La Policía Orteguista (PO) este domingo negó la autorización solicitada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), para marchar este lunes con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, y adelantó que no autorizará a ninguna institución que haya estado vinculada al supuesto “golpe de Estado” permiso de manifestación mientras todas estén en investigación.
De esta manera, el régimen de Ortega ratificó que mantiene secuestradas las calles y demolió el derecho constitucional de los nicaragüenses a manifestarse sea cual fuere el motivo.
En un intento por encubrir su falta de argumentos legales, el régimen apareció ayer señalando que no autorizaba el permiso solicitado por el Cenidh, porque dicha organización no gubernamental está acéfala y, por tanto, los firmantes del escrito de solicitud no pueden adquirir responsabilidades y este documento no tiene validez.
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Lo más peligroso del comunicado emitido por la Policía Orteguista es que ahora incluye al Cenidh entre las organizaciones y movimientos calificados por el régimen de “golpistas”.
En un comunicado emitido por la tarde del domingo, el Cenidh señala que conoció la resolución a través de los medios de comunicación, por lo que “por responsabilidad y por no arriesgar la vida e integridad física de las personas, suspende la convocatoria a la marcha pública”, para este lunes.
En la resolución firmada por el jefe de Seguridad Pública de la PO, comisionado general Luis Barrantes, y leída por el inspector general de esa institución, comisionado general Jaime Vanegas, se determina que “no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de estado”.
Barrantes alegó que el Cenidh “carece de junta directiva legalmente constituida, está acéfalo desde el 25 de abril del año 2018”, por lo que todo lo actuado por parte de ese organismo desde esa fecha hasta la actualidad “es inválido”.
“Por ello los firmantes del escrito no tienen representación legal del Cenidh, en consecuencia no pueden adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre del Cenidh”, señala la PO en su resolución.
“En cuanto a la afirmación sobre nuestra legalidad, la Policía Nacional no es la autoridad competente. El Cenidh hará uso de la ley ante las autoridades correspondientes”, se limitó a referir el Cenidh en su comunicado.
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El exviceministro de Gobernación y exdiputado liberal, José Pallais, expresó que la disposición de la PO “es una expresión viva de estado policial y de la suspensión de hecho de todos los derechos humanos, donde la Policía ha asumido las facultades de investigar, de juzgar y de condenar a los ciudadanos”.
Tan solo tres días antes, durante la audiencia sobre Nicaragua en el 170 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su secretario ejecutivo —Paulo Abrao— había advertido que los nicaragüenses sufren una situación de un efectivo estado policial.
Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a través de su cuenta de Twitter expresó: “Con la negativa a la solicitud del Cenidh de marchar mañana (lunes), día de los derechos humanos, se reitera la violación del Gobierno de nuestros derechos constitucionales y humanos, así como el estado policial en que vivimos. Navidad sin presos”.
Arremetida contra organizaciones
Esta es la segunda vez que la PO rechaza una autorización para movilización en el país. El pasado 25 de noviembre el Movimiento de Mujeres y Feministas del país, junto a la Unidad Nacional Azul y Blanco, igualmente fueron impedidos de marchar por las calles de Managua, en el Día de la No Violencia contra la Mujer. Un día después el régimen reaccionó despojando de la nacionalidad y expulsando del país a la directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Ana Quirós. A esto le siguió la cancelación de la personería jurídica y confiscación de bienes de Cisas.
Le ha seguido el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), pues el Ministerio de Gobernación también ya pidió a la Asamblea Nacional cancelar su personería jurídica, supuestamente por “gestionar, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas”.
Ante estos antecedentes inmediatos ocurridos con Cisas y el Ieepp, Pallais dijo: “No nos extrañaría que fuera contra el Cenidh con cualquier argumento (…) porque el objetivo es la negación absoluta de todos los derechos de parte de la tiranía”.
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Pallais señaló que en el pasado muy pocas veces ha sido afectado el derecho de asociación como está sucediendo en la actualidad.
“Estamos viviendo las horas más negras de las faltas de libertades en Nicaragua y esta decisión se suma a otras como la criminalización de la protesta”, afirmó Pallais.
DD. HH. en crisis profunda
Momentos antes de conocerse la decisión de la PO de impedir marcha solicitada por el Cenidh, el presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, había considerado que este año el país ha experimentado “una crisis profunda de violación de los derechos humanos”.
Esta situación “se ha reflejado en dolor, luto y derramamiento de sangre”, aseguró Leiva Sánchez, quien recordó que la represión ha afectado tanto a la población como a periodistas y medios de comunicación independientes objetivizados por el régimen. Además de “una migración desmedida” de víctimas de violaciones de derechos humanos, e “inestabilidad en la región” y otros países.
Leiva Sánchez resaltó que entre los derechos más violentados en el país destacan “el derecho a la libertad de protestar y manifestarse cívicamente, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad que debe tener un ciudadano frente a las instituciones que deben de guardar ese derecho”.
Régimen viola derechos
A través de su cuenta en Twitter la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) se pronunció sobre la prohibición de la Policía Orteguista al Cenidh. “Oacnudh reitera a Estado que al impedir manifestaciones pacíficas viola libertades fundamentales e incumple con sus obligaciones de derechos humanos”, recuerda esa oficina, que señala que el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos —que cumple 70 años— señala: “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”.