ochenta, son bastante recientes. Ese es armamento que entró en los últimos tiempos al país. Hay fusiles M16 que no son la versión de los años ochenta, son versiones actuales de esos fusiles de guerra. Con las declaraciones públicas del mismo Daniel Ortega y las de Francisco Díaz, pues ellos tendrían la obligación de decir quiénes son, qué tipo de armamento y de dónde salió. Vimos también las declaraciones cuando desalojaron a los tomatierras en Carazo y en Managua. Escuchamos que varios de ellos dijeron que les entregaron las armas con listas y que con listas se las retiraron. Hay personas que tienen el control de ese armamento.
¿En una futura investigación imparcial se puede establecer las responsabilidades a través del armamento usado?
Sí, hay una serie de recursos técnicos que pueden permitir identificar todos esos detalles y trazar una ruta que aclare todas esas responsabilidades.
¿Usted establecería diferencias entre el Ejército y la Policía en la subordinación a la familia de gobierno o al partido? ¿O los ve en la misma línea?
Históricamente el nivel de subordinación y el peso político de las dos instituciones es diferente. La Policía siempre ha tenido una posición institucional más frágil, más débil, y por lo tanto su relación de subordinación a los poderes políticos, particularmente a la Presidencia, siempre ha sido más fuerte. El Ejército, sobre todo en el caso del gobierno de Daniel Ortega, yo siempre he pensado que esa no es una posición de subordinación como en el caso de la Policía, sino una de alianza donde se entremezclan tanto los intereses políticos como los intereses económicos. Hay que recordar que el Ejército es también un actor económico con muchos recursos a la disposición. Si repasamos un poco la evolución de la crisis desde abril hasta el día de hoy, vemos cómo en el primer momento el posicionamiento del Ejército de abstenerse a involucrarse directamente en las acciones de represión fue un elemento favorable para el movimiento social, y pesaba en contra de las disposiciones de Daniel Ortega. En otro momento, cuando ya entraron en juego el tema de los civiles armados, ahí se puede interpretar como un cambio en el posicionamiento del Ejército. Primero, porque omite actuar de acuerdo a su misión y mandato principal, que es preservar la seguridad y estabilidad de la nación. En este caso, la nación está representada por los ciudadanos, no por los gobernantes. Luego, cuando comienzan a surgir las denuncias de ciudadanos hablando del involucramiento indirecto del Ejército en acciones de represión, como por ejemplo, el tema de la vigilancia, de la detención, apresamiento y entrega a la Policía, de algunas personas que estaban vinculadas con el movimiento ciudadano. Ahí ya la imagen del Ejército comienza a deteriorarse rápidamente y pasa de ser un factor que favoreció a la acción y al movimiento social a convertirse en un factor más favorable al posicionamiento del gobierno.
¿Qué peso tendrían en esta evaluación del papel del Ejército las declaraciones de la exministra Ana Isabel Morales?
Son una evidencia. Casi que irrefutable, independientemente del pronunciamiento o de la nota de prensa que salieron, tanto del Ejército como de la Policía. Ella fue bastante específica. Ahí menciona cómo funciona el mecanismo de vigilancia, cómo es la coordinación que hacen las dos instituciones entre ellas y con los grupos y redes de simpatizantes que todavía tiene el gobierno en los barrios y comunidades. Ella es una persona que conoce bien. Es muy cercana al gobierno. No se puede decir que fue alguien que habló sin tener conocimiento de causa.
¿Van a pesar en el Ejército las presiones económicas que está sobre su patrimonio empresarial para que actúe en uno u otro sentido para restablecer la democracia en Nicaragua?
Los negocios del Ejército ya están afectados por la crisis. Tanto dentro del país como fuera del país. Están afectados por la presión de Estados Unidos, pero también por los efectos económicos que la crisis ha tenido sobre la sociedad nicaragüense. Ellos tienen plata en los dos lados, y plata importante. Creo que el Ejército todavía tiene un papel que jugar y que puede ser favorable para una solución pacífica y democrática. No estoy diciendo que ellos van a ser el factor de solución, pero sí pueden facilitar o contribuir a que la ruta de solución sea pacífica y esté orientada a la democracia.
¿Cuál sería ese papel que dice usted todavía puede jugar el Ejército? ¿Qué acciones concretas?
La contribución más importante que el Ejército puede hacer en este momento a la sociedad, a la Nación nicaragüense, es tomar una posición clara y pública demandando a Daniel Ortega y sus allegados la solución de la crisis a través de una alternativa pacífica y democrática. Debe cesar cualquier tipo de apoyo, sea directo o indirecto, a las acciones policiales de represión, y también deben disponer de sus “fuerzas y medios” en función de devolver la tranquilidad y estabilidad a la sociedad nicaragüense desarmando a los grupos para estatales.
En un segundo momento deben contribuir a la transición facilitando una revisión institucional que incluya el marco jurídico normativo, funciones, cadena de mandos y el establecimiento de mecanismos civiles y democráticos de supervisión y control sobre la institución militar.
El exmagistrado Rafael Solís hablaba de la posibilidad de una guerra civil en Nicaragua. ¿Ve usted eso probable?
Yo creo firmemente que la sociedad nicaragüense ha tenido un cambio en su cultura política, que se ha venido arraigando una cultura política democrática y cívica. Creo que ese es uno de los grandes capitales sociales y políticos que tiene la sociedad nicaragüense. Hemos visto como a pesar de los niveles de represión, los niveles de violencia que el gobierno ha tenido contra el movimiento social, no se ha quebrado la voluntad de acción cívica. Ese es el factor fundamental para pensar que una guerra civil está dentro de las posibilidades, pero yo no la veo como alternativa de solución a la crisis.
Hay quienes ven en esta crisis una prueba de fuego en el debate si Nicaragua debe tener o no Ejército.
Nunca desde su fundación el Ejército había tenido una imagen tan pobre y de baja confianza entre la sociedad nicaragüense. Eso sí lo coloca frente a una posición crítica frente a ese tipo de planteamientos. Y creo que es un elemento que lo debería hacer reflexionar sobre el papel que la institución va a tener en la solución de esta crisis, pero también en el momento posterior, que es la transición que inevitablemente va a llegar. Vuelve un poco la pregunta de los años noventa: ¿Va a ser una institución que se va a sacrificar, que va a sacrificar su capital político, su capital social, con el gobierno de Ortega o es una institución que va a retomar el rumbo y va a responder a los intereses de la nación nicaragüense? Ese es el reto más grande que tiene el Ejército. Tienen que resolverlo y tienen que resolverlo pronto.
Retrato personal
- Elvira Cuadra Lira tiene 53 años, es socióloga y tiene dos hijos. Hizo su licenciatura en la Universidad Centroamericana de Managua y una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Ecuador.
- Nació en Managua y durante los años ochenta participó en la Cruzada Nacional de Alfabetización, cortes de café y otras actividades de apoyo a la Revolución sandinista.
- Fue oficial de la Policía Nacional, de 1990 a 1993, donde conoció en primera fila los conflictos de la transición. Su tesis de licenciatura se tituló precisamente: “La participación de la Policía en los conflictos de la transición. 1990-1993”.
- Le gusta cocinar, dice que puede cocinar muchos platillos, pero no le gusta la comida hecha a partir de vísceras. Dice que las reposterías le quedan bien.
- En cuestiones de música le gusta todo, menos el reguetón. Le agrada la música latina para bailar, el flamenco, las combinaciones entre ritmos latinos y flamenco. Le gusta el jazz, cierto tipo de ópera y las canciones rancheras que no tengan mensajes misóginos.