El diálogo nacional se ha estancado debido a la negativa del gobierno del presidente designado, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, de aceptar discutir el tema de la democratización del país como agenda central propuesta por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y la sociedad civil y los universitarios. El oficialismo ha acusado de que se pretende dar un golpe de Estado al exigirse la renuncia de Ortega y Murillo y una reforma a la Constitución para acortar el período para las actuales autoridades y el adelanto de las elecciones para que la población elija un nuevo gobierno.
La delegación del Gobierno en el diálogo nacional solo acepta discutir como primer punto que se suspendan los tranques que campesinos y ciudadanos autoconvocados mantienen en los departamentos, pues insisten en que hay un daño económico grave.
Murillo en su intervención en los medios oficialistas reiteró la negativa de que su delegación discuta la demanda de que ella y Ortega renuncien al poder, ya que para la pareja presidencial habría un rompimiento del orden constitucional. Sin embargo juristas independientes han coincidido en la postura de los expertos constitucionales de la sociedad civil que participan en el diálogo, respecto a que la Constitución Política permite la renuncia de quienes ocupen la Presidencia y la Vicepresidencia, así como una reforma constitucional parcial para que se celebren comicios adelantados.
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Vuelve a menospreciar a manifestantes
Murillo retomó su discurso confrontativo hacia los ciudadanos autoconvocados que mantienen tranques y manifestaciones al descalificarlo como “unos pocos” “insensibles” ante, lo que según ella, el daño que causan al impedir la movilización de los trabajadores, del transporte de mercancías y del traslado de las personas hacia las unidades de salud.
“La vida del país está siendo afectada por unos cuantos. ¡Que nos devuelvan la Nicaragua que unos pocos han secuestrado!…¿Cómo podemos ser tan insensibles? Que no nos conmueva el dolor y sufrimiento de tanta gente”, dijo la también vocera del Ejecutivo.
Murillo cerró la posibilidad a que en las discusiones del diálogo los representantes del gobierno acepten abordar los temas de la democratización del país, pues ha dicho que “para atrás no hay camino” al no estar dispuestos a dejar el poder.
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La orden de Murillo a su delegación es “romper los muros de insensibilidad”, de la cual señala tener a los miembros de la sociedad civil y universitarios para quienes los tranques son su fuerza para lograr una salida a la crisis social y política provocada por el régimen orteguista con la masacre de abril.

Diálogo Nacional trabado por los tranques y la intransigencia del gobierno
La agenda del cuarto encuentro del Diálogo Nacional, que se realiza este miércoles 23 de mayo, entre el Gobierno de Nicaragua y la sociedad civil, propone adelantar elecciones generales y reformas constitucionales que eliminen la reelección presidencial, lo que para el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, es una pretensión de golpe de Estado.
En este cuarto encuentro prevaleció la insistencia de los representantes del Gobierno de retirar los tranques, mientras que la sociedad civil, estudiantes, empresarios, académicos, representantes de la Costa Caribe, mantuvieron su demanda de la renuncia de Ortega del poder y la investigación de los 76 asesinatos por la represión policial a la protesta de los estudiantes en abril.
Los tranques vehiculares, ubicados en diferentes tramos de las carreteras de todo el país, son una iniciativa de presión ciudadana, que demanda la salida de Ortega del poder, pero su origen fue como forma de rechazo a la represión policial.
Moncada señaló a los obispos de querer imponer una agenda sin consenso.
“La agenda que estamos viendo tiene aproximadamente 40 puntos y al verla concentrada nos lleva a un nuevo punto, el diseño a una ruta para un golpe de Estado para cambiar al gobierno de Reconciliación al margen de la Constitución, violando la Constitución y violando las leyes”, dijo Moncada.
Monseñor Báez: “Es una grave acusación”
En respuesta al canciller monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua y mediador en el Diálogo, negó que las propuesta de la agenda, que también plantea un cambio total de la estructura electoral, sea un golpe de Estado.
“Esto no es un golpe de Estado. Es muy grave esa acusación contra de la Comisión Episcopal Mediadora. Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino y violento de parte de un grupo de poder o de modo no violento vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado”, dijo monseñor Báez.
El obispo recordó que en el país existe una crisis política y para solucionarla, la Comisión Mediadora integrada por los obispos, eligió “la vía constitucional en sintonía con la Carta Democrática”.
“La intensidad de las protestas dependerá de los avances que se logren en la democracia”, les dejó claro monseñor Báez a los delegados del Ejecutivo.
Juan Sebastián Chamorro, de la sociedad civil, les recordó a los funcionarios que “las protestas es resultado de algo más profundo, de once años de no tener libertades”.
“La única forma de quitar esta desobediencia civil, que es el método de protesta, es el seguimiento de esta agenda”, dijo Chamorro al insistir que los nicaragüenses están “esperando que aquí se avance” hacia lo que se exige como es el cambio de gobierno y la restitución del Estado de derechos.
Luis Sánchez, miembros de la sociedad civil, propuso abordar los primeros tres puntos de la agenda: reformas parciales a la Constitución Política, elecciones adelantadas e investigación internacional de los 76 asesinatos de abril.
Debido a que la representación del Gobierno se negó a aceptar la Agenda e insistieron en que los tranques sean levantados, el diálogo está trabado.

Autoconvocados en plantón apoyan agenda
Ciudadanos autoconvocados que realizan un plantón a las afueras del Seminario Nacional Nuestra Señor de Fátima, sede del diálogo, respaldaron la agenda oara que Nicaragua se democratice y restaure su Estado de Derecho.
“Nosotros respaldamos esa agenda porque llevamos muchos años demandando la democracia que este gobierno de Ortega nos ha negado y ahora estamos en las calles exigiendo se restaure el Estado de Derecho”, dijo la ciudadana Marcela Guzmán.
El poblador Jorge Mejía, aseguró que las demandas de los autoconvocados surge por “la negación del gobierno a tantas libertades”.
“Nuestras demandas son pacíficas y somos miles. Este gobierno cuando fue oposición trancaba todo el país y hacia uso de la violencia. Nosotros lo hacemos pacifico, haciendo uso de los derechos constitucionales”, expresó Mejía.
A juicio de la ciudadana Yahosca Alfaro, la aseveración del canciller Moncada esta fuera de la realidad. “Democratizar el país es para que nuestros derechos constitucionales sean respetados. Estamos en las calles y ya decidimos que vamos a lograr democratizar Nicaragua”, dijo Alfaro sisteniendo la bandera azul y blanco..