En plena agonía de su sangrienta dictadura, en 1979 Anastasio Somoza Debayle concentró en Managua a miles de trabajadores públicos, quienes a una sola voz le gritaban: ¡Somoza te quedás, no te vas! A casi cuatro décadas de ese episodio, la historia parece volver a repetirse, cuando ayer miles de trabajadores públicos fueron sacados bajo amenaza para expresar su respaldo al gobierno de Daniel Ortega, en momentos que crece el repudio contra dicha administración, acusada de asesinar a más de treinta civiles, en su mayoría estudiantes, que protestaron contra un paquete de medidas en la Seguridad Social.
Y es que una vez más los derechos de los trabajadores del sector público vuelven a ser violentados. “Si no van a la marcha aténganse a las consecuencias, cuando estén en el punto se va a pasar lista, ya han visto que hay varias personas despedidas, ¿no quieren ser el próximo, verdad?” Estas son algunas de las amenazas que en los últimos años les ha tocado escuchar a los empleados de las instituciones del Estado, algunos de los cuales fueron despedidos la semana pasada por expresar su rechazo a la represión gubernamental contra civiles.
Lo anterior en flagrante violación a la Constitución Política, la Ley 185, Código del Trabajo y la Ley 476, Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa. Otra violación expresa es la retención de un porcentaje del salario como contribución al partido de Gobierno.
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Estas presiones, que no han sido un método exclusivo del Gobierno actual, se incrementaron en los últimos días debido a que en medio de la crisis política que enfrenta el país, el Gobierno celebró ayer de forma adelantada el Día Internacional de los Trabajadores. Pese a realizar el acto en una de las plazas más pequeñas de la capital —la Plaza de las Victorias—, la convocatoria fue masiva y se acarreó gente de todo el país, cuando pudo llenarse únicamente con empleados públicos y simpatizantes del gobierno de la capital.
Un trabajador a quien llamaremos “Óscar”, asegura que desde que comenzó a trabajar en una empresa del Estado, el partido le quita trescientos córdobas mensuales, él lo ve como un impuesto más y desde que se lo impusieron nunca renegó, pues “es preferible que me quiten eso a estar sin trabajo”.
Por su parte la profesora “Sara” manifiesta que a ella no le quitan dinero, pero asegura que el trato es denigrante, pues a ella y a sus compañeros de trabajo los amenazan constantemente con quitarles la plaza, lo que crea un ambiente de zozobra en el gremio magisterial.
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Corridos sin excusa legal
“En los Tepce (Talleres de Evaluación, Planificación y Capacitación Educativa) nos ponen a ver videos de la Chayo (primera dama Rosario Murillo), la última vez nos pusieron a ver uno donde hablaba Roberto López (presidente del INSS), que explicaba las ventajas de la reforma y esa vez nos dijeron que había una lista de más de cinco mil personas que habían solicitado plaza en el Estado, fue una amenaza directa”, dijo Sara.
La semana pasada el profesor Juan José Rodríguez hizo pública la cancelación de su plaza sin aplicarle ningún excusa legal, ni seguir el procedimiento establecido en la Ley de Carrera Docente, todo porque el pasado 18 de abril el profesor expresó su desacuerdo con que mandaran a los estudiantes a las rotondas, para respaldar la reforma al Seguro Social.
En las redes sociales hay varias denuncias anónimas —por temor a represalias—, sobre violaciones a los derechos de los trabajadores. Uno de los casos que se publicó fue el de una señora que padece de lupus y que argumentó que no podía ir porque el sol le hacía daño, sin embargo su jefe le dijo que se pusiera una camisa mangas largas porque tenía que ir.
Desde que el pasado 19 de abril surgieron las protestas contra la reforma al reglamento del Seguro Social el entorno de los trabajadores del Estado se ha vuelto tenso, al punto que instituciones como el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), entre otras, les cortaron el servicio de internet a los trabajadores para que no se enteraran de lo que ocurría a través de las redes sociales.
Los trabajadores públicos también son sacados a las rotondas bajo el sol o lluvia cada vez que el Gobierno quiere contrarrestar el rechazo a medidas gubernamentales.
Copia modelo de Somoza
“Incluso nuestros teléfonos fueron intervenidos y eso lo sé porque ellos hicieron una reunión y nos dijeron que tuviéramos cuidado con quien hablábamos y qué decíamos, porque ellos se enteraban de todo. Y al día siguiente a un compañero lo corrieron y nos enteramos que él hablaba con alguien que iba a la marcha y que lo informaba de todo lo que pasaba”, relató un trabajador del Invur, quien no quiso ser citado.
