El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) recrimina al régimen Ortega Murillo que pretenda involucrar a la Policía Orteguista (PO) en trabajos comunitarios de seguridad ciudadana, cuando en contra de esa institución recae la mayor parte de la responsabilidad de los resultados de la represión ejercida contra la población durante siete meses.
“Esta estrategia debe merecer una particular atención, por la participación de la Policía Nacional en la represión a la protesta ciudadana. Sobre ellos recae la mayor responsabilidad de las muertes producidas en este período de violencia”, señala el GIEI.
Los señalamientos del GIEI son parte de las recomendaciones a la propuesta de “Política de Estado para una Cultura de Paz y Reconciliación” que impulsa el régimen con la intención de convertirla en ley. Al mismo tiempo recuerda que la complicidad de la actuación de la Policía junto con “actores no estatales armados” debe ser investigada y en el caso de los parapoliciales deben ser desarmados y llevados a la justicia.
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El GIEI investiga los hechos violentos registrados en el país entre el 18 de abril y 30 de mayo, según acuerdo entre la CIDH y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la anuencia del régimen.
En relación con el tema de la PO , el GIEI le dice al régimen que estas responsabilidades deberán ser reconocidas con claridad, pues “para un importante sector de la población es menester trabajar la restitución de confianza con esta institución del Estado. Lo que hace necesario el planteamiento de una reforma institucional basada en la revisión de su actuación”.
La recomendación del GIEI ha sido avalada por analistas locales. Uno de ellos es el especialista en el tema de derechos humanos, Uriel Pineda, quien considera que en el caso de la PO “se hace necesario un proceso muy profundo de depuración o la creación de un nuevo órgano policial, para que la ciudadanía recupere la confianza”.
El exviceministro de Gobernación, José Pallais, estima que en las actuales condiciones en que está esa institución no se puede evitar que se repitan los hechos represivos cometidos, con los que ha fallado a sus obligaciones tanto con la legislación nacional como ante el derecho internacional.
Para el exviceministro de Gobernación, la reforma tiene que ser amplísima y debe incluir a otras instituciones, “porque aquí no solo falló la Policía, aquí falló toda la institucionalidad democrática” recalcó.
Asimismo puso de ejemplo que en el informe Latinobarómetro 2018 se señala que mas del cincuenta por ciento de los nicaragüenses han expresado su deseo de que funcione la democracia en el país. Y la explicación que encuentra es que si la democracia hubiese funcionado apropiadamente en Nicaragua esta crisis, por la violación masiva a los derechos humanos, no se hubiera dado, porque hubieran existido los controles, el equilibrio entre los poderes.
En siete meses la violencia del régimen cobró la vida de 325 personas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero hay organizaciones como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) que registra 535 muertes.
Pineda recuerda que la falta de capacidad por parte de las instituciones públicas de garantizar a las víctimas de la represión del régimen el derecho de acceso a la justicia “nos hace un estado fallido, incapaz de proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos”.
Al mismo tiempo recuerda el experto en derechos humanos que para que haya justicia realmente no es suficiente que las instituciones actúen, sino que lo hagan de manera objetiva, imparcial y transparente.
“Mientras exista impunidad no habrá reconciliación auténtica”, sostuvo el especialista en derechos humanos.
Cambio institucional
José Pallais recordó por su parte que el fin de un proceso de reconciliación debe ser un cambio institucional y el respeto pleno al estado de derecho.
“Porque eso es lo que consolida la garantía de no repetición, o sea, si no hay reformas que aseguren que las instituciones del Estado funcionen adecuadamente, no se puede garantizar que los hechos de violencia y el irrespeto de los derechos humanos no van a poder repetirse. Y el objetivo fundamental de toda política es evitar la repetición de los hechos”, dijo Pallais.
Mientras tanto Uriel Pineda recordó que desde la óptica de los derechos humanos la reconciliación es el fin último de la llamada justicia transicional, lo que es recomendado por el derecho internacional cuando un país ha pasado por una guerra o una dictadura que comete graves violaciones a los derechos humanos a gran escala.