La agresión durante las coberturas, el asedio y el encarcelamiento de periodistas independientes, el cierre ilegal de medios de comunicación y la retención del papel a los medios impresos, acentuados en los últimos meses, recordaron el enemigo de la libertad de prensa que ha sido Daniel Ortega.
Era candidato presidencial cuando en 2001, en la residencia de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), firmó la Declaración de Chapultepec, en la que se reconoció que “el ejercicio de la libertad de expresión no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo”.
Sin embargo, ahora parece haber quedado en el olvido. “Creo que casi 18 años después, ni se acuerda de tal firma o por lo menos no está interesado en acordarse, o tal vez desde el inicio, estaba apostando al viejo refrán que dice: ‘Firmar me harás, cumplir jamás’”, dice Guillermo Medrano, coordinador del proyecto Periodismo y Derechos Humanos ( DD. HH.) de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
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Según Medrano, desde que Ortega retomó el poder en 2007, su gobierno definió una política de comunicación caracterizada por el secretismo, en la que además se intentaba que los nicaragüenses solo pudiesen recibir información a través de los medios oficialistas.
El respaldo a la Declaración de Chapultepec obedeció también a la necesidad de demostrar que “ya no era el censor y enemigo de la prensa no partidaria”, explica otro analista de medios, bajo condición de anonimato, recordando los años del primer gobierno sandinista (1984-1990).
Ortega en el fondo tiene una idea sobre los medios que fue desarrollando durante años. “Ellos (los Ortega) entendieron que los medios son clave para ganar el corazón y las mentes de la gente. Pero no querían poner su discurso a debate. De ahí la urgencia de asegurar ‘información incontaminada’. Para esto necesitaban controlar tantos medios como fuese posible. Unos para que fuesen su caja de resonancia, y los demás acallarlos tanto como fuese posible para que su discurso no tuviera ‘ruidos’”, añade este experto.
Su interés en el control del discurso público se vio acentuado. En los últimos meses, y desafiado por la población que salió por miles a las calles a protestar, la represión también fue dirigida a los periodistas.
La FVBCH ha reportado más de 420 violaciones a la libertad de expresión entre abril y octubre pasados. Uno de los casos más dolorosos fue el asesinato del periodista Ángel Gahona en Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua, mientras hacía una transmisión en vivo sobre las protestas en aquella ciudad.
“La rebelión cívica de abril rompió el modelo de los medios tradicionales. La gente se tomó las redes y provocó un giro en la producción de las noticias. Además, esas producciones han probado ser evidencias sólidas de las graves violaciones de derechos cometidas por agentes del Estado”, afirmó el experto desde el anonimato.
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El delito de hacer periodismo
Para Medrano, en cambio, a raíz de la crisis lo que ha pasado es que se han recrudecido los casos de violaciones a la libertad de prensa, “pero el interés de la censura es el mismo de siempre”.
“Estamos en unos niveles en donde la labor periodística se está criminalizando. El ejercicio del periodismo en Nicaragua cada día es una actividad más peligrosa”, afirmó Medrano.
Medrano lamenta el caso del encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, propietario y jefa de prensa del canal 100% Noticias, respectivamente, acusados de incitar el odio y promover “actos terroristas”.
El día que condecoraron a Mora
En un pasado no tan lejano, Mora fue condecorado por el orteguismo —el 1 de marzo de 2008— cuando entregaron la Orden Cultural Rubén Darío a 47 periodistas. La primera dama Rosario Murillo entonces declaró el compromiso de luchar contra la corrupción, “el enemigo histórico de nuestro pueblo”.
Llamó a los periodistas homenajeados “queridos hermanos” y los describió como promotores de comunicación y cultura en un ambiente de respeto, tolerancia y “debate creativo”. A su vez, aunque suene irónico —dado que ahora esto mismo le demandan las víctimas de la represión estatal— ella insistió en aquel 2008 que “si queremos paz, procuremos justicia”.
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Ortega, que presidió el acto de condecoración a Mora y los otros, cuestionó la nota roja que exhibía a los pobres, como si los medios que lo transmitían en televisión, como podía comprobarlo cualquier nicaragüense, no estuviesen bajo control de su propia familia. Entonces se comprometió nuevamente a no censurar.
“Aquí no se trata de que estemos hablando de censurar, ¡no! Ni se nos ocurre esa palabra”, advirtió Ortega en 2008, mientras afirmó que, en el campo político, los medios podían seguir diciendo lo que quisieran. Al final de cuentas, dijo, los tenía sin cuidado.
El control de la televisión
H asta antes de la crisis de abril, el régimen de Daniel Ortega mantuvo un duopolio con el mexicano Ángel González y controlaban el espectro televisivo en el país con una programación que oscilaba entre la propaganda en el caso de los canales de la familia presidencial y los enlatados, tratándose del empresario mexicano.