Como si la realidad de Nicaragua transcurriera en dos dimensiones diferentes, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsan, por un lado, festivales y ferias para imponer su “normalidad”, y por otro, la Policía Orteguista (PO) ejecuta capturas, allanamientos en viviendas y mantiene una nutrida presencia en las calles del país.
Para el investigador Mario Sánchez existen muchos factores que denotan que la situación del país no es normal; primero, están los presos políticos, a quienes no se les garantiza casi ninguno de sus derechos, y segundo, que el mismo Gobierno no incluye en su agenda los principales problemas del país, y se enfoca en otros tipos de actividades que buscan distraer a ciertos sectores de la población.
“La gente está clara que la situación del país está crítica, que no se está tocando la salida (a la crisis), digamos, el abordaje de las raíces políticas, estructurales de la crisis”, expuso Sánchez.
Para la experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, la fuerte presencia policial en Managua contradice el discurso oficial de normalidad, sobre todo porque desde abril hasta la fecha, la institución ya no es fuente de seguridad sino de temor para la población.
Cuadra explicó que el hecho que los agentes policiales permanezcan en las calles, en rotondas, en retenes, “no es una señal de normalidad, sino todo lo contrario”.
La sensación que provoca es “como otras ciudades centroamericanas donde también hay una excesiva presencia policial”, expresó la experta.
Control de las protestas cívicas
Las fuerzas policiales han hecho de todo para evitar que el pueblo proteste contra la dictadura Ortega-Murillo.
Las acciones rozan comportamientos irracionales, como ver a un oficial persiguiendo chimbombas azul y blanco para explotarlas o ingresar a centros comerciales para evitar protestas exprés.
Cuadra indicó que “es claro que la vigilancia y presencia policial tiene el propósito de impedir el ejercicio de derechos ciudadanos como la libertad de movilización y expresión”.
Represión ha crecido
Desde septiembre, la Policía Orteguista criminalizó las protestas ciudadanas. A través de una nota de prensa, indicó que “ (…) ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”.