La política nicaragüense es un juego de cinismo exponencial entre el liderazgo económico y el político. La colusión entre la familia Ortega-Murillo y algunos miembros claves de altos sectores de la economía es conocida pero vista como un modelo que funcionó bien hasta que los estudiantes intervinieron. El cinismo criollo nicaragüense es guiado por el oportunismo cortoplacista y la ausencia del compromiso social. Son inevitables las crisis de gobernabilidad. El problema es cultural.
El modelo exigía dos cosas: agradecimiento por brindar estabilidad e indiferencia a: la bancarrota estatal, las deudas derivadas de su corrupción, y ausencia de justicia o libertades. Los líderes confiaron en la sostenibilidad del modelo hasta que los estudiantes les dieron una lección.
El cinismo del liderazgo económico opera con la lógica de que combatir la corrupción es peligroso porque provocaría inestabilidad económica. Quieren un “aterrizaje suave”. Al que no es corrupto es rehén de la corrupción o culpable de provocar una crisis.
Ahora Ortega busca “verdad, paz y justicia” de sus propios crímenes, después de gobernar durante 21 años a través de violaciones sistemáticas de promesas relacionadas a derechos humanos, libertad de expresión, justicia, y gobernabilidad, entre otros. El anticristo de la democracia se convertirá en su cristo redentor. Existe un estudio detallado en el Senado norteamericano que documenta su repudiable trayectoria de prometer, firmar y violar desde 1979. Ahora, vamos al diálogo.
Irónicamente, la Iglesia está escéptica de las intenciones, pero el sector privado tiene fe. El comunicado del sector privado expresa “convicción que el diálogo… debería ser la única salida a la situación actual para lograr un país más justo y democrático”. Monseñor Báez, la autoridad moral del país, afirmó que “el diálogo es un riesgo”, en parte porque Ortega “lo ha negado por años” mientras dejó claro que es una “estrategia del gobierno para fortalecerse”. ¿Es posible que la Iglesia entienda mejor el realpolitik nicaragüense que el sector privado que ha negociado a puerta cerrada con Ortega por una década?
La postura de la Iglesia no tiene vínculos económicos o lazos de corrupción. Representa el interés nacional. Por lo tanto, es el liderazgo moral. El sector privado debió apoyar el comunicado de la Conferencia Episcopal, la cual exige llegar a la raíz de la crisis. En vez, el sector privado, representado por las cámaras: AmCham, Cosep, y Asobanp, en alianza con Funides, exigió demandas más atractivas para Ortega. Estas diluyen las peticiones de la Iglesia y perpetúan la crisis.
Las demandas del sector privado asumen que la crisis de gobernabilidad creada por Ortega será resuelta por Ortega, esperando que el mismo se responsabilice por la reconstrucción de las instituciones que destruyó.
Ortega estaría a cargo de crear una democracia sueca, con instituciones impermeables para abusos, separación de poderes, transparencia absoluta, Estado de derecho y justicia imparcial. Ortega pasó la última década emulando la dictadura venezolana, uno de los países más corruptos y menos libres del mundo. Esta transformación sería el mayor milagro de gobernabilidad de la humanidad.
La corrupción y arrebato de los poderes del Estado tiene años de existir sin quejas de parte de estas cámaras que ahora alzan una voz tímida y cuestionable, con liderazgo comprometido económicamente y desprestigiado.
AmCham acaba de suspender su contrato para bloquear el Nica Act con la firma de cabildeo Carmen Group, basada en Washington DC. Irónicamente, las demandas del sector privado se asemejan a los requisitos del Nica Act. Estas son 1) investigar los crímenes, 2) reformar el sistema electoral, 3) reformar las instituciones para garantizar el estado de derecho y eliminación de la corrupción, y 4) resolver la problemática del INSS. Dejan ambigüedad sobre quién debe ejecutar las demandas, con el poder ejecutivo en manos de Ortega, protagonista de los problemas. Lo único que le faltó a la petición para emular el Nica Act es el requisito de elecciones libres y supervisadas, y garantías de la libertad de expresión. Pareciera que el sector privado quiere que la dictadura supervise la democracia. Actores del sector privado han participado en bloquear la libertad de expresión a nivel local, regional y en Washington. Evidentemente prefieren evitar periodismo investigativo o libertad de expresión en esta vergonzosa coyuntura que los podría involucrar en castigos severos, como los que produjo el Magnitsky Act con Roberto Rivas recientemente.
El Nica Act lograría que tengan éxito las demandas del sector privado que fracasarán sin apoyo internacional al carecer de un mecanismo de investigación independiente y serio o rendición de cuentas con castigos. La gobernabilidad únicamente se logra sin Ortega y la justicia, si es universal. Llego el momento decisivo para el país. Debe surgir un nuevo liderazgo económico en el país, comprometido con construir la nación o seguirá siendo criolla y cruel la gobernabilidad —secuestrando la prosperidad—.
Los estudiantes revelaron los crímenes contra la humanidad del Gobierno, que destapó al mundo la corrupción que sostenía la imagen de un país seguro y estable. Los beneficiarios de la corrupción temen una investigación financiera seria y no deberían secuestrar la agenda del sector privado. Las huellas financieras de la corrupción son visibles, innegables y sus consecuencias deben ser reales. La corrupción seduce por lo rentable que es, pero el encubrimiento compromete de forma perpetua, lo cual creó la repudiable república del cinismo.
El autor fue director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y reside en Washington DC.
