Doce senadores y congresistas (demócratas y republicanos) enviaron la tarde de este martes una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando ampliar las sanciones al Gobierno de Nicaragua a través de la Ley Magnitsky.
Los propuestos son el tesorero del Frente Sandinista y vicepresidente de Alba de Nicaragua SA (Albanisa), Francisco López, y el director de facto de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro del designado presidente Daniel Ortega.
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Es la segunda vez que López es propuesto para ser sancionado. Los legisladores insisten en que debe ser sancionado a través de la Ley Magnitsky por actos de corrupción, mientras que el comisionado general Díaz por violaciones a los derechos humanos, actos que, de acuerdo con los legisladores, el funcionario minimiza después que comete los abusos contra la población.
La carta expresa preocupación respecto a las acciones represivas de la Policía Nacional contra manifestantes pacíficos y la corrupción general encontrada en Albanisa, la subsidiaria de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en Nicaragua. PDVSA es señalada de estar involucrada en actos de narcotráfico y lavado de dinero.
Sobre Francisco López
Sobre López, la carta hace alusión a investigaciones periodísticas sobre el enriquecimiento ilícito del tesorero del Frente Sandinista y los jugosos contratos que adjudicó a sus empresas personales al amparo de su cargo, con fondos provenientes de la ayuda petrolera venezolana.
También hace señalamientos de que López fue incluido como miembro de la junta directiva de Bancorp, el banco de Albanisa, pero su nombre desapareció del sitio web el 12 de enero de 2018, después de ser propuesto la primera vez para sanciones a través de la Ley Magnitsky.
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En la carta los legisladores urgen a Trump que use la autoridad provista por la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos que responsabiliza a individuos involucrados en violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Sobre Francisco Díaz
Los legisladores solicitan al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro tomar acciones inmediatas para determinar si Francisco Díaz, a quien califican como director de facto de la Policía Nacional, y Francisco López cumplen con los criterios de la ley para ser sancionados.
En la misiva explican los criterios para designar las sanciones. En el caso del comisionado Díaz, los legisladores argumentan los crímenes cometidos por la Policía Nacional contra estudiantes universitarios y manifestantes pacíficos que protestan contra el régimen del designado presidente Daniel Ortega. Al mismo tiempo, hace alusión de reportes periodísticos nacionales e internacionales que informan sobre los asesinatos contra los manifestantes en las últimas semanas.
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“El pueblo de Nicaragua ha decidido tomar las calles en masivas protestas contra Daniel Ortega, que ha reprimido brutalmente a un pueblo que está pidiendo se le ayude. No debemos permitir que los abusadores de los derechos humanos y los oficiales corruptos continúen violando los derechos del pueblo sin que haya consecuencias”, señala la carta.
“Estados Unidos debe enviar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un fuerte mensaje de que estos viles abusos contra los derechos humanos y actos de corrupción no serán tolerados. Esta carta bicameral y bipartidista muestra que nos solidarizamos con el pueblo nicaragüense y su llamado de libertad y democracia, y que los responsables de crímenes serán responsabilizados en la medida de nuestras leyes”, expresa la carta que justifica la designación de sanciones.
La primera carta
La primera carta enviada al presidente Trump fue en diciembre del 2017, firmada por seis congresistas y cuatro senadores, en la que solicitaban sanciones para el entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, y Francisco López. La administración en esa ocasión designó sanciones solo para Rivas a través de la Ley Magnitsky.
“Parece que el mensaje que estas designaciones debían enviar al régimen de Ortega no ha sido suficiente, el régimen continúa el camino hacia el totalitarismo. Por esa razón urgimos a la administración que nombren a funcionarios adicionales del régimen (Ortega-Murillo) para su designación conforme a la ley, para que Ortega y sus compinches sientan el impacto real de sus políticas brutales”, expresa la carta enviada al presidente de Estados Unidos.
La carta la encabeza la congresista Ileana Ros-Lehtinen, y la respaldan los senadores Marco Rubio, Bill Nelson y Ted Cruz. También se suman con su rúbrica los congresistas Eliot Engel, Paul Cook, Albio Sires, Mario Díaz-Balart, Debbie Wasserman Schultz, Carlos Curbelo, Norma Torres y Michael Conaway.