¿Hacia dónde se encaminan actualmente nuestras universidades públicas? ¿Siguen siendo fieles al lema que nos heredó el Padre de la Autonomía Universitaria, Mariano Fiallos Gil? ¿Son realmente libres de influencias partidarias, o están supeditadas a intereses políticos del partido oficial, en total contradicción con la autonomía que les garantiza la Constitución Política y la Ley 89 del 20 de abril de 1990?
Desafortunadamente, “A la Libertad por la Universidad” se ha quedado en una hermosa frase que no se corresponde con la praxis actual de nuestras universidades estatales. Dejemos que sea el propio don Mariano quien nos desentrañe el sentido profundo y trascendente del lema. En su libro que, precisamente, lleva por título el lema universitario, Fiallos Gil escribió lo siguiente: “En la universidad queremos formar una juventud capaz de comprender y emprender estas cosas, para liberar a nuestra Nicaragua, tan malherida por tantos dioses y tantos siglos. ¿De qué manera podríamos comenzar sino intentando la liberación de la mente, precursora de toda otra liberación? ¿Quiénes podrían sacarnos del atraso espiritual y físico en que nos hallamos sumidos sino los hombres disciplinados en el conocimiento científico? El hombre libre es el que interpreta al mundo por sí mismo, por su propia razón, sin encargar a otro —por miedo o pereza— de este placentero y angustioso oficio”… “Caballeros suspicaces: si desconfiáis de una libertad así conseguida merecéis permanecer donde estáis”.
La universidad, por su propia naturaleza, es una institución comprometida con la libertad de cátedra y de pensamiento. La autonomía permite el libre debate de todas las ideas y, por lo mismo, estimula en sus estudiantes la conciencia crítica. La universidad no es una simple “máquina para producir profesionales”, como lo advirtió Fiallos, sino una institución forjadora de graduados universitarios que dominan sus respectivas profesiones pero que son, a la vez, ciudadanos portadores de un pensamiento capaz de analizar su realidad y el contexto en que les corresponde ejercer su oficio.
Es increíble lo que ahora estamos presenciando y que merece nuestro total repudio: profesores a quienes se les cancela su relación laboral por ejercer su derecho constitucional a manifestarse públicamente; médicos expulsados de los hospitales, incluido el Hospital Escuela de León, por su fidelidad con el juramento hipocrático de brindar sus servicios de salud a quien los necesite; estudiantes que son expulsados del alma mater por protestar contra la represión despiadada desatada en contra de nuestro pueblo, o por demandar, con toda razón, que las universidades estatales recuperen su autonomía universitaria, actualmente secuestrada con el consentimiento de sus autoridades y de una dirigencia estudiantil que responde a intereses partidarios.
Muy diferente fue el papel que cumplió la UNAN cuando el pueblo luchaba para sacudirse la dictadura dinástica de los Somoza. Entonces la UNAN, sólidamente unida como auténtica comunidad universitaria, jamás permitió que se le manipulara por intereses partidarios. Sus autoridades estuvieron siempre dispuestas a defender a sus estudiantes cuando eran víctimas de la violencia somocista. La historia registra las gestiones que las autoridades de entonces hicieron para que fueran liberados los estudiantes que capturaba la dictadura. Jamás, en esas décadas, ningún estudiante fue expulsado por sus afinidades políticas y por su ideología. La UNAN era la única “isla de libertad”, en medio de aquella férrea dictadura.
Actuar en contra de lo que, por su investidura, les correspondería hacer, les ha valido a ciertas autoridades universitarias el repudio de sus propios estudiantes, que reclaman por su complicidad con actos que flagrantemente violan la autonomía universitaria, elemento esencial para que la alta Casa de Estudios no sea simple fábrica de profesionales carentes de valores ciudadanos.
El autor es académico, exrector de la UNAN-León.