Los organismos de defensa de derechos humanos dejaron claro que el pueblo de Nicaragua se enfrenta a una dictadura encabezada por Daniel Ortega durante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada este jueves en Washington, EE. UU. El secretario ejecutivo de ese organismo internacional, Paulo Abrao, dijo en el encuentro que todos los días recibe denuncias de violaciones de derechos humanos (DD. HH.).
“Nicaragua efectivamente, cada día que pasa, la situación se deteriora y eso está representado en los hechos de violencia y persecución que todos los días se registran. No hay un único día en Nicaragua que la CIDH no reciba una denuncia de violación de derechos humanos”, manifestó Abrao.
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José Ignacio Gómez, representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés), fue el primero en intervenir en la audiencia y empezó afirmando que “el pueblo de Nicaragua está enfrentando una dictadura”.
“La crisis que se desató a partir del 18 de abril es la cúspide de una serie de actuaciones autoritarias que venían ocurriendo desde hace muchos años. Así, por ejemplo, la familia Ortega-Murillo sistemáticamente coptó toda la institucionalidad, se aseguró de eliminar toda oposición política, logró reformas normativas para limitar los derechos de participación política, persiguió a las personas defensoras de derechos humanos y fue sentando, poco a poco, la dictadura que hoy observamos en su máxima expresión”, dijo Gómez.
El representante del Cejil describió la situación de Nicaragua como un país donde no hay justicia, no hay libertad de expresión, no hay libertad de circulación, no se garantiza la salud ni la educación y, particularmente de la Costa Caribe, dijo que ni siquiera se garantiza la alimentación.
Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), denunció la golpiza a las presas políticas en la cárcel La Esperanza el pasado 26 de octubre.
La defensora de DD. HH. dijo que “lo más grave en este momento son los atropellos a la libertad de expresión”, mencionando el asedio, agresión y persecución contra el director del canal 100% Noticias, Miguel Mora, y la detención policial por seis días del editorialista del Diario LA PRENSA, Luis Sánchez Sancho.
Núñez también denunció la reciente agresión al padre Mario Guevara de parte de una mujer que le roció ácido sulfúrico, en momentos que el régimen de Daniel Ortega ha acusado a los obispos y a la Iglesia católica de golpistas.
También predominaron las denuncias de violación de derechos humanos de los presos políticos.
Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), detalló que este organismo ha documentado 72 procesos judiciales que implican a 178 ciudadanos, entre campesinos y estudiantes, que son acusados de terrorismo, crimen organizado, entre otros delitos graves, por su participación en las protestas.
Carmona aseguró que todos los procesos han sido violatorios a las garantías constitucionales del debido proceso.
Demandan a CIDH endurecer medidas
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, demandó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) endurecer las sanciones contra el régimen dictatorial que impera en Nicaragua en respuesta a la gravedad de la crisis de derechos humanos.
“Les invitamos a instar más decisión, más movilidad al Consejo Permanente de la (OEA) a través del grupo creado para Nicaragua”, dijo Núñez.
Núñez también pidió la presencia en Nicaragua del relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza.
Lanza, que se encontraba en la audiencia, dijo en su intervención que hay una “supresión absoluta de las libertades fundamentales y un estado de terror”, de lo que tiene conocimiento por testimonios de periodistas que han tenido que abandonar el país.
Marlene Alejos, representante de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación sobre la situación de Nicaragua.
Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, manifestó que están comprometidos en seguir monitoreando la situación del país.