Mientras personeros del Gobierno nicaragüense critican las sanciones de Estados Unidos a tres altos funcionarios orteguistas, el excanciller Norman Caldera valoró que esa medida manda el mensaje a Daniel Ortega de que su única opción es “escuchar la exigencia del pueblo” y adelantar las elecciones nacionales y parlamentarias.
Jacinto Suárez, secretario de relaciones exteriores de Nicaragua, consideró que la administración estadounidense no tiene autoridad “moral” para aplicar sanciones a personas de otras naciones.
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“¿Quiénes son los Estados Unidos para sancionar? No tienen ninguna autoridad los Estados Unidos para sancionar a nadie, ni política, ni moral, ni legal para sancionar a nadie”, expresó vía telefónica a LA PRENSA Suárez, diputado orteguista ante la Asamblea Nacional.
Este jueves el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, bajo la Ley Magnitsky, que castiga a señalados por corrupción y violaciones a derechos humanos, a tres miembros de la élite del orteguismo. Los sancionados son Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua; Francisco Díaz, director de facto de la Policía Nacional y consuegro de la pareja presidencial y Francisco López, vicepresidente de Alba de Nicaragua y tesorero del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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Esos tres se sumaron al expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, quien el primero del círculo cercano del presidente designado, Daniel Ortega, es ser sancionado con la Ley Magnisky en diciembre de 2017, también señalado de corrupción y violación de derechos humanos por perpetrar fraudes electorales para favorecer al FSLN.
Las sanciones han sido valoradas por analistas y la Alianza Cívica pro la Justicia y la Democracia como un espaldarazo de parte de Estados Unidos al pueblo nicaragüense que sufre la brutal represión de paramilitares y antimotines de la Policía, la que ha dejado más de 300 personas asesinadas, miles heridos y decenas de detenidos.
Desde el 18 de abril pasado la mayoría de nicaragüenses con marchas multitudinarias, plantones, paros, barricadas y tranques exigen la renuncia de Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, así como el adelanto de las elecciones.
Castro evade
Edwin Castro, jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional, evadió opinar sobre las medidas del gobierno estadounidense.
“No me corresponde a mí responder”, dijo escuetamente Castro, uno de los principales operadores políticos del partido gobernante.
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El legislador Castro la semana pasada se burló de las suspensiones de las visas para ingresar a Estados Unidos a varios funcionarios de la administración orteguista por estar implicados en la represión a la población civil. “Yo uso mastercard”, respondió en esa oportunidad Castro cuando LA PRENSA le preguntó si él era uno de los funcionarios que se le suspendió la visa estadounidense.
LA PRENSA buscó también la opinión del exguerrillero y aliado de Ortega, Edén Pastora, pero este dijo que “he tomado la decisión de no hablar” con este diario.
Excanciller Caldera: Ortega solo tiene una salida
La lectura del excanciller (2002-2007) Normal Caldera, es que Estados Unidos está dispuesto a ejercer toda la presión posible en contra del régimen para que cese la represión contra el pueblo, y considera que Ortega no tiene más camino que “escuchar a los nicaragüenses y adelantar las elecciones”.
“El hecho que salieron tres nombres de sanciones de un solo país con esta ley (Magnisky) demuestra que el gobierno de Estados Unidos sigue de cerca todos los acontecimiento en Nicaragua, por lo que estas medidas se consideran importantes para poner presión para lograr un adelanto de las elecciones efectivo”, afirmó Caldera.
Para el excanciller nicaragüense es “inusitado” que se han sancionado de una vez a tres funcionarios de alto nivel de un país, lo cual “es un mensaje claro de que “Ortega debe responder a la exigencia del pueblo de Nicaragua que son elecciones pronto”.
En la mesa del diálogo nacional, el ejecutivo se niega a discutir la agenda de la democratización, donde el tema central es adelantar las elecciones para que se elija a un nuevo gobierno. Los comicios nacionales están previstos para noviembre de 2020, pero ante la masacre la ciudadanía exige se celebren antes.
Ortega tampoco ha respondido a la propuesta de que los comicios se adelanten a marzo de 2019, que le planteó el pasado 9 de junio la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), mediadora y testigo del diálogo. Lo propuesto por la CEN coincide con el calendario de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se realicen reformas en el Sistema Electoral local para que se celebren elecciones en un plazo mínimo de nueve meses y un máximo de 14 meses, sobre lo cual Ortega tampoco se ha pronunciado.