Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puede asegurar que las cifras de 264 muertes que ha dejado la represión gubernamental en Nicaragua pueden ser comprobadas, pues su fuente principal es el propio Estado, el canciller Denis Moncada, titubeó cuando fue consultado por un periodista de VOA Noticias sobre la cifra de muertes después del 18 de abril.
Moncada contaba con cuatro diferentes cifras como opción para responder, la de la CIDH de 264 crímenes, así como los 351 asesinatos contabilizados por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), 300 según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y 238 de la Comisión Porras.
“Pero ¿cuántos muertos maneja el Estado desde el 18 de abril?” Le insistió el periodista a Moncada, quien justificó: “prefiero no dar el dato que usted me solicita porque es un fenómeno que que que es dedede difícil de darlo”.
Poco antes, Moncada alegó ante el entrevistador “mire lo importante de todo es lamentar los muertos independiente de la cantidad que sea y del sector que sea (…) Nicaragua está sufriendo el embate de grupos terroristas que están confabulados para romper el orden constitucional y dar un golpe de Estado”.
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Abrao en una entrevista con uno de los programas de CNN en español respondió a la tan debatida variedad de cifras sobre los crímenes, que además del Estado ellos hicieron sus propias investigaciones .
“Lo que te puedo decir es que inicialmente la Comisión se basa primero en las propias fuentes estatales durante nuestra primera visita en los primeros días de mayo nosotros recibimos un listado de las autoridades estatales que hablaban de 76 personas fallecidas, en seguida recibimos otro listado que ya hablaba de casi 200 fallecidas”, sostuvo Abrao.
Actuación conjunta
Consultado el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, sobre la represión en el país expresó que “hay una conexión muy explícita de las fuerzas de grupos armados progubernamentales que actúan juntamente con la Policía para promover la represión, para promover actos de intimidación a determinadas comunidades”.
Según explicó, uno de estas últimas acciones las vivió la población de Diriamba y Jinotepe el fin de semana pasado y se extendió el lunes cuando los obispos y sacerdotes fueron agredidos en el interior de la Basílica de San Sebastián lo que calificó de grave.