El viernes 1 de diciembre se conoció que 10 legisladores de los Estados Unidos (EE. UU.), congresistas y senadores, han pedido al presidente Donald Trump que aplique la Ley Magnitsky a Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), y Francisco López, vicepresidente de Albanisa, la controversial empresa orteguista asociada con PDVSA de Venezuela.
“Creemos firmemente que la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Nicaragua, conocida como Albanisa, debe recibir el escrutinio del Departamento del Tesoro y de las fuerzas del orden público”, dicen los miembros de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, Edward Royce, Albio Sires, Eliot Engel, Paul Cook, Debbie Wasserman Shultz y los senadores Marco Rubio, Ted Cruz, Bill Nelson y Robert Menéndez.
Según informó LA PRENSA el viernes de la semana pasada, la Ley Magnitsky “autoriza al presidente de Estados Unidos a imponer sanciones como cancelar las visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de graves violaciones de los derechos humanos y a funcionarios de gobierno y asociados que hayan participado en actos de corrupción significativa”.
Esta Ley fue aprobada en 2012 por el Congreso y ratificada por el presidente de EE. UU., con el fin de sancionar a los funcionarios de Rusia que estuviesen implicados en el asesinato del contador y auditor Sergei Magnitsky, quien reveló un sonado caso de corrupción por lo cual fue encarcelado y murió en prisión después de sufrir una grave golpiza. En diciembre de 2016, la Ley Magnitsky fue enmendada para sancionar también a funcionarios de cualquier otro país implicados en casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos.
La Ley Magnitsky ha sido aplicada a por lo menos 40 funcionarios rusos y 12 de Venezuela y Sudán. A lo largo de este año se ha hablado en círculos políticos de EE. UU. interesados en Nicaragua, de aplicar dicha ley a funcionarios del régimen orteguista a quienes se les ha señalado de estar involucrados en actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Y entre tales funcionarios se ha mencionado de manera prominente a Roberto Rivas y Francisco López, para quienes ahora los legisladores estadounidenses han pedido al presidente Trump que les aplique la Ley Magnitsky.
A lo largo de este año se ha venido hablando de que el régimen orteguista podría ser sancionado por EE. UU. debido a sus reiteradas violaciones a la democracia, los derechos humanos y la transparencia gubernamental, no solo mediante la Ley Nica Act cuyo procedimiento de aprobación es engorroso. De manera más viable y cercana se podrían aplicar normas ejecutivas que sancionan a países que reconozcan, como lo ha hecho el régimen orteguista, a Abjasia y Osetia que son considerados por EE. UU. como territorios de Georgia ocupados por Rusia. Y sobre todo la Ley Magnitsky, que los 10 legisladores demócratas y republicanos le han pedido a Trump se la aplique a Roberto Rivas y Francisco López.