La represión gubernamental contra la población que se ha manifestado de forma pacífica en Nicaragua ha evolucionado según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que considera hay “aniquilación” y “cacería”, por parte de fuerzas paramilitares que utilizan armamento de alto calibre.
El Cenidh establece en su quinto informe que comprende los hechos ocurridos entre el 14 al 25 de julio, que “actualmente la violencia de Estado tiene como objetivo no solo desmontar las acciones de resistencia, sino también provocar el mayor número de muertos, capturar al mayor número de personas con participación directa e indirecta en las protestas y someter a las poblaciones de los territorios ocupados por estas fuerzas represivas a verdaderos estados de sitio”.
Ese organismo destaca en su último informe que con su estrategia el Gobierno pretende “la configuración de un estado de permanente intimidación, usando para ello incluso el sistema de administración de justicia que se ha prestado a criminalizar la protesta social”.
También señala que el sistema de justicia ha procesado al menos a cien personas que han sido acusadas de terrorismo, crimen organizado, portación ilegal de armas, asesinato y diversos delitos, mientras alrededor de 400 personas permanecen detenidas en todo el país sin que hayan sido acusadas.
La persecución y criminalización de la protesta social, según el Cenidh, se ha visto agravada con la aprobación de la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
También menciona que las personas capturadas por las fuerzas represivas paramilitares, han aparecido en las delegaciones policiales, en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote y en algunos casos en el Instituto de Medicina Legal (IML), como ocurrió con Edgardo Antonio Hernández, de 30 años, el cual fue capturado el 17 de julio en Monimbó, Masaya y días después fue encontrado muerto en la morgue del IML.
Durante este período, el Cenidh registra 33 muertes como resultado de la represión gubernamental durante este período, de un total de 302 muertes a partir del 18 de abril. Y destaca entre los últimos asesinatos vinculados al contexto de represión y violencia el de la estudiante de medicina Rayneia Lima, ocurrido el 23 de julio pasado, en la zona de Lomas de Monserrat, “controlada desde el 17 de julio por parapoliciales”.
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Y que según el Cenidh, “genera muchas interrogantes el hecho que la Policía haya retirado casi de manera inmediata el vehículo de la joven de la escena del crimen, lo que constituye un acción encaminada a alterar la escena y en consecuencia a encubrir a los responsables de este crimen”.
En su informe el Cenidh caracteriza como operaciones limpiezas las ocurrida en la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia, en Managua, el 13 de julio y amanecer del 14, así como la incursión armada contra campesinos que habían abandonado el tranque en el Empalme de Lóvago, el pasado 14 de julio, tras la emboscada a uno de los camiones donde se transportaban los campesinos, allí fue asesinada una persona y varios resultaron heridos, entre ellos Gabriel Mairena, hermano del líder campesino Medardo Mairena.
Según el Cenidh, todavía hay un control de la carretera Managua El Rama en el sector de Santo Tomás, Chontales, donde las fuerzas gubernamentales “mantienen sitiada la ciudad y realizan acciones de intimidación y persecución contra la población”.
Igual pasa en el sector de Muelle de Los Bueyes, luego que el 14 de julio fue atacado el tranque de Precilla, donde los campesinos se vieron obligados a huir a la montaña. En este sentido, la familia Castellano, dueños de una comidería del sector, fue acusada de encabezar las protestas.
“Su casa fue allanada y saqueada por los parapoliciales quienes incluso se llevaron menaje de casa (pailas, envases para almacenar agua, entre otros), así como un cerdo y otros animales de la casa. La familia Castellano actualmente está huyendo debido a las constantes amenazas recibidas por parte de operadores políticos del frente sandinista en el municipio”.
En la lista de los perseguidos está también la vicealcaldesa de Muelle de los Bueyes, Maribel Hurtado Torres y su esposo Francisco Javier Urbina, según denuncia recibida por el Cenidh.
Y destaca que “la persecución a manifestantes en los diferentes municipios que atiende la filial del Cenidh, de Chontales ha sido una constante en la última semana, especialmente en aquellos municipios donde se organizaron acciones de resistencia ciudadana, tales como Acoyapa de donde también se han recibido denuncias de personas que abandonaron sus viviendas por temor a los parapolicías que controlan estos municipios, estableciendo estados de sitio de hecho y violentando de manera masiva los derechos humanos de la población”.
También destaca el ataque indiscriminado al barrio indígena de Monimbó, Masaya, donde estima que tras la cacería contra la población existen cálculos que indican que alrededor de 500 personas huyeron de Monimbó para evitar ser asesinados y capturados por estas fuerzas irregulares y cuestiona el acuerdo al cual obligaron a unas 80 personas detenidas a las que de manera ilegal y bajo coacción obligan a los detenidos a renunciar a su derecho a la protesta.
“Para el Cenidh este tipo de acuerdo realizado por actores absolutamente deslegitimados por las graves violaciones de derechos humanos cometidos contra la población anticipan la suscripción de otros acuerdos para presentar un rostro indulgente del régimen y preparar a nivel del imaginario colectivo una amnistía que los incluya por los graves crímenes contra el pueblo de Nicaragua”, señala el quinto informe de ese organismo.Otros hechos considerados como operación limpieza fue lo ocurrido en el Barrio Sandino, en Jinotega, último reducto de resistencia ciudadana en las calles, dice el Cenidh.
Como características de los operativos, indica el Cenidh, está la captura arbitraria y masiva, existen indicios claros de ejecuciones extrajudiciales realizadas por estos grupos quienes públicamente y con excesivo uso de la violencia arremeten contra la integridad física y psicológica de los capturados y el armamento utilizado es de uso exclusivo militar, lo cual debe ser aclarado por el Ejército de Nicaragua sobre la forma que adquirieron ese armamento.