“Huir hacia adelante —ha escrito el jurista peruano Diego García Sayán en el diario El País, de España—, no es otra cosa que seguir adelante sin tener en cuenta varias señales que normalmente deberían conducir a enmendar el rumbo. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un individuo ante situaciones conflictivas prefiere escapar de ellas, no afrontándolas y resolviéndolas, sino persistiendo en su conducta. Cuando eso pasa a nivel de un país y con millones de personas de por medio, los efectos son muy serios”.
García Sayán —relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados— escribió lo antes citado en mayo de 2017, en un artículo de opinión sobre las políticas carentes de sensatez del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pero es como si lo hubiera escrito en estos días sobre Nicaragua y el dictador Daniel Ortega.
Inmediatamente después del 18 de abril, cuando estallaron las protestas, Ortega pudo y debió haber tomado las medidas apropiadas para resolver el problema creado por él mismo con sus políticas de corrupción, capitalismo corporativo y de compadrazgo, demolición de las instituciones democráticas y violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.
Para resolver rápidamente la crisis hubiera sido suficiente que Ortega negociara un acuerdo de interés nacional —y decoroso para él mismo—, en el diálogo que pidió a los obispos que organizaran y del cual la Conferencia Episcopal aceptó ser mediadora y testigo. Pero en vez de hacer eso, que era lo racional, Ortega se fugó hacia adelante e hizo más de lo mismo, y peor, ya que recrudeció la represión al extremo de causar la muerte de más de 400 nicaragüenses, bañando en sangre al pueblo y horrorizando a la comunidad internacional.
Como era de esperarse, la horrenda matanza ha agravado la crisis y aumentado el rechazo del pueblo a la dictadura, aunque por la brutal represión a estas alturas no pueda expresarlo en las calles como lo venía haciendo.
Siguiendo su huida hacia adelante, Ortega ha prohibido las protestas cívicas a través de una orden policial, anulando de hecho las normas constitucionales y de derechos humanos, las cuales reconocen la manifestación pacífica como un derecho universal de las personas que debe ser respetado por los gobiernos y garantizado por los Estados.
La irracionalidad y desmesura represiva de la dictadura ha llegado al extremo de que la Policía arrestó y ultrajó físicamente a doña Coquito (doña Miriam del Socorro Matus Alemán), la humilde, frágil e indefensa anciana que se ha convertido en un símbolo de la revolución pacífica, cívica y democrática de Nicaragua.
Ortega se equivoca si cree que huyendo hacia adelante, haciendo más de lo mismo, radicalizando la dictadura, podrá resolver la crisis y salir airoso de la grave dificultad en la que se encuentra. De esa manera lo que hace es aislarse más externamente y provocar el aumento de las justas presiones internacionales contra su oprobiosa dictadura.
