Un grupo de nicaragüenses nacionalizados estadounidenses han solicitado al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que designe sanciones, a través de la Ley Global Magnitsky Act, a 32 personas vinculadas al régimen del designado presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Siete de los nueve hijos de Ortega y Rosario Murillo están incluidos en la lista propuesta, al igual que los colaboradores más cercanos.
“El listado ya fue presentado, estamos a la espera de una respuesta del Departamento del Tesoro”, dijo uno de los abogados que ha presentado la propuesta de sanciones.
Otra de las fuentes que presentó la solicitud dijo a LA PRENSA que se trata de la primera lista y no descartan presentar una nueva, con personas que estén involucradas en crímenes y abusos a los derechos humanos, pero dependerá del estudio que realicen porque, asegura, cada propuesta de funcionario o colaboracionista del gobierno debe estar debidamente sustentada con pruebas.
El senador republicano Marco Rubio dijo recientemente que estaban a la espera de una lista con los nombres de las personas involucradas en los crímenes contra nicaragüenses durante las protestas “para sancionar a los implicados de manera individual”. Al mismo tiempo anunció que siguen trabajando en la aprobación de la Ley Nica Act, que “castigaría a compañías privadas” que están colaborando con el régimen de Daniel Ortega.
Nueva iniciativa por parte de senadores
El senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, introdujo esta semana una propuesta de sanciones contra funcionarios del Gobierno de Ortega, que han participado en crímenes y violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Nicaragua, que iniciaron el 18 de abril pasado.
La iniciativa legislativa fue incluida en un proyecto de enmienda a la Ley National Defense Authorization Act (NDAA), (Ley de Autorización de Defensa Nacional) y ya tiene un número que la identifica en el Senado, es la H.R. 5515, informó Juan Pachon, director de Relaciones Internacionales del despacho del senador Menéndez, el miembro de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado.
Pero la iniciativa, copatrocinada por otros cinco senadores (los republicanos Marco Rubio y Ted Cruz y los demócratas, Bill Nelson, Dick Durbin y Jim Inohfe), no fue aprobada para incluir en la enmienda a la NDAA, que será discutida la próxima semana.
La oficina del senador Menendez informó que la propuesta no fue tomada en cuenta por los republicanos pero que el legislador seguirá buscando formas de presentar la propuesta legislativa ya sea como enmienda u otros vehículos legislativos o como un proyecto de ley por sí solo.
Enmienda debe ser revisada
Una nota de prensa del despacho del senador Menéndez informa de la enmienda a la NDAA, propuesta por los senadores “requeriría que el presidente, el vicepresidente y los miembros del gabinete revisen el impacto de la inversión extranjera en los Estados Unidos a nuestra seguridad nacional”. La iniciativa establece revelar cada 90 días todas las transacciones comerciales privadas con entidades extranjeras de Estados Unidos.
“Los requisitos actuales de divulgación para los miembros del gabinete que sirven en el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés), así como para el presidente, no brindan transparencia con respecto a los posibles conflictos de intereses relacionados con las transacciones bajo revisión del comité. En este momento, los estadounidenses no tienen forma de saber si las decisiones tomadas por los funcionarios del gobierno con respecto a la inversión extranjera en los Estados Unidos, están influenciadas por sus propios intereses comerciales personales o nuestro interés de seguridad nacional. Mi enmienda es sobre transparencia simple”, dijo el senador Menendez
Nicaragua en la agenda de legisladores
“Creo que no fue aprobada porque las sanciones por violaciones a los derechos humanos en Nicaragua a raíz de las protestas no tienen nada que ver con la enmienda a la NDAA”, dijo una fuente legislativa. Sin embargo, considera que es claro que en el Senado ya se está trabajando en función de sancionar a los personeros del régimen de Ortega involucrado en la ola de crímenes durante las protestas, a su juicio las sanciones es cuestión de tiempo.
Las sanciones establecen el bloqueo de activos, prohibición de transacciones de propiedades en los Estados Unidos, suspensión o denegación de visados.
La iniciativa establece que a más tardar un año después de la fecha de promulgación de la Ley, el Secretario de Estado deberá presentar a los comités apropiados en el Congreso un informe anual que certifique que el Gobierno de Nicaragua está tomando ocho pasos efectivos: Fortalecimiento del estado de derecho y la gobernanza democrática, incluida la independencia del poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral (CSE); combatir la corrupción, incluidos agentes de investigación, fiscales y funcionarios de gobierno que son presuntamente corruptos; proteger los derechos de la oposición politiica, los partidos, a periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y activistas de la sociedad civil para operar sin interferencias.
El proyecto de Ley indica que si el gobierno de Nicaragua, cumple con los pasos adecuados establecidos en la legislación, el Presidente puede otorgar un waiver (perdón) y enviar a los Comités en el Congreso un aviso y la justificación de la medida.