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Jóvenes liberados por gestiones del cura párroco Edwin Román y la ANPDH, a cargo de Álvaro Leiva. LAPRENSA/Manuel Esquivel

Policía tortura a pobladores de Nindirí y busca inculpar a sacerdote por violencia

Oficiales de Policía, bajo intimidación, obligaron a los detenidos a grabar un video acusando al sacerdote Edwin Román de estar pagando para mantener protestas, almacenar pólvora y armas

Grupos paramilitares y antimotines desataron una “cacería” este sábado en el municipio de Nindirí contra la población autoconvocada que mantenía trincheras, que son útiles para evitar que las fuerzas policiales entren a la ciudad de Masaya y repriman a los manifestantes.

Una ciudadana de Nindirí, que solicitó mantener su anonimato por miedo a represalias, contó que los paramilitares han visitado casa por casa y por ello varias personas han tenido que huir para evitar que las capturen. Mientras esto sucede en este municipio cercano a Masaya, los pobladores de la Capital del Folclore permanecen alerta porque los antimotines siguen apostados en Nindirí.

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En cualquier momento, los policías pueden ingresar a la ciudad, que se mantiene con murallas en todas su calles; hasta el momento esto no ha sucedido. Sin embargo, los oficiales atrincherados en la delegación policial de Masaya desde hace 15 días salieron durante la madrugada del sábado, avanzaron unas cuadras y capturaron a tres jóvenes, que después fueron liberados gracias a gestiones de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Este era uno de los tranque de Nindirí. LA PRENSA/ JADER FLORES
Este era uno de los tranque que mantenían los autoconvocados en Nindirí. LA PRENSA/ JADER FLORES

Actos brutales

Los jóvenes relataron a LA PRENSA que los patearon, los desnudaron, los amenazaron con matarlos y violarlos, además que les cuestionaban quién les pagaba por mantenerse en la protesta. Ellos adujeron que se mantenían en las barricadas para proteger su barrio.

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“Nos tiraron al piso, nos dijeron que nos iban a desnudar, que nos iban a violar, que nos iban a pintar en rojinegro, que nos iban a matar porque nadie sabía que nos habían agarrado, que nos iban a ocupar como escudo también”, relató uno de los jóvenes.

Asimismo, contaron que a uno de los tres capturados le apuntaron con una pistola y que, mientras los arrestaron, les echaron a unos perros para intimidarlos. Además, les confiscaron sus teléfonos móviles, hecho que fue aprovechado para revisar sus cuentas personales en redes sociales y conocer el nombre de todos sus familiares.

Obligan a grabar video

Dos de los tres liberados contaron a LA PRENSA que los oficiales, bajo intimidación, los obligaron a grabar un video acusando al párroco de la iglesia San Miguel, en Masaya, sacerdote Edwin Román, que les pagaba y que mantenía pólvora y armas bajo resguardo.

El representante de la ANPDH, Álvaro Leiva, y el sacerdote Edwin Román, de la iglesia San Miguel, en ardua labor por ayudar a la población, víctima de las balas del régimen orteguista. LA PRENSA/MANUEL ESQUIVEL
El representante de la ANPDH, Álvaro Leiva, y el sacerdote Edwin Román, de la iglesia San Miguel, en ardua labor por ayudar a la población, víctima de las balas del régimen orteguista. LA PRENSA/MANUEL ESQUIVEL

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“En la mañana, nos exigieron que hicieran un video, que nos grabaron diciendo que el padre nos pagaba a nosotros. Que el padre nos pagaba, que él tenía guardadas armas y pólvora aquí —casa cural— para darle a los muchachos, y diciendo eso, y nos amenazó: ‘van a cooperar’ (…). Y este nos apuntó con una pistola y después de eso nos tomó foto de perfil y de frente (…)”, dijeron los jóvenes.

Román ha mencionado en múltiples ocasiones que su labor es pastoral y que su papel es darle voz a los sin voz.

El padre es una de las personas que cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos, precisamente por el riesgo que corre ante fuerzas paramilitares y regulares. Él ha denunciado que ha sido amenazado por diversos medios.

Refugiados en trincheras

Masaya se ha mantenido con barricadas desde la mañana del sábado 2 de junio, después que un fuerte contingente de antimotines entró a reprimir a los pobladores.

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El motivo de crear muros por todos lados, en un principio, era evitar la ola de saqueos que había afectado a la ciudad, pero después sirvieron como protección ante los constantes ataques de fuerzas policiales. La decisión, tomada de forma autoconvocada por el pueblo, ha mantenido en aislamiento a la ciudad de la capital y de los otros pueblos cercanos, lo cual ha evitado que los oficiales que se mantienen atrincherados en la delegación policial de esa ciudad no hayan recibido refuerzos.

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El número de barricadas, que fácilmente supera las cien, permite la movilización solo en motocicletas y a pie. La mayoría de los negocios ubicados en el corazón de la ciudad, cerca del parque central, permanecen cerrados.

Gestiones humanitarias

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) informó que las personas que habían sido capturadas por grupos paramilitares el pasado 14 de junio, en Nindirí, fueron liberadas este sábado. El arresto ocurrió en medio de un ambiente de zozobra que vivieron los pobladores de ese municipio de Masaya, cuando grupos paramilitares y antimotines irrumpieron en la localidad disparando con impunidad. El grupo de personas se encontraba dentro de la iglesia Santa Ana cuando los grupos de choque del Gobierno entraron y se los llevaron.

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