La propuesta de Ley de Justicia Constitucional incorporará sanciones administrativas y penales a los funcionarios públicos que no cumplan con resoluciones judiciales, informaron fuentes legislativas.
Aunque en la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, a cargo de la consulta de la propuesta de Ley, aun no se ponen de acuerdo con las sanciones específicas en el ámbito civil y penal que pesarían hacia los funcionarios públicos.
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Jimmy Blandón es diputado del Partido Liberal Constitucionalista, aliado del gobierno
Como miembro de la Comisión Especial, el legislador explicó que las sanciones a los funcionarios irían desde administrativas, pecuniarias y penales “pero estamos discutiendo qué tipo en específico, y (determinar) los tiempos para que la persona afectada por la anomalía pueda recurrir contra la negación de justicia”.
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“El funcionario que no te cumpla una orden a favor de un ciudadano, que viene sustentada con un recurso a favor hacia esa persona, podrá recurrir ante los tribunales y acusar a ese funcionario, eso es parte de lo nueva de la Ley de Justicia Constitucional”, dijo Blandón.
Esa norma reemplazará a la Ley de Amparo. Está previsto que la nueva Ley de Justicia Constitucional la aprueben los diputados, antes de que salgan de vacaciones de fin de año.
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Una de las constantes denuncias de organismos de derechos humanos y abogados es hacia la actuación del personal del Sistema Penitenciario, bajo el control del Ministerio de Gobernación, quienes son señalados actuar políticamente al negarse a cumplir órdenes de libertad a favor de ciudadanos a pesar de que haber fallos judiciales.