La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen anunció este miércoles en su cuenta en Twitter que solicitará nuevamente al gobierno estadounidense sancionar con la Ley Magnitsky a Francisco López Centeno, vicepresidente de Alba de Nicaragua (Albanisa) y tesorero de Daniel Ortega, pero añadió que incluirá esta vez al comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional de Nicaragua y consuegro del mandatario.
Según la congresista, las sanciones a López sería por su récord de corrupción, pero al referirse a Díaz especificó que sería por la brutal represión policial contra las protestas de universitarios y ciudadanos, que iniciaron el 18 de abril y que han sido reprimidas con un saldo de al menos 80 muertos.
Los manifestantes exigen la salida del poder del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Las sanciones a López ya habían sido solicitadas el primero de diciembre del año pasado cuando senadores y congresistas, tanto del partido republicano como demócrata, demandaron la aplicación de esta ley tanto a él como al magistrado electoral Roberto Rivas Reyes.
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El 20 de diciembre pasado, Rivas fue sancionado, pero fue protegido por el orteguismo, al permitirle seguir en su cargo y únicamente le transfirieron algunas de sus funciones al vicepresidente e incondicional magistrado del régimen, el vicepresidente Lumberto Campbell.
La ley Magnitsky castiga a funcionarios y personajes señalados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Se trata de una muerte financiada, dado que el congelamiento de las cuentas del personaje en el sistema financiero estadounidense, además los ciudadanos de aquel país tienen prohibido cualquier tipo de relación con el señalado.
El 11 de mayo de 2018, ocho senadores estadounidenses instaron a las autoridades de su país a que sigan utilizando la ley Magnitsky como una herramienta para defender el Estado de derecho y “ante los graves abusos de derechos cometidos en Nicaragua”.
López es el financiero de Ortega y el responsable de la administración local de la cooperación venezolana, manejada sin ninguna fiscalización del Estado desde 2007 hasta la fecha, lo que garantizó un presupuesto paralelo al estatal de al menos 3, 600 millones de dólares controlados directamente por la familia presidencial de Nicaragua.
Revocar visa a Camila Ortega Murillo
Ros-Lehtinen también anunció este miércoles que solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos que revoquen la visa a la hija de la pareja presidencial, Camila Ortega Murillo, quien participaría en el evento de Miami Fashion Week este 1 de junio.
La congresista escribió en su Twitter que pidió información sobre la “decisión errónea” de autorizarle la visa a la hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Pedí a @StateDept info sobre decision errónea d proveer a Camila Ortega el gran privilegio de entrar en EEUU y exhorté a revocarle la visa. Nuestro gran país no aprueba las atrocidades q familia #Ortega #Murillo dirije en contra del pueblo d #Nicaragua https://t.co/G2LhMitL0s
— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) 30 de mayo de 2018
La represión policial al pueblo de Nicaragua
La represión contra las protestas pacíficas en Nicaragua han captado la atención en el mundo, y nuevamente el tema de los derechos humanos vuelve a cobrar importancia tras la masacre de abril y mayo. Los ataques de antimotines y paramilitares sandinistas han dejado, además de 80 fallecidos, más de 800 heridos , según reportes de organismos de derechos humanos.
Los protagonistas de la represión son la Policía y los llamados grupos de choque, o motorizados, de la Juventud Sandinista quienes han operado con impunidad.
Enviaré carta a Admin para q considere una vez más a Francisco Lopez de ALBANISA para sanciones inmediatas bajo ley #GlobalMagnitsky p record de corrupción. También incluiré el nombre de Francisco Diaz d policía nacional por dirigir ataques violentos contra el pueblo d #Nicaragua
— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) 30 de mayo de 2018
La Ley Magnistky autoriza al presidente de Estados Unidos a cancelar visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a funcionarios asociados a casos de corrupción.
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La respuesta de la Policía ha quedado registrada en al menos dos comunicados, que han sido calificados de cínicos por los críticos del actual régimen de Nicaragua, dado que criminaliza la protesta social y al vincula al crimen organizado y narcotráfico.