Aunque en los últimos meses de crisis sociopolítica la presencia de paramilitares ha sido visible y fueron los que ejecutaron la “operación limpieza”, que se cobró la vida de más de 325 nicaragüenses, ahora el Ejército de Nicaragua dejó entrever ayer que no permitirá a personas armadas de ningún bando y habla de aplicar la ley.
Esta es la primera vez que el Ejército de Nicaragua se refiere a la aplicación de la ley a los grupos de paramilitares, luego que LA PRENSA enviara consultas sobre la circulación de un video en las redes sociales donde grupos armados afines del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo amenazaran con muerte a quienes se opongan a la dictadura.
Por su parte, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exaliado de Ortega, Rafael Solís, reiteró este domingo de que fue Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo quienes permitieron y ordenaron armar a personas, incluidos a simpatizantes sandinistas, durante la violenta represión para levantar los tranques que instalaron algunos nicaragüenses.
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En una extensa entrevista con el periodista Carlos Fernando Chamorro, Solís también admitió que no sabía por qué el Ejército no había desarmado a los paramilitares, aunque dejó claro que las fuerzas armadas se habían mantenido al margen de la decisión del régimen de armar a los civiles.
Solís también admitió que la presencia de los paramilitares era inconstitucional y una barbaridad que no se debió permitir, porque solo el Ejército y la Policía tienen por ley esa facultad para fines de seguridad nacional y orden pública.
Y aunque el Ejército habló ayer de aplicar la ley, en las redes sociales circula un video donde aparece un autodenominado Frente Oriental Cándido Pérez Marcia, que abarcaría supuestamente a los departamentos de Masaya, Granada, Carazo y Rivas, que usa las redes sociales para evidenciar públicamente su existencia y su lealtad al dictador Daniel Ortega.
Al ser consultado sobre ese grupo armado, con bandera del Frente Sandinista y fusiles de guerra, el vocero militar, coronel Álvaro Rivas, respondió:
“Todo lo que actúe en contra de ley expresa, debe responder por sus actuaciones e ilícitos ante las autoridades competentes. En el tema de tenencia y portación de armas de uso civil y restringidas, la Ley 510 establece cómo deben proceder las autoridades en ella declaradas como competentes”.
También es obligación de la Policía
Aunque con esto deja entrever que esa institución militar no permitirá que operen en el país grupos armados, la ley a la que Rivas hace mención le otorga directamente competencias a la Policía.
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No obstante, parte del artículo 92 de la Constitución Política de la República, relativo a la defensa nacional, establece que “el Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial”.
Y ese cuerpo castrense establece entre las leyes vinculantes para sus misiones, funciones y atribuciones la Ley 510.
Han guardado silencio
Desde que aparecieron los paramilitares en los momentos más crudos de la represión que sufrió la población, en especial durante la llamada “operación limpieza” en diferentes partes del país, el Ejército de Nicaragua ha guardado silencio sobre estas agrupaciones armadas.
Es más, en su carta de renuncia pública, dirigida a Ortega y Murillo, el exmagistrado Rafael Solís dijo: “Yo no deseo una guerra civil para Nicaragua, pero me queda claro que ustedes van por ese camino y ante un Ejército que por alguna razón no ha desarmado a los grupos armados, también es lógico esperar que los grupos de oposición van a buscar como armarse y el país va a retroceder cuarenta años, y volver, si es que no estamos ya, a esos ciclos de violencia tan caracterizados a lo largo de nuestra historia”.
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La Ley 510 es la especial para el control y regulación de armas de fuego, municiones y explosivos y otros materiales relacionados, que establece a la Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales relacionados (DAEM) de la Policía para hacer cumplir la ley. No obstante, la Policía Orteguista ha sido señalada ampliamente de operar junto a estos grupos armados irregulares.
En parte del artículo 124, la ley en mención dice que “las personas que comercialicen, fabriquen, exporten, importen, tengan y almacenen armas de fuego y municiones de uso exclusivo del Ejército Nacional, Policía Nacional y el sistema penitenciario, así como explosivos y sus accesorios, o cualquier otro tipo de pertrecho de uso militar, cometen el delito de tenencia y uso de armas”.
“Y serán sancionados con una pena principal de ocho a diez años de privación de libertad, más el decomiso inmediato de los bienes y accesorios incautados, más una pena accesoria equivalente al pago de diez salarios mínimos promedios”, indica ese mismo artículo.
Y en otra parte del mismo artículo, se señala que “las armas de fuego de uso estrictamente militar, deben ser entregadas por la autoridad de aplicación de la presente Ley al Ejército de Nicaragua”.
Amenazas de paramilitares
En el video los paramilitares no solo abundan en amenazas contra la población que disiente con el régimen, sino que durante varios minutos aparecen accionando las armas de guerra que portan.
En su informe final sobre los hechos violentos que sufrió Nicaragua, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) refiere que “durante los hechos de violencia sucedidos a partir de la crisis de 2018 pudo verse la actuación de grupos con un alto poder de fuego y organización que salieron a las calles utilizando armas de guerra”.
Este es el video difundido por el grupo de paramilitares del régimen orteguista
▶ Este es el video en el que paramilitares leales a la dictadura de Daniel Ortega amenazan con sus armas de guerra a los ciudadanos que se opongan al régimen. El Ejército de #Nicaragua por primera vez se refiere a estos grupos ➡ https://t.co/58TsQ90XIw #SOSNicaragua pic.twitter.com/qmHTQ1glAR
— La Prensa Nicaragua (@laprensa) January 20, 2019
Discurso desfasado
En un mensaje incoherente, el denominado grupo Frente Oriental insiste en la versión del “golpismo” utilizado por el régimen al referirse a la población autoconvocada, pese a que distintos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han remarcado que en Nicaragua no ha habido golpe de Estado.
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Los paramilitares aparecen con un discurso desfasado como que “el enemigo sigue siendo el mismo, ese burgués, ese traidor, ese que vende a su patria, ese manipulador, ese lamebotas del imperio norteamericano, de la información que causa miedo, terror a nuestro pueblo”.