El informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la masacre de abril en Nicaragua, es prácticamente una condena al régimen de Daniel Ortega por los espantosos crímenes que la Policía y las fuerzas paramilitares han cometido en el país en las últimas semanas.
“Según la información recibida por la CIDH —dice el documento—, desde el 18 de abril en el país hubo, al menos, 76 personas muertas, 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas. De estas últimas, cinco permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”. Y expresa la CIDH en su informe preliminar que “condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de las y los estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha. De igual forma la CIDH condena las muertes de dos policías y agresiones contra otros funcionarios públicos producidas en este contexto”.
Se podría decir que este informe sobre los crímenes del régimen orteguista es tan contundente como el de octubre de 1978 contra la dictadura somocista. En aquella oportunidad el informe de la CIDH fue enviado rápidamente a los órganos competentes de la OEA, en particular a la XVII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que se mantenía abierta y en junio de 1979 resolvió la expulsión de la dictadura somocista con lo cual facilitó su derrocamiento.
Esta vez, al constatar en el mismo terreno de los acontecimientos los crímenes del régimen de Daniel Ortega en su represión criminal contra los estudiantes y el pueblo, el informe preliminar de la CIDH señala en el punto 3 de sus Recomendaciones, la necesidad de “crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.
Lo que propone la CIDH es una verdadera comisión de la verdad, de composición internacional, que pueda identificar y responsabilizar personalmente a los criminales, puesto que de acuerdo con las normas que determinan sus competencias solo puede señalar la responsabilidad de los Estados, no de las personas.
La CIDH tampoco tiene facultades jurisdiccionales y por lo tanto no puede juzgar a los culpables. Esto es algo que deben hacerlo las autoridades judiciales, pero las de Nicaragua están descalificadas por estar supeditadas al dictador Ortega, de manera que los asesinos de abril tendrían n que ser juzgados por un tribunal internacional.
El informe preliminar de la CIDH es tan contundente e inobjetable, que los representantes del régimen orteguista en el diálogo nacional votaron por su aprobación, aunque solo fuese como una obvia maniobra política.