Asistir a una marcha pacífica para demandar la salida del régimen orteguista podría significar encarcelamiento, agresiones físicas, persecución y hasta muerte por parte de la Policía Orteguista (PO).
Ante ese panorama, la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, considera que es necesario seguir protestando pero bajo medidas que burlen la salvaje represión de la dictadura.
Núñez explicó que enfrentar una violación de derechos humanos, como la que vive Nicaragua, implica asumir un reto: hacer frente a la barbarie del poder que los viola. “Yo pienso que tenemos que seguir marchando, pero hay que tomar las medidas necesarias para buscar cómo neutralizar, burlar, de alguna manera, esa salvaje represión”, expresó la defensora de derechos humanos.
Antes de abril no se habían registrado protestas masivas ni simultáneas en las principales ciudades del país en contra del régimen.
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Desde el cuarto mes de este año, el pueblo se tomó las calles para protestar por la fallida reforma de la Seguridad Social, pero la cruda represión contra los universitarios y después los primeros asesinatos (hasta septiembre se contabilizan más de 500 muertos), provocaron más coraje en la población que ahora exige un cambio de gobierno.
Por su parte, el régimen ha intensificado la violencia, a tal punto que no quiere ver en las calles de Nicaragua a una sola persona que demande la salida del dictador Daniel Ortega y para cerciorarse de ello, mandó a sus simpatizantes y trabajadores del Estado a cuidar las rotondas, bajo el poco creíble argumento que reclaman justicia por los 199 muertos que reconocen.
Desde la semana pasada criminalizó las protestas cívicas, amenazando con cárcel a organismos y personas que convoquen a marchar.
Gobierno diferencia entre fanáticos y “golpistas”
Para el ex procurador general de la República, Alberto Novoa, el principio de igualdad contemplado en el artículo 27 de la Constitución de Nicaragua ha sido severamente golpeado.
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“Ya no tenemos igual derecho los que estamos en contra del Gobierno que los que están a favor del Gobierno” (del régimen), expresó.
“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”, se lee en el artículo.
Sin embargo, la realidad es diferente. Mientras la PO vapulea a los asistentes de marchas azul y blanco, resguarda a las concentraciones oficialistas o “marcha de los obligados”. Poco a poco, los orteguistas se apoderaron de espacios que se habían convertido en símbolos de la lucha cívica, como la rotonda Rubén Darío, la rotonda Jean Paul Genie y la Carretera a Masaya.
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Como parte del derroche de recursos para garantizar las concentraciones oficialistas, el régimen utiliza las unidades del Transporte Urbano Colectivo para movilizar a su gente, que debe estar en las marchas y rotondas, pese al inclemente sol o la copiosa lluvia. Mientras tanto, la población debe esperar horas para abordar las pocas unidades que dejan libres.
Hacia otro despertar social
Al cerrar todas las posibilidades de protestas cívicas, según el exprocurador Alberto Novoa, están dejando una salida a una explosión social, cuyo tiempo para que sacuda al país no está determinado. Para el exprocurador es un hecho que entre más cierren las compuertas políticas y más se fanatice a la gente, los componentes están dados para dicha situación. También considera que las marchas son un medio, pero no son el único y recordó que la lucha no solo se gana con valentía y coraje, sino con inteligencia.
Asimismo, explicó que las protestas gubernamentales dependen de la disponibilidad financiera del régimen. Son personas leales (al régimen) por conveniencia inmediata, ya sea por beneficio personal o para su familia, pero eso se acaba rápido, sostuvo Novoa. Parte de las personas que asisten a las manifestaciones son fanáticos y otros son trabajadores del Estado que van obligados.