Estos testimonios confirman otro paralelismo histórico entre el Gobierno actual y la dictadura dinástica de los Somoza, y que una revolución y casi cuarenta años no han sido suficientes para desterrar los abusos contra los trabajadores del sector público, a quienes pese a prohibiciones estrictas de ley se les sigue utilizando para llenar plazas públicas y demostrar el músculo político de los gobiernos de turno, especialmente en fechas y contextos de crisis políticas, como en el que hoy se celebra el Día Internacional de los Trabajadores.
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¿Por qué ocurre esto? “El Gobierno recurre a un mecanismo que utilizó Somoza, que obligaba a los empleados públicos para demostrar apoyo a su Gobierno. Ahora están utilizando el mismo método de forzar a los empleados públicos a asistir a las manifestaciones o a las rotondas bajo la amenaza de que el que no va se queda sin trabajo y el que va también a protestas o a marchas que son contra el gobierno también se queda sin trabajo”, dice el sociólogo Óscar René Vargas, quien califica estas presiones como una muestra de autoritarismo de los gobiernos dictatoriales.
El historiador Nicolás López Maltez coincide con Vargas en que la situación que viven actualmente los trabajadores del Estado no es algo propio del régimen de Ortega, sino una copia del gobierno de Somoza. “Todos los gobiernos han utilizado a los trabajadores. Yo recuerdo que para el tiempo de Somoza para el Día del Trabajo hacían un carnaval y cada ministerio llevaba una carroza. En las concentraciones políticas a los trabajadores los presionaban para ir, también pasaban listas y si no ibas también te sancionaban”, dice López.
No están obligados
Por su parte Roberto Moreno, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), considera que los empleados del sector público podrían negarse a asistir a actividades partidarias, ya que el contrato de trabajo los obliga únicamente a desarrollar las actividades establecidas en el contrato del puesto para el que fueron contratados.
“En tiempo de Somoza en el Código Laboral había un artículo que decía y cualquier otra tarea que se le asigne, pero en ningún momento se refería a cuestiones políticas, sino actividades de algún compañero ausente que se distribuía a los presentes, pero eso se revocó del Código Laboral que entró en vigencia en 1996, esa y otras figuras desaparecieron”, afirma Moreno.
Pero Vargas considera que dado el alto grado de desempleo abierto que existe en el país —ya que el ochenta por ciento de las personas en edad de trabajar lo hacen en el sector informal— hace que quienes tienen un empleo formal y trabajan en las instituciones del Estado prefieran ceder a estas presiones para no perder su empleo. Aunque eso no signifique que en el fondo estén de acuerdo con el Gobierno.
“La prueba de que la gente no está de acuerdo con el Gobierno han sido las elecciones de 2016 y 2017. Fuentes internas del Frente Sandinista y del Gobierno han aceptado que solo el 29.6 por ciento de la población fue la que votó. Eso demuestra que ese empleado público que va a las marchas a la hora de votar no lo hizo y ese es un elemento que sirve para medir que los empleados públicos son obligados a asistir a esos actos partidarios”, explica Vargas.
Moreno añade que otra práctica ha sido utilizar el transporte proporcionado por el Gobierno únicamente para hacer presencia y luego retirarse, e incluso trasladarse a actividades de otras organizaciones, como le ocurrió el 1 de mayo de 1979 a Somoza, que toda la gente que trajo de los departamentos se fue a la concentración convocada por los sindicatos.
Vargas y Moreno no dudan que algunos trabajadores del Estado asisten a estos eventos por voluntad propia, ya sea por sentido de pertenencia o por compromisos políticos asumidos al momento de la contratación. Sin embargo, consideran que la gran mayoría cede a las presiones para no poner en riesgo su trabajo.
Retención ilegal
Aunque la Ley 476, Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa establece el derecho de los trabajadores de negarse a hacer contribuciones económicas o materiales para partidos políticos, estos cobros eran característicos del gobierno de Somoza y hasta la fecha se mantienen.
“En la época de Somoza todos los empleados públicos aportaban el cinco por ciento de su salario para el Partido Liberal; ahora desconozco cuánto dan, pero sé que se mantiene ese cobro”, asegura el sociólogo Óscar René Vargas.
En tanto, Roberto Moreno, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), recuerda que en otros gobiernos esta práctica continuó.
Reforzar marco legal
Aunque la Constitución Política del país, el Código del Trabajo y la Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa protegen a los trabajadores para que el Estado en su carácter de empleador no los obligue a realizar actividades ajenas a las establecidas en su contrato de trabajo, el sociólogo Óscar René Vargas considera que para frenar los abusos, característicos principalmente de gobiernos dictatoriales, se tendrían que aprobar leyes expresas contra el nepotismo y otro tipo de prácticas que atentan contra el derecho de los trabajadores.
Actualmente el sector público tiene más de 100 mil trabajadores.